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El presidente Donald Trump ha popularizado teorías jurídicas antes consideradas impensables para justificar sus políticas de inmigración.
Poco después de que la Corte Suprema anunciara en abril que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que se ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el mandatario habló alegremente con los periodistas en el Despacho Oval.
Trump dijo que estaba “muy contento” de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido “muy malinterpretada”. Dijo que la Decimocuarta Enmienda —que durante mucho tiempo se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos— en realidad “trata de la esclavitud”.
“No se trata de que lleguen turistas y toquen un trozo de arena y de repente haya ciudadanía”, dijo Trump, y añadió: “Todo se trata de la esclavitud”.
Durante más de un siglo, la mayoría de los académicos y los tribunales han estado de acuerdo en que, aunque la Decimocuarta Enmienda se añadió a la Constitución después de la Guerra Civil, esta no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.
La idea de que la enmienda podría no hacerlo se consideró en su día una teoría poco ortodoxa, promovida por un profesor de derecho poco conocido de California llamado John Eastman y sus colegas del Instituto Claremont, un centro de pensamiento conservador, el mismo profesor que más tarde proporcionaría a Trump argumentos jurídicos que este utilizó para intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
La historia de cómo la teoría pasó de los confines del mundo académico al Despacho Oval y, el jueves, a la Corte Suprema, ofrece una idea de cómo Trump ha popularizado teorías jurídicas antes consideradas impensables para justificar sus políticas de inmigración.
“Llevan décadas insistiendo en ello”, dijo John Yoo, profesor de derecho de la Universidad de California, campus Berkeley, y uno de los principales juristas del gobierno de George W. Bush. “Se pensaba que era una idea descabellada que solo comprarían los filósofos políticos. Por fin tienen un presidente que está de acuerdo”.
La Casa Blanca no respondió a las peticiones de comentarios.
El presidente Trump promovió la teoría durante su primera campaña, pero no actuó en consecuencia hasta su segundo mandato. Firmó una orden ejecutiva en su primer día para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.
Las impugnaciones legales fueron rápidas y rotundas. Los impugnadores señalaron el texto de la Decimocuarta Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los defensores de esta política han señalado la ciudadanía por derecho de nacimiento como una piedra angular de lo que significa ser estadounidense, parte del espíritu nacional del país como un lugar abierto a todos, independientemente de su fe, color o credo. De los 20 países más desarrollados del mundo, solo Canadá y Estados Unidos conceden la ciudadanía automática a los niños nacidos dentro de sus fronteras.
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En un escrito presentado ante la Corte Suprema, un grupo de defensa de los inmigrantes argumentó que “la ciudadanía por derecho de nacimiento es el núcleo del precepto fundacional de nuestra nación de que todas las personas nacidas en nuestro suelo son creadas iguales, independientemente de su ascendencia”.
Los fiscales generales de los estados que impugnan esta política presentaron un escrito en el que argumentaban que la Corte Suprema ya había resuelto la cuestión en el histórico caso de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que el tribunal consideró que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano.
Hasta ahora, los tribunales han estado de acuerdo. Los jueces de los estados de Washington, Massachusetts y Maryland establecieron rápidamente pausas en todo el país para la política de Trump.
En los alegatos orales de esta semana, los jueces considerarán principalmente si los jueces federales tienen potestad para ordenar estas pausas temporales, conocidas como mandamientos judiciales de ámbito nacional. Pero la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento será el telón de fondo.
En una entrevista, Eastman dijo que desarrolló su opinión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Por aquel entonces, Eastman, que había sido secretario del juez Clarence Thomas, era profesor de derecho en la Universidad Chapman de Orange County, California, y director del Centro de Jurisprudencia Constitucional del Instituto Claremont.
A finales de noviembre de 2001, un hombre llamado Yaser Esam Hamdi fue detenido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán y trasladado a la base/prisión militar estadounidense de Guantánamo.
Los funcionarios se enteraron de que Hamdi era ciudadano estadounidense. Su madre, de nacionalidad saudí, lo había dado a luz mientras la familia vivía en Baton Rouge, Luisiana, donde el padre de Hamdi trabajaba como ingeniero químico.
Dado que Hamdi era ciudadano estadounidense, las autoridades consideraron que ya no podían retenerlo como “combatiente enemigo” en Guantánamo, donde se le consideraba fuera del alcance de la plena protección legal de los tribunales federales. Lo trasladaron a un bergantín naval en Norfolk, Virginia.
En un escrito de 2004 como amigo de la corte en el caso, Eastman argumentó que la idea de que la ciudadanía se confería automáticamente a todos los niños nacidos en suelo estadounidense era una “interpretación generalmente aceptada aunque errónea” de la Decimocuarta Enmienda que era “incorrecta, como cuestión de texto, práctica histórica y teoría política”.
Eastman se basó en el trabajo de un profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de California en San Bernardino afiliado al Instituto Claremont, Edward J. Erler, quien había ofrecido la misma teoría en libros publicados en 1997 y 2003.
