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Colombia sigue encabezando la lista de los mayores productores y exportadores de cocaína del mundo, y aunque el gobierno colombiano ha intensificado sus operativos de incautación, los cultivos de uso ilícito continúan en aumento.
Ahora, Colombia está anticipando un posible escenario de descertificación en la lucha antidrogas, una medida que, según expertos y políticos, sería contraproducente.
El presidente Gustavo Petro presiente que Washington podría tomar esta medida. Durante el Consejo de Ministros a principios de marzo, advirtió que EE. UU. podría exigir la fumigación con glifosato como condición para mantener la certificación. “Nos van a decir que fumiguemos, si no, no nos certifican. Fumigar es matar a los campesinos. Y más guerra en Colombia y más narcotráfico y más migración a Estados Unidos”. Dice que están construyendo una “mala política”, de dominación y no de compañeros, afirmó Petro.
El gobierno colombiano ha iniciado una “ofensiva diplomática” para evitarlo. La directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda, y el director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, estuvieron recientemente en Washington, en donde sostuvieron reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense, congresistas y representantes de agencias clave como la DEA y la CIA. También estuvo presente el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, quien aseguró que estas gestiones hacen parte de un esfuerzo estratégico de fortalecimiento en cooperación, seguridad y desarrollo alternativo. Él enfatizó la importancia de mantener una relación de confianza con el país norteamericano.
Las consecuencias de una posible descertificación para Colombia serían una pérdida de fondos sustanciales para los operativos contra los cultivos de coca, así como se sentiría el impacto en la economía y las presiones en las relaciones bilaterales. Es en gran parte “un acto simbólico”, según Lawrence Gumbiner, exdiplomático estadounidense en Colombia: “Dañaría la reputación del país en los EE. UU., particularmente en el Congreso, que tradicionalmente ha sido un lugar de gran apoyo para Colombia”.
En cuanto a EE. UU., las consecuencias podrían ser perjudiciales, explica Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, a AFP. “Nosotros perdemos la capacidad de contener esa amenaza (…) va en contra de los intereses de Estados Unidos porque llegaría más cocaína y no sería más fuerte, no sería más próspero y no sería más seguro”, dice.
Según el informe de Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU., Colombia estableció récords de incautaciones de cocaína en 2023, alcanzando un total de 846 toneladas métricas, un 10 % más que en 2022. Además, el Ministerio de Defensa reportó que en 2024 se superaron esas cifras, lo que evidencia un esfuerzo constante en la lucha contra el narcotráfico.
La tendencia muestra un doble fenómeno: mientras las autoridades logran incautaciones récord, paralelamente el cultivo de coca sigue en expansión. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en octubre de 2024, este cultivo en Colombia aumentó un 10 % entre 2022 y 2023, pasando de 230.000 hectáreas a 253.000.
Estados Unidos dice que Colombia necesita “controlar el cultivo de coca y la producción de cocaína mediante una expansión drástica de la inversión en zonas rurales para lograr una transición sostenible de los agricultores hacia cultivos legales” y que el cultivo y la producción de esta planta “siguen financiando economías criminales y desestabilizando comunidades debidas, en parte, a la falta de desarrollo rural y seguridad”.
Esto se da en un momento en el que Colombia está tratando de replantear la discusión de la hoja de coca como un cultivo de uso ilícito. Teniendo en cuenta que comunidades indígenas llevan abogando por la planta desde hace años, con Gustavo Petro puso en la agenda su descriminalización. También, desde el gobierno de Juan Manuel Santos se suspendieron las aspersiones con glifosato, un químico catalogado como cancerígeno.
¿Qué es la certificación antidrogas?
La certificación antidrogas es un mecanismo del gobierno de Estados Unidos para evaluar anualmente los esfuerzos de otros países en la lucha contra el narcotráfico. Su objetivo es determinar qué naciones son consideradas grandes productoras o puntos de tránsito de drogas ilícitas, según los criterios establecidos en la legislación estadounidense.
“Nació como una iniciativa de Estados Unidos en el marco del programa de la DEA, con un enfoque andino que vinculaba la reducción de cultivos de coca con beneficios comerciales”, explica el politólogo Cristian Chacón, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dice que la certificación y descertificación estaban articuladas a la posibilidad de que países como Colombia, Perú y Bolivia redujeran sus indicadores en materia de cultivos ilícitos para acceder al mercado estadounidense de manera preferencial.
Un memorándum de Joe Biden de septiembre del año pasado dice: “Estar en esta lista no implica sanciones automáticas, pero sí puede afectar la cooperación en materia de seguridad y asistencia económica”. Aparece publicado en el Registro Federal.
Esta evaluación toma en cuenta factores como la producción, el tráfico y el uso de precursores químicos en la fabricación de drogas que afectan a Estados Unidos. En 2023, una reforma amplió la definición de países productores de drogas para incluir a aquellos que suministran insumos esenciales en la producción de sustancias ilícitas, como fue el caso de México, con la crisis de fentanilo que empezó a tomarse el país norteamericano.
¿Quién la entrega y cuándo se anuncia?
La certificación es otorgada anualmente por el presidente de los Estados Unidos, quien emite una “Determinación Presidencial”, una directiva desde la Casa Blanca para el gobierno federal, que en este caso, se basa en análisis de agencias como la DEA (Drug Enforcement Administration) y el Departamento de Estado y en criterios establecidos en la legislación del país.
Para el año fiscal 2025, el presidente Joe Biden, en el decreto publicado en septiembre de 2024, incluyó a 23 países en la lista de principales naciones productoras o de tránsito de drogas ilícitas. Entre ellos se encuentran Colombia, México, Perú y Venezuela, así como países asiáticos y caribeños como China, India, Jamaica y Haití.
El documento también designó a los países que, durante los 12 meses previos, han fallado de manera demostrable en cumplir la lucha contra el narcotráfico y en tomar las medidas necesarias. Para el año fiscal 2025, Biden señaló a Bolivia, Burma y Venezuela dentro de esta categoría.
Qué implica perderla
Las consecuencias de una descertificación pueden ser varias. En primer lugar, Chacón enfatiza el impacto reputacional: “Es un golpe de opinión porque la descertificación es, en cierta medida, caprichosa (…) es una estrategia política de Estados Unidos para presionar al gobierno colombiano”.
También, en términos prácticos, perder la certificación no afectaría de manera inmediata los acuerdos comerciales entre ambos países, dado que estos están regulados por tratados como el TLC. Pero sí impactaría la percepción de Colombia en el ámbito internacional: “Si Estados Unidos dice que Colombia no es un país confiable en la lucha antidrogas, eso puede afectar la inversión extranjera y la posición de Colombia en foros internacionales”, advierte Chacón.
En cambio, Eduardo Pastrana Buelvas, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana, dice que esta medida en un “instrumento fantasma” por parte de EE. UU. por la cuestión del narcotráfico que se cierne sobre el país. Él dice que el enfoque por parte del nuevo gobierno norteamericano es “más duro, menos tolerante y menos flexible hacia Colombia” y que es una acción unilateral que impacta precisamente en los programas de cooperación de justicia, seguridad, unidades militares, capacitación, etcétera.
“El menú de sanciones puede ser amplio porque depende mucho de la voluntad, el capricho, el estado en que estén las relaciones bilaterales. Hemos visto que al gobierno norteamericano no le tiemblan las manos para utilizar cualquier instrumento que esté su a su alcance para presionar, amenazar y castigar a otros países con aquello que más les pueda doler” para asegurar que se está haciendo lo que Estados Unidos quiere.
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Por Alana Barguil
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