Crisis fronteriza llega a Bogotá

No sólo son colombianos deportados. Hasta hace doce días Eliana Coromoto, venezolana de 18 años, madre de dos niños y a punto de dar a luz a uno más, vivía en la ciudad de Valencia (Venezuela). Era viernes por la noche cuando su esposo salió a comprar pañales para el bebé menor, pero recibió una llamada de él pidiéndole que fuera rápido con las identificaciones de ella y de los niños, porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo iba a deportar. Eliana corrió, le mostró los documentos a la Guardia y les pidió que no se lo llevaran. “Si tú lo sigues defendiendo también te voy a mandar a ti a ese país donde hay sólo paracos”, recuerda que fue lo último que le dijo uno de los uniformados antes de enviarla con su familia en una patrulla rumbo al estado de Táchira, donde luego cruzaron la frontera hacia Cúcuta.

La mujer venezolana cuenta la historia en el centro de Bogotá, en uno de los puntos de atención que autorizó la administración de la capital colombiana para atender a las familias deportadas o que han retornado desde Venezuela en medio de la crisis fronteriza. Dice que después de cruzar Cúcuta, ella y su familia encontraron una organización jesuita dedicada al trabajo con refugiados, que les dio los viáticos para viajar a esta ciudad y buscar a una familiar de su esposo.

Jorge Rojas, secretario de Integración Social de Bogotá, dice que hasta el momento el Distrito ha atendido a 293 personas, pero que pronto serían muchos más de 300, pues hay familias que llegaron en los últimos días a la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. En esta operación de emergencia para brindarles ayuda humanitaria a los deportados y quienes retornaron, una de las primeras tareas es identificarlos. Ahí está el primer problema, dice Rojas, pues varias personas tienen problemas como que les quemaron sus papeles en la frontera.

Los niños están siendo identificados con documentos colombianos por medio de los trámites que adelanta la Registraduría Distrital. De esta manera, al menos pueden ir a los jardines y colegios del Distrito. Además, hay bonos para que las familias puedan comprar alimentos en almacenes de cadena y la administración está gestionando un programa de arrendamiento por al menos tres meses. Esto como un alivio mientras los adultos hacen trámites para obtener sus papeles y, con suerte, consiguen un empleo.

Sin embargo, Rojas anota que las ayudas por tres meses no serán suficientes e insiste en que lo necesario es que los gobiernos venezolano y colombiano se sienten a resolver la crisis.

De momento, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado que no se sentará a hablar con el Gobierno colombiano hasta que tome medidas como regular las casas de cambio o determinar políticas de seguridad para evitar el cruce de bandas criminales con sus actos ilícitos. Mientras tanto, Juan Manuel Santos ha pedido la entrada de camiones desde Cúcuta para recuperar los bienes de los más de 1.300 colombianos que han sido deportados. Eso sin contar con los otros 6.000 que han cruzado por pasos no oficiales del río Táchira o por Arauca.

Muchos venezolanos y colombianos han tenido que ir a Arauca para ayudar en el cruce de sus familiares, porque “en Cúcuta no dejan entrar ni salir a nadie”, como lo cuenta José Gregorio Domínguez, quien estuvo allí el fin de semana pasado recibiendo a su nuera y dos nietas. Él es venezolano e intentó retornar a su país hace unas semanas, justo cuando había estallado la crisis fronteriza, así que no lo logró. No le interesaba estar en Venezuela, sino organizar algunos trámites para venir a Colombia y conseguir trabajo como conductor de buses de Transmilenio en una de las operadoras del sistema, donde ya lo habían aceptado. Como no tiene licencia de conducción colombiana ni la residencia, no ha podido obtener el empleo. Sigue yendo al punto de atención de Integración Social en el centro de Bogotá, esperando que tal vez le den alguna ayuda en el arriendo mientras consigue casi $500 mil que le cuestan los trámites para tener los documentos.