Colombia sigue en lista negra de Derechos Humanos

En su informe anual sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos raja al Gobierno de Colombia, especialmente en el tema de las violaciones a la libertad de expresión. El informe, divulgado el jueves en Washington,  dice que las declaraciones de algunos funcionarios públicos generan “un ambiente de intimidación” que inhibe la expresión de quienes no comparten las políticas del Gobierno. Resalta especialmente las declaraciones hechas por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria en febrero de 2008, cuando afirmó que la marcha convocada en aquel entonces contra el paramilitarismo era organizada por las Farc.

El informe critica al Gobierno por no haber desautorizado a Gaviria y explica que a sus declaraciones les siguieron otras similares de las autodefensas, derivando en el asesinato de algunos activistas como Édgar José Molina, Manuel José Reina Collazos, Leonidas Gómez Rozo y Carlos Burbano. “A través de comunicados de prensa, la Presidencia se comprometió a garantizar la seguridad de los participantes en la manifestación, pero no desautorizó las graves afirmaciones del asesor, quien continuó lanzando acusaciones, especialmente contra el defensor de derechos humanos Iván Cepeda, uno de los convocantes al acto”, señala el informe.

La CIDH argumenta que los asesinatos son objeto de investigación por parte del Estado colombiano, pero aún sin resultados concretos.

También le recuerda al Gobierno que la libertad de expresión “es un derecho fundamental que ha de garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

El de este año es tal vez el informe más crítico que ha publicado la CIDH sobre la situación de la prensa en Colombia. En diálogo con El Espectador, la relatora para la libertad de expresión de ese organismo, Catalina Botero, explicó que durante los últimos años “las más altas autoridades de Colombia mantuvieron, por un lado, un discurso muy importante de la seguridad y la defensa de los derechos para todas las personas pero, por el otro, impulsaron un discurso muy agresivo que estigmatizaba a quienes en legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión criticaban las políticas gubernamentales”.

A ella, como a los demás miembros de la CIDH, les preocupa especialmente el capítulo de las chuzadas del DAS, organismo al que Estados Unidos retiró su apoyo.