Erler, que no respondió a una solicitud de comentarios, sostenía que los hijos de personas que se encuentran en el país ilegalmente, o de forma temporal, no son automáticamente ciudadanos.
Aunque la idea de que los niños nacidos en Estados Unidos se convierten automáticamente en ciudadanos tiene profundas raíces en el derecho consuetudinario, no se adoptó en el texto de la Constitución hasta 1868, como parte de la Decimocuarta Enmienda. Se incluyó en una sentencia que anuló el caso de Dred Scott, la decisión de 1857 de la Corte Suprema que afirmó la esclavitud y contribuyó a desencadenar la Guerra Civil.
Eastman afirmó que en ningún momento del debate sobre la Decimocuarta Enmienda los legisladores habían acordado incluir a los visitantes temporales.
Los jueces rechazaron este punto de vista, considerando que las garantías procesales de la Constitución se aplicaban a Hamdi.
Aun así, durante años, Eastman y Yoo debatieron públicamente la cuestión, con Eastman argumentando su teoría de que la ciudadanía por derecho de nacimiento no estaba en la Constitución y Yoo argumentando que sí lo estaba.
Durante gran parte de ese tiempo, el debate pareció abstracto, dijo Yoo, de interés sobre todo para los juristas.
“Nunca una idea abstracta ha tenido efectos políticos tan enormes”, dijo. “Es como si hubiera saltado de los artículos de la revistas jurídicas a la Casa Blanca”.
Ese salto se produjo cuando Trump se presentó a las elecciones presidenciales de 2015.
En una entrevista con el presentador de Fox News Bill O’Reilly en agosto de 2015, Trump expuso sus planes para revisar el sistema migratorio. O’Reilly se mostró escéptico al principio, y luego cada vez más frustrado.
O’Reilly señaló la Decimocuarta Enmienda como un impedimento para el plan de Trump. Pero Trump respondió: “Creo que te equivocas sobre la Decimocuarta Enmienda”.
“Puedo citarla… ¿quieres que te cite la enmienda?”, dijo O’Reilly, casi gritando. “Si has nacido aquí, eres estadounidense, ¡punto! ¡Punto!”.
“Pero hay muchos abogados, muchos abogados que dicen que no es así”, respondió Trump.
Eastman dijo que “probablemente” Trump se refería a él, pero también a otros académicos que habían publicado sobre el tema. Dijo que no estaba seguro de cómo sus opiniones habían llegado al candidato presidencial.
Trump no llevó a cabo un plan para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en su primer mandato. Eastman dijo que en 2019 se reunió con el fiscal general William P. Barr, invitado por este, para hablar de una posible orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero que no se llegó a nada. Barr no respondió a una solicitud de comentarios.
Eastman dijo que se sintió “muy feliz” cuando Trump anunció que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en su primer día en el cargo.
Para entonces, Eastman y Trump tenían una estrecha relación. Eastman fue uno de los artífices de un plan para crear listas falsas de electores favorables a Trump en los estados que ganó Joseph R. Biden Jr. y para instar al vicepresidente Mike Pence a que aceptara esas listas mientras presidía la certificación de las elecciones de 2020.
Un juez de California recomendó la inhabilitación de Eastman por este episodio. Él dijo que iba a apelar, aunque su licencia de abogado en California está actualmente inactiva como consecuencia de ello. También está luchando contra unos cargos penales que se están abriendo paso lentamente en un tribunal estatal de Arizona. (Parece improbable que siga adelante una causa contra él y otros acusados en Georgia).
Eastman dijo que el presidente no le consultó directamente sobre la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento, pero que varios de sus amigos, a los que no quiso nombrar, estaban implicados. “Sabían que mi erudición estaba en cierto modo a la vanguardia de esto”, dijo.
La orden de Trump avivó el interés por examinar los fundamentos de la ciudadanía por derecho de nacimiento, dijo Ilan Wurman, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota y autor de un libro sobre la Decimocuarta Enmienda.
“El presidente Trump tiene una extraña habilidad para desplazar las ventanas de Overton: cuestiones que la gente creía que no estaban sobre la mesa, ahora están sobre la mesa”, dijo Wurman.
Wurman argumenta que una lectura detenida del caso de 1898 y de los registros históricos revela que la Corte Suprema nunca ha sostenido firmemente que los hijos nacidos de personas en situación ilegal sean ciudadanos.
Una avalancha de escritos de amigos de la corte han expuesto algunas de estas ideas a los jueces de la Corte Suprema, incluido uno de Eastman.
En un escrito dirigido a los jueces a finales de abril, argumentaba que, aunque los jueces habían acordado escuchar los argumentos solo sobre la pausa nacional de la política del presidente, también deberían decidir sobre el fondo y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“Hay mucha gente en el país que espera la resolución de esta cuestión”, dijo. “¿Es válida o no la orden ejecutiva? Y cuanto más esperamos, más consternación causa”.
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