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El diputado opositor Tomás Guanipa criticó la escasez de medicamentos y los bajos salarios a los médicos residentes en el Hospital Universitario de Los Andes (HULA), en el estado Mérida, y aseguró que «esta crisis se repite en los hospitales» de toda Venezuela.
«La crisis de medicinas es enorme, no hay insumos (materiales) para atender en los hospitales a los pacientes«, publicó en su cuenta de Twitter el parlamentario que compartió también vídeos en los que los médicos del centro aseguran que carecen de antibióticos y analgésicos desde hace más de un mes.
El sábado de carnaval, según narra una de las trabajadoras en la grabación, llegaron al HUAL varias emergencias y solo contaban con diez ampollas de relajante muscular, además, otros materiales presentan deficiencias en el abastecimiento, como los tubos que se encuentran solo en tamaños muy pequeños o muy grandes.
El diputado consideró «increíble que un país donde hubo la bonanza petrolera más grande un médico residente gane 6.000 bolívares mensuales (952,3 dólares a la tasa de cambio oficial más baja o 30 dólares a la más baja)«.
«Un desayuno sale en 1.000 bolívares (158,7 o 5 dólares según el cambio)«, agregó uno de los inconformes residentes en el vídeo.
Guanipa y otros miembros del Parlamento asistieron al centro médico acompañados del alcalde de la entidad, Carlos García, quien agradeció la presencia e instó a canalizar las denuncias de los médicos en la Asamblea Nacional.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora declaró recientemente «una crisis humanitaria de salud» en el país ocasionada por la escasez de medicamentos, de equipos médicos y el deterioro de las instituciones públicas sanitarias.
El debate tuvo lugar después de que el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, expusiera que las fallas en distribución de medicamentos en el país caribeño rondan un 80 por ciento.
Ceballos atribuye la escasez a la baja producción como consecuencia de la no asignación de divisas por parte del estado para importar materia prima.
Por su parte, el Gobierno responsabiliza al acaparamiento y el contrabando que supuestamente ejerce la «derecha» nacional e internacional como parte de una «guerra económica» con la que, dicen, quieren mermar la popularidad del presidente Nicolás Maduro para lograr su salida del poder.
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