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Jair Bolsonaro solo tuvo nueve semanas para ejecutar un plan tan arriesgado como extraordinario. Según los fiscales, con la ayuda de aliados pretendía anular las elecciones presidenciales de octubre de 2022 que había perdido.
A un estrecho colaborador se le ocurrió una siniestra solución: envenenar a Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro, antes de que se juramentara como presidente de Brasil el día de Año Nuevo de 2023, según un documento que se imprimió en las oficinas presidenciales mientras Bolsonaro estaba en el recinto.
“Lula no sube por la rampa”, en referencia al camino inclinado que conduce a las oficinas presidenciales, decía otro documento incautado durante una redada policial en la sede del partido de Bolsonaro.
Bolsonaro, quien niega haber conspirado para asesinar a Lula, fue juzgado el martes ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusado de haber liderado un amplio plan para aferrarse al poder, en un caso que muchos consideran como una prueba crucial para la joven democracia del país. Con un vasto acervo de pruebas de la acusación, la mayoría de los analistas afirman que es casi seguro que será declarado culpable y podría enfrentarse a décadas de prisión.
Para reconstruir el caso contra Bolsonaro, The New York Times revisó decenas de horas de testimonios y cientos de páginas de documentos policiales y de la fiscalía de una investigación que duró casi dos años.
Tanto la fiscalía como la defensa de Bolsonaro apuntan a las pruebas para contar historias muy divergentes.
Para los investigadores, Bolsonaro y decenas de ministros, militares y asistentes trabajaron tenazmente para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones; intentaron reclutar a líderes militares para anular la votación; y elaboraron planes para encarcelar, o incluso asesinar, a quienes percibían como sus enemigos.
Para Bolsonaro y sus aliados, el caso se basa en mentiras y pruebas débiles con el objetivo de sabotear su regreso político en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro niega haber conspirado para matar a Lula y afirma que lo que la policía presenta como un intento de golpe de Estado no son más que sus esfuerzos por estudiar “formas dentro de la Constitución” de permanecer en el poder tras perder unas elecciones que, según él, le fueron robadas.
El plan para mantener a Bolsonaro en el poder se inició a finales de octubre de 2022, después de que Lula fuera declarado vencedor de las elecciones, según el testimonio prestado a los investigadores por el teniente coronel Mauro Cid, secretario personal del presidente.
Cid estuvo presente en muchas de las discusiones entre los acusados de planear un golpe, y su testimonio, que forma parte de un acuerdo de culpabilidad, es clave para la acusación contra Bolsonaro.
Al principio, Bolsonaro trató de deslegitimar los resultados, según Cid le declaró a la policía, y atacó las máquinas de votación electrónica de Brasil, que durante años había afirmado que estaban amañadas, a pesar de no aportar pruebas. Empezó a planear una denuncia oficial ante las autoridades electorales, afirmando que cientos de miles de votos habían tenido que ser anulados por culpa de máquinas defectuosas.
Las redes sociales amplificaron las denuncias de fraude, y sus partidarios acamparon frente al cuartel general del ejército, exigiendo que los militares anularan los resultados.
Pero el plan urdido por Bolsonaro y sus aliados, según los investigadores, iba mucho más allá de intentar provocar una revuelta popular.
A las 9:23 a. m. del 9 de noviembre, 10 días después de la derrota de Bolsonaro, se creó en las oficinas presidenciales un documento que posteriormente se encontró en un teléfono móvil incautado por los investigadores. En él se esbozaba un plan extremo que exigía la “extinción de la candidatura ganadora”.
Lula y su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, serían asesinados utilizando “veneno o agentes químicos” o “armamento letal, como explosivos”, decía el documento, redactado por el general Mario Fernandes, uno de los principales ayudantes de Bolsonaro.
Un juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, quien había tomado decisiones diseñadas para bloquear la desinformación en internet por parte de Bolsonaro y sus aliados de derecha, iba a ser sometido a vigilancia, y luego encarcelado o asesinado, según el documento.
Tras un día de edición, el general Fernandes imprimió la propuesta a las 5:09 p. m., afirmaron los investigadores. Cuarenta minutos después, Fernandes llegó a la residencia presidencial, donde Bolsonaro y Cid estaban presentes.
Pero Fernandes afirma que el documento no eran más que elucubraciones y que nunca se lo mostró a nadie, ni siquiera a Bolsonaro, según su testimonio durante una audiencia del Supremo Tribunal en julio.
“Lo imprimí para mí”, declaró. “Poco después, lo rompí”. La visita a la residencia presidencial, dijo, fue “una coincidencia”.
Tres días después de que se redactara el plan, el general Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro y ex jefe de gabinete, convocó una reunión en su casa para discutir su aplicación, según declaró Cid. Le dijo a la policía que a él y a Braga Netto se unieron dos miembros de una unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército.
Braga Netto ha negado que la reunión tuviera lugar y ha acusado a Cid de mentir para llegar a un acuerdo con los fiscales.
Mientras se hacían planes a puerta cerrada, crecían las concentraciones de manifestantes frente a los edificios militares. Bolsonaro calificó las manifestaciones de “fruto de la indignación y de la sensación de injusticia, en relación con cómo se desarrolló el proceso electoral”.
