Crece presión sobre inmigrantes

El primer capítulo de la pesadilla para los inmigrantes ilegales de Estados Unidos se llamó SB1070. Se trata de una ley promulgada el año pasado en el estado de Arizona que permite a los policías judicializar a las personas sin papeles y les da el derecho de solicitar documentación a todos aquellos que generen sospechas de estar en una situación migratoria irregular. Sospechas, que en su momento, se dijo, podrían surgir del aspecto físico de las personas.

Aunque la ley ya está en vigor, antes de su entrada en vigencia el Tribunal de Phoenix ordenó la suspensión de sus cláusulas más radicales, mientras se define la constitucionalidad de la ley en las altas cortes del país. Ahora, mientras se debate sobre una ley similar en Georgia y este proceso aún no termina, la polémica que ha generado este nuevo capítulo de las leyes antiinmigrantes no es menor que entonces. Ya comienzan a surgir las reacciones a la sanción de la norma HB 56 por parte del gobernador del sureño estado de Alabama, Robert Bentley.

La nueva ley, aprobada por el parlamento estatal de una amplia mayoría republicana, ha sido considerada como la versión empeorada del ejemplo de Arizona. Además de las directrices que permiten la revisión policial, la HB 56 exige a las escuelas públicas revisar el estatus migratorio de sus estudiantes y prohíbe a las universidades aceptar alumnos indocumentados. Además, obliga a los negocios a poner en práctica el llamado E-Verify, un programa empresarial que corrobora la legalidad migratoria de los empleados, so pena de ser sancionados con multas y pérdidas de licencia en caso de contar con mano de obra ilegal.

“Si miramos las leyes antiinmigrantes que se han producido hasta el momento, queda claro que detrás se encuentra la extrema derecha del Partido Republicano y el Tea Party. Ellos saben muy bien que el próximo año hay elecciones presidenciales en noviembre y desde ya están apuntando a asegurarse la masa electoral blanca tradicional que en esta coyuntura de crisis ve a los latinos, por ejemplo, como los culpables de la difícil situación”, explica en diálogo con El Espectador Adam Isacson, coordinador del Programa de Políticas de Seguridad Regional, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Whola).

Según Isacson, los mismos intereses electorales mueven y movieron a los demócratas durante la campaña de Barack Obama, cuando una de sus promesas como candidato fue lograr una reforma migratoria en el país que se convirtiera en una hoja de ruta para legalizar la situación de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos.

De hecho, después de la promulgación de la ley HB 56, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, anunció en una rueda de prensa: “Es necesaria una reforma exhaustiva del sistema de inmigración (…). Seguimos buscándola y creemos que se puede lograr un consenso entre los dos partidos”. “El gobierno apunta a conquistar la población latina, a pesar de que una reforma migratoria en este momento, cuando el Partido Demócrata no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso, es prácticamente imposible”, explica Isacson.

Las organizaciones de derechos humanos del estado de Alabama ya confirmaron su rechazo a la ley, la calificaron de “racista”, “mal intencionada” y “anticonstitucional” y anunciaron demandas   para impedir su entrada en vigencia, presupuestada para el 1° de septiembre próximo. Es predecible que suceda lo que hasta ahora ha ocurrido con la SB1070 de Arizona.