“Colombia tiene cero tolerancia con los abusos”: Cancillería tras informe de la ONU

“Lo hemos discutido y aceptamos que hay recomendaciones que pueden ser valiosas, pero hay afirmaciones que no compartimos”, comentó Ramírez el martes a Blu Radio.

La dura reacción de la vicepresidenta y canciller, quien exigió a los representantes de Naciones Unidas que no se ejerza ni proselitismo ni activismo político en la construcción de estos informes, contrasta con las palabras emitidas por el Ministerio de Exteriores el miércoles, con las que solo se destacaron los aspectos más positivos del documento para el Gobierno Nacional.

“En su análisis, la OACNUDH reconoce que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de protección al derecho de reunión pacífica; la política inequívoca de “cero tolerancia con los abusos de la Fuerza Pública” reiterada por el presidente de la República y la vicepresidenta y canciller; la celebración de los diálogos del orden nacional y regional; así como la instalación y funcionamiento de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas”, dice la Cancillería.

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Aunque la OACNUDH destacó la decisión del Gobierno de Colombia de autorizar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y la designación de más de 35 equipos especiales en todo el territorio nacional para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional, la Oficina de la Alta Comisionada subrayó en el texto el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), para dispersar protestas pacíficas y bloqueos.

“El Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones”, dice el texto.

La información recopilada y analizada por la Oficina de la ONU encontró “motivos razonables” para aseverar que al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que un mínimo de diez de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.

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Según el estudio, la Policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos. Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.

“Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, apunta el documento.

La OACNUDH destacó que Colombia debe garantizar “el derecho de las víctimas a una reparación integral” y recomendó un amplio debate nacional sobre la reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, y por mejorar los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas.

“El objetivo de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en Colombia”, puntualiza la Oficina de la ONU.

La Cancillería, en respuesta al informe, insistió en que “la política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica y se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas”, y recordó que hay dos proyectos de ley que buscan elevar el nivel de profesionalización de los agentes de la Policía, así como fortalecer el régimen disciplinario.

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“El Gobierno Nacional es consciente de los retos que enfrenta para superar la pobreza extrema, los factores de violencia y la garantía de los derechos fundamentales. Con este propósito ha diseñado y puesto en marcha un conjunto de políticas públicas tendientes a concretar el goce de las garantías ciudadanas, para lo cual, el Gobierno espera continuar contando con el constante apoyo y cooperación de la OACNUDH”, manifestó el Ministerio de Exteriores.

Con el comunicado, el Ministerio de Exteriores declaró públicamente que rechaza todo acto violento que “desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de los ciudadanos”, y manifestó que se ha priorizado la investigación de 278 casos de presunto abuso de autoridad y lesiones personales.

La Oficina de la ONU insistirá en el que las autoridades colombianas cumplan con todas las garantías para gestionar las protestas y que se recurra a la dispersión de manifestantes en estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos.

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