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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó en evidencia de nuevo —innecesariamente, de acuerdo con la analista Sandra Borda—, que el proceso de certificación en la lucha contra las drogas es una evaluación que tiene elementos tanto técnicos como políticos.
“A mí me parece que sus declaraciones son un error porque todo lo que él necesitaba hacer era sacar los números y decir: ‘mire, esto no está funcionando’”, dijo Borda.
El último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10 % en 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína creció un 53 %, pasando de 1.738 a 2.664 toneladas métricas. Esto equivale casi al área total del departamento del Atlántico, o como si todo el Eje Cafetero estuviera sembrando coca.
Todas estas cifras servían para que Estados Unidos, que sigue siendo el mayor comprador de la droga colombiana, justifique su decisión retirar la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas. Si los números fueran otros, dice Borda, Estados Unidos no tendría argumentos para emitir esta decisión. Pero con sus palabras, Rubio mostró públicamente, además, que la decisión es también una molestia de la administración republicana con el presidente Gustavo Petro.
“Colombia ha sido un gran socio históricamente, pero con el liderazgo actual (Gobierno Petro) no cumplen con el estándar en la lucha contra los cárteles. Pueden cambiar, ser más cooperativos y volver a la lista de certificación”, dijo Rubio el lunes.
En palabras de Borda, “lo que hace (Rubio) es aprovechar una situación mala en materia de desempeño para también asestar el golpe político”. No sería la primera vez que Washington usa el proceso de certificación en la lucha contra las drogas — el cual habilita la continuidad de la ayuda financiera, técnica y militar de EE. UU., clave para seguridad, desarrollo rural y justicia — con efectos políticos.
La certificación es, después de todo, una herramienta de presión diplomática y un mecanismo de zanahoria y garrote: si un país recibe la certificación, mantiene apoyo; si no, enfrenta sanciones o aislamiento. Ya había pasado con Bolivia y Venezuela también.
Como escribió el profesor de la Universidad Externado, David Mauricio Castrillón, “contra muchos países, la administración Trump usa la palanca de los aranceles para conseguir lo que quiere. Contra Colombia, la administración Trump usa esto de la descertificación”.
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Entendiendo que el enfoque de EE. UU. no va a cambiar en los siguientes tres años, y que seguirá usando estas “palancas” para conseguir lo que quiere, la gran pregunta para Colombia es cómo hacer para que el desempeño en la lucha contra las drogas mejore. ¿Tiene alternativa? ¿Se puede buscar otro socio? La respuesta a esto tiene en la ecuación sí o sí a Estados Unidos.
En materia de asistencia, Borda explica que los europeos, que siempre han sido grandes contribuyentes de Colombia, tienen como foco los programas sociales, de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo. Sin embargo, “esa dimensión de la guerra contra las drogas, si bien es útil y necesaria, no es suficiente”.
“Tienes que estar haciendo zanahoria y garrote todo el tiempo. La pelea contra las organizaciones criminales no la puedes hacer toda a través de programas sociales, eso toca hacerlo a punta de bala. Y entonces, realmente, los únicos contribuyentes grandes que nosotros hemos tenido en toda la historia en materia de seguridad y en materia de inteligencia han sido ellos, los estadounidenses”, explica Borda.
La ayuda en materia de seguridad es una que pocos países en el mundo están dispuestos a darle a Colombia, o en capacidad de hacerlo. China, por ejemplo, “está en otro planeta en materia de política contra las drogas”, según la analista, y no cuenta con la tecnología para suplir el papel de Estados Unidos en este campo. Además, como recuerda Borda, muy buena parte del equipamiento militar que Colombia recibe de Estados Unidos no solo se usa en la guerra contra esas drogas, “sino que también la estamos utilizando contra otras organizaciones ilegales”.
Además, la idea que había de “colombianizar el Plan Colombia”, es decir, de meterle muchos más recursos colombianos a la lucha contra el narcotráfico, no es viable en este momento debido a las finanzas del país y al retroceso en este campo en los últimos años, que demanda medidas más severas para corregir el aumento de cultivos.
“Es una necesidad grande, porque si estás tratando de negociar con los grupos ilegales, ya sea para que se sometan a la justicia o para que se desmovilicen, para adelantar esa negociación sin poner la expresión militar lo único que vas a hacer es entregarles más territorio y les vas a permitir fortalecerse durante este periodo”, dice Borda.
La reacción del presidente Petro ante este escenario, según analistas, no puede ser renunciar a las armas, inteligencia y otros recursos estadounidenses, como ha dicho el presidente en sus alocuciones post descertificación. Borda duda, además, de que Petro pueda renunciar así, “de la noche a la mañana”, a estos elementos. Y también considera que desde Washington van a ser muy cautelosos a la hora de responder a este tipo de amenazas del presidente colombiano, pues solo les interesaba presionar hasta cierto punto. Con las acciones de Washington en Venezuela, explica, la administración Trump no quiere llevar a Petro a respaldar más a Nicolás Maduro.
Sin embargo, ejemplos pasados, como la guerra arancelaria de Donald Trump, nos demuestran que en la escalada de palabras entre ambos gobiernos puede salirse de control cuando las cabezas de ambos gobiernos suelen ser reaccionarias, y en este caso las cosas pueden salir muy mal para Bogotá.
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Es ahí donde aparece el Caucus Colombiano en el Congreso estadounidense. Revivido por los congresistas Mario Díaz-Balart (R-FL) y Henry Cuellar (D-TX) en marzo de este año, el grupo de congresistas estadounidenses pro-Colombia en Washington puede ser un elemento clave para amortiguar los efectos políticos y financieros de la descertificación, mientras Colombia encuentra cómo cumplir con las tareas que le puso Washington para ganarse de nuevo la certificación.
Aunque no tiene poder ejecutivo directo, este Caucus puede presionar dentro del Congreso para que no se recorten drásticamente los fondos de cooperación a Colombia, incluso si la Casa Blanca empuja en esa dirección. También puede ayudar a que Colombia no quede tan aislada frente a votos negativos en el BID o el Banco Mundial. El congresista Gregory Meeks (D-NY) ha sido parte de quienes buscan mantener a Colombia en el radar como un “aliado estratégico” y no como un socio fallido, lo que influye en la opinión pública y en la manera como otros congresistas votan sobre el tema.
En los 90, por ejemplo, cuando descertificaron a Colombia bajo el gobierno del presidente Ernesto Samper, fue clave que hubiera congresistas empujando a mantener viva la cooperación militar y antidrogas. Así, el Caucus puede evitar que Colombia se convierta en “chivo expiatorio” en la campaña estadounidense, recordando que el país sigue siendo pieza central en la estrategia antidrogas regional.
Este equipo no podrá borrar la descertificación, pero sí limitar sus efectos prácticos y preparar el terreno para que Colombia recupere la certificación cuando cambien las condiciones políticas. De ahí a que más figuras como Meeks, Díaz-Balart y Cuellar respalden al país. Otras caras más conocidas, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, también han mostrado su respaldo.
Y ya que en 2026 se celebrarán elecciones de medio término en Estados Unidos, y la balanza de poder puede cambiar en Washington, Colombia necesita que sus aliados bipartidistas sostengan la narrativa de que el país sigue siendo clave en la seguridad regional. Si ese apoyo se diluye, la descertificación no será solo un gesto simbólico de presión: se convertirá en un golpe real para la estabilidad y la relación bilateral.
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