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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta cada vez más presión para mostrar resultados en materia de seguridad, su gran bandera política. Hasta ahora, ha hecho todo lo que un presidente puede hacer en clave militar y excepcional para combatir la crisis de seguridad en su país, pero ha fallado en las cuestiones de fondo. Por eso, ante el estancamiento político y los pésimos indicadores de violencia, el Ejecutivo optó por un giro táctico: trasladar la responsabilidad hacia el exterior.
La reciente decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, bajo el argumento de una “falta de reciprocidad” en el control fronterizo por parte del gobierno de Gustavo Petro, marca el inicio de una etapa de confrontación diplomática que busca externalizar las causas del fracaso en la seguridad interna y que, difícilmente, puede aliviar el problema. Porque hay cosas que Noboa no explica con su anuncio.
Ecuador: el límite de la fuerza
Noboa declaró el conflicto armado interno, calificando a las principales bandas como grupos terroristas; desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas en las calles y zonas estratégicas; militarizó el sistema penitenciario tras masacres y motines, buscando recuperar el control de las prisiones; autorizó operativos de alto impacto; reforzó el control portuario, en zonas clave como Guayaquil y Manta, y buscó una mayor cooperación internacional con el intercambio de información con países vecinos. Nada de esto ha funcionado.
Con 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno cada hora según registra el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador continúa con el penoso título del país más violento de la región. La fragmentación de las bandas criminales, que intensifica las guerras territoriales, la débil coordinación institucional con el sistema penitenciario, la ausencia de control territorial permanente y la sobreextensión de las Fuerzas Armadas, que no están entrenadas para el control criminal sostenido, dificultan la presentación de resultados.
“El gran fracaso que tú tienes del gobierno del Ecuador es que no ve que otras instituciones tienen un rol clave en la lucha con el crimen organizado. Por ejemplo, en el Ecuador no tienes algo tan sencillo como un ministerio de Justicia y, por tanto, no tienes una política criminal. Y sin política criminal no tienes la forma de articular entre el gobierno y la fiscalía en qué intereses comunes van a tener en la lucha contra el crimen organizado o cómo reduces la impunidad en los casos de asesinato. Esto podría generar mejores herramientas, pero lamentablemente no son tan políticamente visibles como el desplegar policías y militares en las calles”, señaló Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global Contra el Crimen Globalizado.
Para el experto, como no hay una política de seguridad, sino que todo se reduce al despliegue y al suministro de equipamiento, no se identifican cuáles son las vulnerabilidades del sistema que son claves para responder a este problema.
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Acorralado por límites institucionales
No solo las acciones adoptadas no han dado resultados esperados, sino que el margen de maniobra para tomarlas parece haber alcanzado su límite. El giro hacia la confrontación externa con Colombia llega en un momento en el que Noboa enfrenta crecientes barreras políticas e institucionales dentro de Ecuador.
La Corte Nacional de Justicia bloqueó las reformas con las que el Ejecutivo buscaba endurecer penas y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, mientras que la ciudadanía rechazó en referendo la reescritura de la Constitución y la posibilidad de habilitar bases militares extranjeras.
“La Corte Constitucional ha puesto límites a esas leyes que se pasan y no se discuten lo suficiente porque el gobierno tiene las mayorías en el Legislativo. Por eso, Noboa trató de hacer una consulta popular para tratar de quitarle estos poderes a la Corte, pero la ciudadanía le dijo que no. Había un desgaste muy alto de la ciudadanía, que se estaba movilizando por la muerte de cuatro chicos a manos de las Fuerzas Armadas y dos más en medio de las protestas, que fueron criminalizadas. Esta ciudadanía espera algo más que solo ese despliegue de militares y policías”, señala Rivera.
