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A principios de este año, el ministro de Defensa de Colombia se acercó al gobierno de Donald Trump con una solicitud: ¿Podría el gobierno estadounidense imponer sanciones económicas a la industria del oro ilegal en Colombia?
La minería ilícita de oro sustenta al Clan del Golfo, un cartel de la droga que el gobierno estadounidense había designado como grupo terrorista. Washington ya había incluido a los líderes del cartel en una lista negra financiera. Ampliar las sanciones a los traficantes ilegales de oro ayudaría a Colombia a combatir al cartel.
Pero la solicitud puso al Departamento del Tesoro en una situación inusual: durante muchos años había estado comprando oro procedente del mismo sector al que se le pedía que incluyera en su lista negra.
La solicitud de sanciones, sobre la que Estados Unidos no ha actuado, pone de relieve los puntos débiles en ambos extremos de la cadena de suministro mundial de oro ilícito.
En primer lugar, el ejército colombiano ha sido prácticamente incapaz de impedir que los delincuentes arrasaran con cientos de kilómetros cuadrados de terreno, pagaran a los líderes de los carteles e incluso invadieran los terrenos de una base militar en busca de oro. Y Washington ha realizado tan pocos controles de su propio suministro de oro que el de los carteles acabó en monedas de la Dama de la Libertad vendidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.
Estas debilidades contradicen la idea —difundida por instituciones como la Casa de la Moneda y los principales refinadores de oro del mundo— de que existe una línea clara entre el oro limpio, extraído legalmente, y el oro contaminado por la criminalidad y la corrupción. Las instituciones que se supone deben mantener el oro ilegal fuera del suministro convencional se han mostrado poco dispuestas o incapaces de hacerlo.
The New York Times informó en abril de que la Casa de la Moneda de Estados Unidos, que depende del Tesoro, compró oro procedente de una mina de oro ilícita controlada por el cartel. Con el oro rondando los 5000 dólares la onza, incluso la minería más destructiva y derrochadora para el medioambiente resulta rentable. Y mientras los grandes refinadores y compradores como la Casa de la Moneda de Estados Unidos hagan la vista gorda, sacar el oro al mercado es relativamente fácil.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista que la realidad es que la minería criminal está derrotando al Estado colombiano.
Dijo que, en marzo, había pedido a Estados Unidos que impusiera sanciones económicas a quienes participan en la minería criminal. Sánchez dijo haber hecho su solicitud a través del Departamento de Estado.
Las sanciones financieras estadounidenses pueden hacer prácticamente imposible que la gente haga negocios internacionales. El Departamento del Tesoro, que mantiene las listas negras financieras del gobierno, se negó a comentar si estaba estudiando la solicitud de Colombia.
Tras los artículos del Times, Sánchez sobrevoló en helicóptero las principales zonas productoras de oro de Colombia. Kilómetros y kilómetros de fosas mineras a cielo abierto se extendían unas junto a otras. Aunque todo estaba a la vista y había sido documentado durante años, Sánchez dijo que quedó impactado por la escala, que incluía docenas de barcazas que usaban bombas de vacío para succionar sedimentos del río y extraer oro.
La minería ilegal era tan desenfrenada, informó The New York Times, que una explotación se había extendido hasta los terrenos de una base militar. Esta revelación, dijo Sánchez, sacudió no solo al país, sino también a las Fuerzas Armadas, por lo que tomarán medidas contundentes contra esa minería ilegal.
El ejército dijo que había destruido maquinaria pesada en minas vinculadas al cartel durante una redada nocturna el mes pasado. Los soldados desmantelaron operaciones que producían unos 4,7 millones de dólares de oro al mes, dijeron oficiales militares.
El ejército dijo posteriormente que había descubierto un documento gubernamental de 38 años que mostraba límites diferentes para la base militar. Según dijeron los oficiales, en esos límites la minería ilegal llegaba hasta el perímetro de la base, pero no la invadía. Los funcionarios se negaron a facilitar un mapa de esos límites. Un mapa gubernamental de la época muestra que la minería ilegal estaba efectivamente dentro de los límites de la base en 1988.
“Lo más preocupante no es hasta donde va el batallón”, dijo Sánchez.
Mientras Colombia ha tomado medidas contra la minería ilegal, la actuación por parte de Estados Unidos es menos clara. El Departamento del Tesoro dijo que investigaría cómo había entrado oro ilícito en su cadena de suministro durante tantos años, pero desde entonces los funcionarios se han negado a responder a preguntas de seguimiento.
La legislación estadounidense establece que la Casa de la Moneda solo puede comprar oro extraído en Estados Unidos para fabricar monedas de grado de inversión. El Times informó que, de hecho, había estado comprando oro de muchos otros lugares para esas monedas. Una portavoz del Tesoro dijo que la Casa de la Moneda estaba investigando su cadena de suministro.
El 14 de mayo, los senadores Ron Wyden, por Oregón, y Elizabeth Warren, por Massachusetts, enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo saber qué hacía la Casa de la Moneda para asegurarse de que no compraran oro de origen ilegal. Los dos senadores, ambos demócratas, no han recibido respuesta.
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