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Argentina está a la espera de saber si la Corte Suprema deja en firme la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 a seis años de cárcel y a la inhabilitación por corrupción. Según la prensa local, la decisión se conocerá próximamente, en momentos en los que el peronismo está fracturado y el país se alista para unas elecciones, en las cuales ella figura como candidata a las legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Esto coincide con la declaración que el brasileño Jair Bolsonaro dará el martes en su proceso judicial por presuntamente haber planeado una conspiración armada de extrema derecha, con la idea de tomarse el poder tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre él ya pesa una inhabilidad política de 8 años, que lo deja por fuera del proceso electoral del próximo año.
Ambos casos hablan de la politización de la justicia, que ya se había visto en la región con Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). Aunque de polos opuestos, eso es lo que está pasando ahora en el Cono Sur. “Bolsonaro está diciendo que la casta política de la izquierda está usando el poder judicial para sacarlo. Ese es el mismo argumento que está usando Fernández de Kirchner, pero con un cambio en los signos políticos”, afirmó Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Esto demuestra, al menos para el docente, la debilidad del poder judicial en Latinoamérica.
“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa”, aseguró el sábado la expresidenta argentina: “Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente?”. Ante este escenario, más que un impacto electoral, Franchini ve unas fuertes repercusiones políticas, que superan el apoyo que Fernández de Kirchner ha formado en dos décadas como protagonista de la vida nacional, y eso tiene que ver con las fracturas dentro del peronismo.
Allí, en esa ruptura, el ala no kirchnerista puede salir beneficiada con la decisión del alto tribunal, en caso de ratificar la sentencia en su contra, pues ella dejaría de ser una referencia central en el movimiento. Eso, de hecho, ya está pasando, y las tensiones con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, son muestra de ello. La disputa judicial solo está acelerando esas fisuras y está plateando la cuestión sobre el surgimiento de nuevos liderazgos dentro de ese sector político.
El director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, agregó un punto más a la discusión: los vicios en el debido proceso de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los cuestionamientos a la Corte Suprema, específicamente con el nombramiento por decreto de jueces por parte del presidente Javier Milei.
De hecho, la exdirigente recusó a Manuel García-Mansilla, uno de los togados impuestos por el mandatario. Su defensa alegó violaciones a las garantías constitucionales en el proceso. Ella también recusó al magistrado Ricardo Lorenzetti, quien dijo que el asunto se debía solucionar antes de las elecciones de este año. Sus dos alegaciones fueron desestimadas.
Bianchi no ve muchas similitudes entre este caso y el de Bolsonaro, además de que sobre ella pesa una condena y sobre él no, pues considera que lo del brasileño se asocia más con lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden. Los bolsonaristas irrumpieron dos años después en las instituciones del poder en Brasilia antes de la posesión de Lula da Silva. Eso, según él, es una preocupación global y tiene que ver con un problema más grande: la democracia no parece estar dando respuestas a la sociedad, y, además de ilegitimidad, hay poca confianza.
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