Con un sistema penitenciario desbordado, un Ejército sobreextendido, escaso margen presupuestario y un capital político en erosión, el Gobierno se encontró en un callejón sin salida: sin herramientas legales adicionales, sin resultados visibles en las calles y con el inicio del calendario electoral, pues en un año el país elegirá seccionales. En ese escenario, señalar a Colombia no solo desplaza responsabilidades, sino que permite a Noboa sostener el relato de guerra en ausencia de victorias internas.
Como señaló el medio Primicias, “durante este año se instalarán los relatos y posicionarán las candidaturas” de cara a 2027, y para Noboa es conveniente decir que la culpa la tiene Colombia, donde, con sus propias elecciones en unos meses, sus palabras tienen más peso.
Quito y Bogotá: desconectadas en seguridad
Si bien es cierto que el anuncio de Noboa responde a otros factores, como el fracaso de su estrategia de seguridad y el calendario electoral, también es correcto resaltar que Quito y Bogotá han estado desconectadas en su enfoque hacia la seguridad desde hace varios años.
Pese a la existencia de mecanismos formales como la Red Andina de Seguridad, iniciativa creada por la Comunidad Andina, analistas coinciden en que la relación bilateral atraviesa una etapa de “cooperación de papel”, marcada por una profunda desconexión ideológica. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prioriza la “Paz Total” y un enfoque de derechos humanos que incluye diálogos con grupos armados, Daniel Noboa ha abrazado una doctrina de “mano dura” que emula el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Esta asimetría ha minado la confianza estratégica. Ahora, también hay matices.
“El Ecuador tampoco ha sido proactivo, si es que tiene una necesidad con Colombia de motivar un diálogo a nivel presidencial que busque fortalecer estas herramientas. En el presupuesto general del Estado para 2026, hay una reducción para el Ministerio de Defensa, y en lo que se ha concentrado este gobierno en los últimos años es policializar las fuerzas armadas. Es decir, darles mayores chalecos, y mayores armas para despliegue urbano. Eso significa que van a descuidar algo: la frontera con Colombia, donde se supone que ingresa la mayor cantidad de cocaína, y tienes también una incidencia representativa histórica relacionada con el narcotráfico entre los dos países”, señala el experto.
Sin proactividad tampoco del lado ecuatoriano, la gestión de los 600 kilómetros de frontera común se ha convertido, en la práctica, en un escenario de fricción operativa más que de coordinación real. Colombia se limita a una cooperación reactiva basada en la interdicción de cargamentos y resultados cuantitativos, mientras Ecuador despliega un gasto militar sin precedentes para contener bandas que, según el relato oficial de Carondelet, se refugian y nutren en suelo colombiano. Con eso dicho, no quiere decir que no exista coordinación.
“Desde 2012 tienes encuentros presidenciales, hay unos gabinetes adicionales y entre eso, la Comisión de Fronteras, que es de policías y fuerzas armadas, donde elaboran ciertos convenios y tienes herramientas de cooperación en la lucha de seguridad, y defensa. Hay una excelente relación en el intercambio de información entre la Policía Nacional de Colombia y el Ecuador. Por ejemplo, la policía del Ecuador ha aprendido mucho de la policía colombiana, y hay inclusive un sentimiento de admiración”, señala Rivera.
El asunto es que la cooperación mejore. Pero la parálisis técnica de herramientas como la Red Andina, que hoy no pasa de ser un intercambio burocrático de datos básicos, corre el riesgo de romperse definitivamente ante la escalada arancelaria. El uso del comercio como arma política amenaza con detener por completo los escasos canales de inteligencia, dejando el control fronterizo a merced del crimen transnacional.
“Ecuador no es Estados Unidos, por lo tanto su nivel de presión política es diferente. No creo que este tipo de anuncios dañe esta cooperación. Pero sí genera una afectación directa a las comunidades y a la población fronteriza, porque si tú elevas productos, lo que generas es un daño directo a los comerciantes que tú tienes de los dos lados de la frontera. Alguien más se va a terminar beneficiando de esos aranceles y son precisamente los grupos criminales que se dedican al contrabando”, aterriza Rivera.
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