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Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia del Perú, confirmó la condena de 25 años de cárcel que había sido proferida en contra del ex presidente de ese país por su responsabilidad en el asesinato de más de una veintena de personas durante la década del 90, en su propósito de exterminar a la guerrilla del Sendero Luminoso.
La Justicia de esa Nación Andina lo halló responsable de los delitos de homicidio calificado -asesinato- y lesiones graves, en calidad de autor mediato, denegando así el recurso de nulidad presentado por la defensa.
En torno al secuestro en agravio del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, la Alta Corporación confirmó, por votación de cuatro a uno, la participación de Fujimori en la comisión del ilícito.
Se trata de la primera condena judicial en contra de un presidente elegido popularmente, por casos de violación a los derechos humanos en América Latina, que fue dada a conocer, en primera instancia, en abril del 2009.
César Nakazaki, abogado del ex mandatario peruano, rechazó la decisión y manifestó que continuará buscando que se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria, una acción que se materializaría en caso de que la hija del dirigente, Keiko Fujimori, gane la presidencia, según lo expresó ella misma minutos después de conocerse la sentencia, hace diez meses.
En septiembre de 2009, Fujimori recibió una nueva condena a seis años de cárcel por soborno y espionaje telefónico a sus opositores, adicional a las penas de siete años y medio y de seis años, por la entrega irregular de una millonaria indemnización a su ex asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, y el allanamiento ilegal de la casa de la esposa del ex funcionario, respectivamente.
Poco después de que estallara el escándalo de corrupción que puso fin a su Gobierno, el dirigente huyó hacia Tokio, Japón, ciudad en la que permaneció hasta 2005, desde donde se trasladó a Santiago de Chile, hasta ser extraditado a suelo inca.
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