Contrabando por elección

Maduro ordenó el viernes de forma unilateral el cierre de una parte de la frontera con Colombia durante 72 horas, aunque después se extendió de forma indefinida junto a un estado de excepción en diversas localidades del estado Táchira, hasta que se detuviera a los responsables de herir a una patrulla militar venezolana durante un operativo contra el contrabando en la zona. También llamó “cínico” y “asesino” al expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe, a quien volvió a acusar el lunes de promover un supuesto plan para derrocar a su gobierno. Y de eso se trata, dicen voceros de la oposición.

Cuando restan cien días para que se realicen las elecciones parlamentarias en Venezuela, Maduro cuenta con una aprobación que oscila entre el 20% y el 30%, según firmas como Datincorp, Datanálisis e Hinterlaces. La alianza opositora, a través del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, denunció que Maduro emplea tácticas políticas para crear un estado de “conmoción interna” que le ayude a recuperar algunos puntos de su mermada popularidad, o para tener una excusa que le permita postergar los comicios del 6 de diciembre.

Para eso, apuntan líderes de la coalición opositora, hace falta un enemigo visible, como el gobierno de Guyana, con el que Venezuela reavivó hace tres meses la controversia diplomática por la reclamación del territorio de la Guayana Esequiba. O como Álvaro Uribe, quien ha sido señalado en varias ocasiones por funcionarios del chavismo como artífice de ataques y conspiraciones contra el gobierno de Venezuela, incluso por el fallecido expresidente Hugo Chávez.

El 14 de julio, Maduro prometió entregar un documento “de alto rango” al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que él llamó la Operación Tenaza, una supuesta estrategia tramada desde EE.UU. que pretende, según el alto mando chavista, profundizar dos conflictos en su país: uno con Guyana y el otro con paramilitares colombianos.

En Venezuela, la crisis social obliga a que las decisiones, declaraciones y acusaciones de sus voceros políticos sean diseñadas y ofrecidas según el posible impacto que puedan tener en la base de su electorado. Para quienes hablan en nombre de la oposición se trata de una artimaña política del gobierno. Para el tren gubernamental, de una componenda orquestada por “sectores de la derecha” asentados en la potencia norteamericana.

La polarización que reina en las calles a poco más de tres meses de las elecciones parlamentarias es apenas equiparable al desabastecimiento de productos básicos, las largas colas que se producen en los supermercados, una inflación tan elevada que no cuenta con datos oficiales y una amplia lista de crímenes que ocurren a diario y frente a la cual el gobierno diseñó un plan denominado Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). Desde su instalación, el pasado mes de julio, el gobierno venezolano ha señalado un cáncer único con nombre y apellido que no es, para ellos, el hampa común, sino “paramilitares colombianos”.

Las cifras las dio a conocer Nicolás Maduro en abril: en Venezuela residen aproximadamente 5 millones 600 mil colombianos. Este año, sus autoridades escalaron la deportación de aquellos que están indocumentados y comenzaron a llover denuncias registradas por medios, ONG y organismos oficiales, sobre detenciones masivas, extorsión por parte de efectivos de la Guardia Nacional y maltratos durante los traslados a la frontera.

Los medios instalados en la zona señalan que lo que está pasando podría derivar en una crisis humanitaria por la separación de muchas familias. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, crítica feroz del gobierno chavista, llegó a señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería prestar asistencia.

En enero de 2015, los quince cónsules acreditados en Venezuela ya habían sostenido una reunión con Frankceline Brattagoyo, entonces directora general encargada de la oficina de relaciones consulares de la Cancillería venezolana. Allí expusieron denuncias de hostigamientos y deportaciones masivas, y solicitaron un protocolo de actuación por medio de notas diplomáticas, pero las repatriaciones se han intensificado y el cierre de la frontera entre Táchira y Cúcuta agrava la situación. Este año, según Acnur, van cerca de 3.000 nacionales deportados. Para tener una idea clara sobre esta política implementada por Venezuela, basta comparar dos cifras: entre enero y abril de este año, según informes de Migración Colombia, el Estado venezolano había expulsado a 1.550 colombianos; solamente entre viernes y lunes, según las declaraciones que diera la canciller Holguín, fueron 751, incluyendo a 139 menores de edad.

“No podemos ocultar que los paramilitares han sembrado miedo en la población tachirense”, declaró Sebastiana Barráez, columnista con experiencia en la fuente militar, pero advirtió en un contacto telefónico que “se está reeditando el sentimiento negativo entre pueblos que son hermanos”. La periodista avaló el operativo, aunque a través de su cuenta en Twitter indicó que el gobierno de Venezuela no quiere tocar a la guerrilla, que también domina el crimen en varios puntos de ese extenso límite territorial. Barráez recordó que muchos uniformados venezolanos están involucrados con grupos irregulares y que, para ella, “decir que responden a Uribe es mucho, ellos responden a sus intereses”.

Una frontera, como una moneda, tiene dos caras. Esta situación no es novedosa. En una zona que vive la creciente militarización de su vida social, dominada por el contrabando y con documentada presencia de guerrilleros y paramilitares, los impasses, tensiones y conflictos han surgido desde los años ochenta y se han resuelto en beneficio de la economía de ambos países.

Este miércoles les corresponde a las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez sentarse en Cartagena a negociar una salida a la crisis que tiene a muchos justos padeciendo –humillados, atrapados o deportados– por la acción de unos pocos pecadores, mientras en Venezuela se libra una batalla política por otros cierres, menos territoriales y más electorales: esos que determinan sus posibilidades de cantar victoria el próximo 6 de diciembre.