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Un ataque sistematizado en el proceso de transición, así definió Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia de Guatemala, la jornada que culminó con el juramento de Bernardo Arévalo como nuevo mandatario. El “sí, juro” lo dijo después de entrar a la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al ritmo de la melodía “Primavera”, del violinista Antonio Vivaldi, horas después de lo previsto. En medio del retraso, manifestantes abrieron paso cerca del Congreso, en protesta por la demora. El movimiento Semilla, su partido, fue suspendido, pero poco después la bancada fue restituida, a pesar de ser minoría, a pesar de ser la tercera fuerza en el Congreso, gracias a unos acuerdos políticos. Arévalo se convirtió en el nuevo jefe de Estado y un miembro de su colectivo fue nombrado presidente del Congreso.
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Fue una larga espera, menciona Carlos Fredy Ochoa, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hubo temor, pero también, según él, un resuelto espíritu de lucha. Fue, tal vez, un capítulo más de una trama que viene desde hace meses, o al menos así lo cree el politólogo Renzo Rosal: “Era evidente que el acto de la toma de posesión iba a ser un último intento del núcleo de poder para entorpecer la transición o para hacerla difícil”. En conversaciones previas que él sostuvo con partidarios de Semilla, hace al menos un mes, algo de eso salió a relucir: que la Comisión de Credenciales, que debía tener un papel más que todo procedimental en el Legislativo, iba a ser el último escollo. Así lo fue. El problema, o el que intuye ahora, es que la situación va a continuar, que habrá nuevos intentos de afectar el Gobierno. Para Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, el acto de posesión fue el desenlace de lo que Arévalo denominó como un intento de golpe de Estado en vivo.
“Se inician cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por una serie de obstáculos, muchos de los cuales no podemos prever en este momento”, afirmó el presidente tras su juramento, que tomó lugar en la madrugada del lunes y que tuvo como eje central su promesa de “no más corrupción, no más exclusión”, pero que ocurrió en medio de tensiones con otros actores del Estado. Jordán Rodas, exprocurador de derechos humanos, exiliado en Washington, le comentó algo de eso a la AFP: “Va a estar nadando en un pantano, dentro de una fauna salvaje, herida también”. Luis Linares, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, le advirtió algo en ese sentido a la agencia de noticias: “Va a ser muy complicado gobernar: responder a las expectativas de la gente, que pide enfrentar a los corruptos y atención de su situación socioeconómica”.
Más que un gobierno transformador, Rosal cree que la administración de Arévalo tendrá que encontrar la estabilidad de mínimos, de ciertos pilares de gobernabilidad, para lograr los cuatro años que acaba de inaugurar. La narrativa de la nueva esperanza, de la nueva primavera, con la que tal vez trata de evocar a los gobiernos de Juan José Arévalo, su padre, y Jacobo Árbenz, sirvió para seducir durante la campaña, sirvió para la parte romántica de ella, pero la fase práctica será diferente: “Su margen de maniobra va a ser débil, bastante precario. El gran pulso será entre el Gobierno y la Fiscalía”, que ha presionado para impedir su ascenso al poder, buscando retirarle su inmunidad, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando anomalías electorales.
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Ese también es el meollo del asunto para Marroquín: “La fiscal fue una operadora del expresidente Jimmy Morales, fue la artífice para emprender la campaña de expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y Alejandro Eduardo Giammattei la reeligió para que persiguiera a todos los operadores de justicia que conocieron grandes casos de corrupción, que llevaron a las élites políticas y económicas, a los más poderosos del país, a ser juzgados”. De hecho, Arévalo comentó que una de las primeras tareas que tiene como presidente es pedirle la renuncia a Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por “corrupción” y “socavar la democracia”.
En la ecuación entraría la relación entre Arévalo y el poder judicial, lo que sería fundamental para, en palabras de Rosal, “aflojar los tornillos de la silla de la fiscal. Por eso, la presión social es el único recurso: ella va a convivir por los próximos dos años y fracción con el nuevo Gobierno y eso puede ser desgastante. Es tener al enemigo sentado en frente”. Hay que ver qué mecanismos políticos y jurídicos tiene el presidente para hacer lo que dice: quitarse esa piedra en el zapato. Mientras, algunos guatemaltecos están a la expectativa, otros, incluso, emocionados. “No es tanto optimismo”, dice el politólogo, “es interés. Este Gobierno tiene la gran responsabilidad de cargar sobre sus hombros una cantidad industrial, histórica, de expectativas, como nunca antes”. Administrarlas, a sus ojos, será un desafío en sí mismo, si, como dice Marroquín, la corrupción es la más grande de ellas. El ambiente, tal vez, está más relajado, da la sensación de haberse quitado un peso de encima, o al menos para el vocero de Acción Ciudadana. Ochoa, en cambio, sí cree que son nuevos aires: “Después de tres o cuatro gobiernos que venían aniquilando todas las herramientas democráticas, el tiempo que viene es de esperanza”.
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