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El presidente Donald Trump anunció el lunes que desplegará a la Guardia Nacional en Washington D. C. para atender lo que él ha calificado como una “situación incontrolable”, una medida que ha sido ampliamente cuestionada por la oposición. Sí, la capital estadounidense ha tenido en los últimos años una crisis de seguridad respaldada por los números. En 2023, Axios reportó que los restaurantes y discotecas de la ciudad se estaban gastando sus presupuestos en sistemas de seguridad costosos para protegerse de la delincuencia.
Algunos de estos negocios, como The Point, restaurante propiedad de Greg Casten, fueron escenarios de tiroteos al aire libre, por lo que se incrementó el gasto en seguridad a unos US$200.000 al año. En 2024, el FBI registró 22.320 delitos violentos (agresiones, homicidios, secuestros y delitos sexuales), lo que equivale a una tasa de 3.178 por cada 100.000 habitantes, más del doble que la de Texas (1.542). En homicidios, la diferencia es aún más drástica: 25,5 por cada 100.000 habitantes en la capital frente a 6,3 en Texas, lo que sitúa a D. C. entre las jurisdicciones más peligrosas del país en términos relativos.
El problema se agrava porque más del 77 % de los asesinatos se cometen con armas de fuego, y entre 2018 y 2022 apenas el 1,7 % de los arrestados por portar un arma sin licencia terminó en prisión. Sin embargo, hay que destacar que las cifras han estado a la baja: los números de 2025 muestran un descenso respecto a 2024, año que ya mostraba una baja respecto a 2023, por lo que no hay evidencia objetiva de una crisis repentina fuera de control. Esto hace que el despliegue masivo de fuerzas federales luzca desproporcionado y, según expertos citados, “inusual” e “innecesario” para el nivel actual de criminalidad.
Para defender su decisión de “mano dura”, Trump ha usado el caso de Edward Coristine, también conocido como “Big Balls”, un empleado de Elon Musk que trabajó en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) que fue víctima de un ataque por parte de dos jóvenes en la ciudad, para reflejar el “caos” que se vive en la capital. No obstante, pese a estos casos aislados más visibles como este, las cifras no exponen una situación fuera de control en la ciudad, y la medida es percibida como desproporcionada por parte de expertos que consideran que esto conlleva riesgos de violaciones a derechos constitucionales y deterioro de la confianza comunitaria, sobre todo si se percibe como represión política.
La propuesta de Trump no aborda las causas estructurales del crimen en D. C., sino que prioriza una respuesta de fuerza visible con alto valor simbólico y político. En la práctica, esto tendría impacto limitado en la reducción sostenida del delito, mientras que hay un alto potencial de generar fricciones con autoridades locales y percepciones de abuso de poder federal.
“Trump no está convocando a la Guardia Nacional para combatir el crimen: lo hace para probar su poder y testear su autoridad. Y si tenemos en las calles a los militares durante tiempos pacíficos, imagínense lo que él haría durante las elecciones”, advierte Joshua Reed Eakle, director ejecutivo de la coalición política liberal Project Liberal.
Por eso es necesario entender por qué hay crimen en la capital estadounidense. Las respuestas no son tan difíciles de comprender.
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Violencia en Washington: razones de la alta criminalidad
Como han señalado diversos analistas, el problema de la violencia en D. C. no puede entenderse sin examinar el funcionamiento —o la falta de funcionamiento— de sus sistemas judicial y policial. Charles Stimson, investigador legal y exfiscal, destaca en la Heritage Foundation que entre 2018 y 2022 solo el 1,7 % de los arrestados por portar una pistola sin licencia terminó en prisión, una cifra que ilustra la impunidad en delitos con armas de fuego.
Para Stimson, esta ineficacia se debe en gran parte a la escasez extrema de personal investigador: apenas tres investigadores para 330 fiscales en la Fiscalía del Distrito, lo que provoca que muchos casos se caigan por falta de pruebas. Su diagnóstico es claro: el sistema no toma en serio los delitos con armas, lo que erosiona el efecto disuasorio de la ley.
Marin Cogan, periodista especializada en temas urbanos de Vox, ofrece una visión un poco más amplia. Señala que la singularidad política de D. C., al ser un distrito federal, crea un enredo institucional: el fiscal local es designado por el presidente y no elegido, las competencias se reparten entre múltiples agencias y el sistema judicial opera bajo reglas diferentes a las de los estados.
A esto se suman problemas operativos, como la histórica escasez de policías, la baja tasa de arrestos y un desplome en el procesamiento de casos (más del 67 % no fueron procesados en 2022), agravado por la pérdida de acreditación del laboratorio forense. En el plano social, Cogan apunta a la concentración de homicidios en zonas segregadas, el aumento de crímenes cometidos por menores, las altas tasas de ausentismo escolar y la reincidencia entre personas bajo supervisión judicial.
Ambos coinciden en que el bajo porcentaje de arrestos que termina en condena reduce drásticamente el poder disuasorio del sistema. Esto, sumado a un ecosistema más amplio de problemas estructurales y sociales. Esta combinación de factores hace que, incluso con caídas recientes en las cifras de criminalidad, Washington D. C. siga registrando niveles de violencia desproporcionados frente a la mayoría de las ciudades estadounidenses.
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Así, más allá de su valor simbólico, la medida de Trump no resuelve los problemas estructurales que alimentan la criminalidad en Washington D. C., y podría incluso agravar tensiones con las autoridades locales. Además, el gobierno federal se contradice sobre su discurso: mientras Trump denuncia que el crimen está “fuera de control”, su administración planea recortar en 44 % la financiación federal para seguridad en la capital —unos US$20 millones menos —, afectando programas claves, como entrenamiento especializado, contratación de agentes y mejora de las comunicaciones de emergencia. Con menos recursos, pero más despliegue militar, el impacto real en la reducción del delito podría ser mínimo, mientras que los costos políticos y en confianza ciudadana serían considerables.
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