El círculo cercano de Bolsonaro siguió persiguiendo a sus oponentes, según los investigadores. El 6 de diciembre, el general Fernandes imprimió el plan de asesinato en las oficinas presidenciales por segunda vez, según los investigadores. La policía afirma que, según las señales de las torres de telefonía móvil, Bolsonaro estaba allí.
Al mismo tiempo, Bolsonaro y sus colaboradores también estaban ocupados intentando reclutar la ayuda de los militares, dijeron los investigadores.
A primera hora del 7 de diciembre, el coronel Cid se registró en la residencia presidencial para una reunión importante, según los mensajes de texto y los registros de entrada recuperados por la policía. Pronto empezaron a llegar los líderes de las tres ramas militares de Brasil.
Durante una discusión que duró una hora, Bolsonaro presentó a los altos mandos militares un decreto legal por el que se pedía la declaración del estado de excepción y la celebración de nuevas elecciones “limpias”, según Cid y lo que un comandante presente dijo a la policía. Bolsonaro permanecería en el poder hasta que se celebraran nuevas elecciones. El decreto, que Cid dijo que Bolsonaro editó después de su redacción, también pedía el encarcelamiento del juez Moraes.
Bolsonaro ha dicho, en los tribunales y en los medios de comunicación, que nunca habló de hacer nada ilegal en las reuniones con los líderes militares, sino que estaba explorando medidas legales dentro de la Constitución, incluido el “estado de sitio”, en su intento de permanecer en el cargo mientras impugnaba el fraude electoral.
Esta medida, que otorga temporalmente poderes especiales al presidente, está pensada para ser utilizada solo en tiempos de gran crisis o guerra. Y, para entonces, las autoridades electorales ya habían concluido que no había indicios de irregularidades.
En la reunión, la propuesta del decreto suscitó reacciones encontradas. El comandante de la Marina de Brasil apoyó el plan y puso sus soldados a disposición de Bolsonaro, según los investigadores. Pero los líderes del ejército y la fuerza aérea rechazaron rotundamente la idea.
Tras la reunión, el grupo que rodeaba a Bolsonaro planeó sus próximos pasos. El 8 de diciembre, el general Fernandes envió un mensaje de voz por WhatsApp al coronel Cid, relatando una conversación que dijo haber mantenido con Bolsonaro. Ambos, dijo, habían discutido el momento oportuno para el plan de asesinato.
“Le dije: ‘Vamos, presidente’”, dijo el general Fernandes en el mensaje. “‘Ya hemos perdido muchas oportunidades’”.
Pero los fiscales afirman que el hecho de que los comandantes no hubieran aceptado la propuesta preocupaba al grupo porque su plan para anular las elecciones probablemente no tendría éxito sin el apoyo de los militares.
Así que, durante la semana siguiente, el decreto fue retocado y suavizado, según el coronel Cid y los registros digitales recuperados por la policía. Se eliminaron del texto los planes de detener al juez Moraes y a otras figuras de alto rango. En una segunda reunión, el 14 de diciembre, Bolsonaro presentó el plan revisado a los tres mandos militares, dijo el coronel.
El general Marco Antônio Freire Gomes, jefe del Ejército, volvió a negarse y dijo a Bolsonaro que sus fuerzas “no actuarían en nada que excediera su autoridad constitucional”, según declaró en una audiencia ante el Supremo Tribunal. Le dijo a Bolsonaro que su complot acarreaba consecuencias legales.
Después de que la policía encontrara una copia del decreto por el que se declaraba el estado de excepción en el domicilio de Bolsonaro durante un allanamiento en febrero de 2024, el expresidente cuestionó si se trataba realmente de un plan para frustrar la democracia, como afirman los fiscales. “¿Llaman a eso un decreto golpista?” dijo Bolsonaro. Nunca editó el documento, añadió, y solo lo imprimió “para ver qué era”.
Bolsonaro también ha rechazado las acusaciones de que participó en la redacción o aprobación de planes para asesinar a su rival. “Si hubiera sido propuesto”, dijo al Supremo Tribunal durante una audiencia celebrada en junio, “habría sido rechazado, y se habrían tomado medidas inmediatas”.
Después de que los mandos militares se negaran a participar en cualquier intento de subvertir las elecciones, los fiscales afirman que los aliados de Bolsonaro abandonaron abruptamente sus planes.
Dos días antes del final de su mandato presidencial, Bolsonaro voló a Florida. Rompiendo con la tradición, no entregaría la banda presidencial a Lula al jurar el cargo el 1 de enero de 2023.
Los partidarios de Bolsonaro, sin embargo, no abandonarían la lucha.
Una semana después de que Lula jurara su cargo, asaltaron las oficinas presidenciales, el Supremo Tribunal y el Congreso de Brasil en un motín destructivo que recordó el asalto al Capitolio estadounidense dos años antes.
Tras horas de caos, el ejército llegó finalmente y comenzó a detener a los alborotadores.
En Estados Unidos, Bolsonaro permaneció en silencio durante horas. Cuando finalmente habló, condenó la destrucción pero rechazó cualquier responsabilidad. Dijo que siempre había actuado “dentro de las líneas de la Constitución”.
*Flávia Milhorance y Lis Moriconi colaboraron con investigación.
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