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De todos los vecinos en la región con los que el presidente Gustavo Petro no comparte afinidad ideológica, tal vez ha sido Ecuador con el que ha tratado de ser más cauto. Con Dina Boluarte, presidenta de Perú, las relaciones bilaterales quedaron reducidas a la mínima expresión tras la controversia por la captura del expresidente Pedro Castillo. Con Javier Milei, los cruces en redes han marcado tensiones que intentaron apaciguar los cancilleres.
Con Daniel Noboa, el joven mandatario ecuatoriano, la dinámica ha sido distinta. Noboa ha proyectado mano dura con decisiones como la incursión en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas y la suspensión de su vicepresidenta, Victoria Abad. A pesar de estos episodios, Petro ha mantenido la cautela. Incluso frente a las críticas de Noboa sobre la venta de energía —que Ecuador necesita con urgencia— o la anunciada expulsión masiva de presos colombianos, Petro no ha respondido con ataques.
“Cuando Ecuador anunció, antes de las elecciones, el envío de presos sin ningún trámite judicial entre ambos países, Colombia reaccionó con cautela, dejando claro que eso no era posible sin negociación”, señala Mauricio Jaramillo Jassir, investigador de la Universidad del Rosario.
Según Jaramillo, las relaciones atraviesan un enfriamiento lógico por la distancia ideológica, pero esta dinámica ya estaba presente desde el gobierno de Iván Duque. En contraste, episodios como la incursión colombiana de 2008 en territorio ecuatoriano para matar a Raúl Reyes llevaron a fortalecer la cooperación bilateral, estableciendo gabinetes binacionales y coordinación en seguridad. “La policía ecuatoriana respeta y admira a la colombiana, y hay confianza en la lucha contra el narcotráfico”, agrega Renato Rivera, experto en seguridad ecuatoriano.
El narcotráfico es ahora un factor clave en la relación. Ecuador y Colombia se han consolidado como puntos críticos en las rutas de producción y distribución de drogas. Sin embargo, el protagonismo de los actores ha cambiado. Las pandillas ecuatorianas, antes subordinadas al crimen organizado colombiano, hoy negocian directamente en el tráfico de cocaína y otros mercados ilegales. “Los grupos criminales ecuatorianos tienen mayor poder de negociación y participan más activamente en mercados ilegales que antes dependían del crimen colombiano”, explica Rivera.
La escalada criminal en Ecuador alcanzó su punto más crítico con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado por sicarios colombianos subcontratados por pandillas locales. Este episodio refleja un cambio en la dinámica de violencia entre ambos países.
A pesar de ello, Jaramillo considera que Colombia no ha exportado violencia a Ecuador. “El problema de Guayaquil tiene más que ver con una pésima política carcelaria. Los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso trasladaron el problema de las calles a las cárceles y luego de vuelta a las calles”, opina. La crisis carcelaria quedó nuevamente en evidencia con el asesinato de 15 presos en la cárcel del Litoral, un desafío urgente para Noboa.
A este problema se suma la crisis energética más grave en la historia de Ecuador. Noboa ha señalado a Petro como un obstáculo en la compra de energía, pero depende de Colombia para mitigar los apagones de hasta 14 horas que afectan la vida cotidiana. Arturo Félix Wong, exministro de Gobierno y amigo de infancia de Noboa, fue designado como asesor en la embajada en Colombia para gestionar este tema. Según Jaramillo, esta decisión indica que Noboa busca resolver con urgencia la crisis.
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Por Hugo Santiago Caro
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