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Si bien las detenciones de migrantes irregulares (de todas nacionalidades) en la frontera sur de Estados Unidos siguen en niveles relativamente bajos, pues estos números no se veían desde comienzos de año, las cifras más recientes, las del mes de julio, muestran un leve repunte. Esto podría empezar a confirmar lo que algunas voces han temido: que la reducción de los cruces irregulares, registrada tras el fin del Título 42, no es muy sostenible.
En el séptimo mes de 2023, se registró un total de 183.503 “encuentros”, una categoría utilizada por la autoridad migratoria y que incluye los procedimientos que derivaron en detenciones y expulsiones del país.
Esto significa una reducción de más de 8 % respecto al mismo mes del año anterior y de casi 14 % respecto a los últimos registros bajo el Título 42, una norma puesta en marcha durante el gobierno de Donald Trump que, bajo argumentos sanitarios, permitía la expulsión exprés de migrantes, pero que fue desmontada por el gobierno de Joe Biden el pasado mes de mayo.
Pero, aunque para lo que va del año fiscal (octubre-septiembre), que es el lapso medido por la autoridad migratoria, el total de encuentros se mantiene prácticamente igual, en el caso específico de los colombianos el aumento es considerable, con un total de 136.950 encuentros, en comparación con los 97.868 del mismo periodo de 2022.
Si bien las cifras para junio y julio (ver gráfico) están por debajo del promedio mensual del año fiscal 2023 (que ronda los 15.000 encuentros), y a pesar de que la variación interanual (al comparar julio de este año con el del año pasado) muestra un leve descenso, la tendencia vuelve a estar al alza al mirar el mes pasado frente al mes de junio de 2023.
Todo esto, al tiempo que la autoridad migratoria de Panamá ha reportado récords en los cruces por el Tapón del Darién, en la frontera entre ese país y Colombia. Según datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más del 90 % de las personas que toman esta ruta migratoria tienen como destino final Estados Unidos.
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Hasta julio, según el gobierno de Panamá, un total de 248.901 migrantes habían cruzado irregularmente el Darién, cifra que supera la cantidad récord de personas que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado.
La mayoría de quienes cruzan son venezolanos (136.650), seguidos de los ecuatorianos (34.357), los haitianos (34.082), los colombianos (8.183) y los indios (3.299).
En 2022, 248.284 migrantes atravesaron la peligrosa selva, lo cual ya era un “récord histórico”, mientras que para este año se espera que más de 400.000 migrantes pasen por allí.
“Las cifras [en Panamá] muestran un notable aumento en los flujos migratorios, lo que sugiere que los ajustes en la política migratoria de los Estados Unidos podrían haber redirigido solo temporalmente el movimiento de los migrantes”, estima Diego Chaves González, gerente sénior para América Latina y el Caribe del MPI (Migration Policy Institute).
Pese a que, según él, la administración de Biden tiene la oportunidad de formular “soluciones más sólidas”, también es cierto que “la posibilidad de que muchos migrantes retomen pronto sus intentos de cruzar la frontera indica que las dinámicas de migración siguen siendo complejas y variadas”.
Aunque reconoce que no es la única ruta para llegar a Estados Unidos, señala que “en América Central está ocurriendo una especie de acumulación de migrantes que están evaluando sus opciones para cruzar hacia los Estados Unidos”.
En esta coyuntura, el papel de México como una suerte de barrera de contención también ha sido clave. A principios de julio, Simon Romero, Miriam Jordan y Emiliano Rodríguez Mega, para The New York Times, ya reportaban la relativa e insospechada tranquilidad que se vivía en la frontera binacional y que no solo era resultado del fin del Título 42, sino “de las duras medidas que ha tomado México para disuadir a los migrantes de aglomerarse a lo largo de la frontera, y que incluyen transportarlos a lugares en el interior del país”.
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Ahora, como destaca Chaves, “los datos recopilados en el mes de julio muestran un notable incremento en los flujos de personas hacia la frontera entre Estados Unidos y México. En un análisis más detallado, se evidencia que las cifras correspondientes a México también han registrado un aumento en los flujos durante los meses de mayo y junio. Esto señala una complejidad en el panorama migratorio, ya que, aunque los flujos hayan experimentado una disminución en la frontera, más personas han ingresado al territorio mexicano durante los meses anteriores”.
Con el desmonte de la norma sanitaria, vale la pena recordar, regresó el Título 8, la ley migratoria que se aplicaba antes de la llegada del covid-19 y cuyas sanciones por intentar cruzar de forma irregular son más severas que las del Título 42. Por ejemplo, se puede prohibir el reingreso por al menos cinco años y las personas pueden enfrentar un procesamiento penal ante intentos reiterados de cruce irregular.
Asimismo, se implementó la aplicación CBP One, disponible para migrantes en México, que permite que las personas programen citas de admisión antes de presentarse en un puerto fronterizo.
“Estas medidas han convertido a México en una suerte de antesala de procesamiento para aquellos migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. La aplicación de estas estrategias ha alterado la dinámica migratoria, reorientando el flujo hacia México, donde las personas pueden quedar a la espera de oportunidades para avanzar hacia el norte”, agrega Chaves.
Al tiempo, países como Colombia, Guatemala y Costa Rica se han vuelto claves para la gestión migratoria de Estados Unidos.
Estos países han sido escogidos para ser sedes de Oficinas de Movilidad Segura, cuyo objetivo, según la página oficial del programa, es “dirigir a las personas refugiadas y migrantes a las rutas legales, y ayudarles a evitar riesgos asociados a la movilidad humana”.
En Colombia, la iniciativa busca procesar, con el apoyo de Acnur y la OIM, solicitudes de ciudadanos venezolanos, haitianos o cubanos (es decir, no colombianos), que para el 11 de junio de este año ya estuvieran en territorio colombiano.
La idea es que estos centros, ubicados en Cali, Soacha y Medellín, sirvan para procesar solicitudes de personas de esas nacionalidades que quieran migrar a Estados Unidos y que, surtiendo el proceso (con cita previa por la página web), pueden ser “consideradas para programas de admisión de refugiados y humanitarios, y otras vías de admisión legal a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades”.
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De acuerdo con información citada por la AFP, hasta el 10 de agosto “más de 19.000 personas se han registrado en Colombia y Guatemala”, y en Costa Rica Acnur tuvo acceso “a 4.500 personas, de las cuales más de 1.300 fueron remitidas al programa de refugiados”.
Para Diego Chaves, estrategias como esta “se han establecido como una respuesta a la compleja situación de movilidad humana en la región”. Sin embargo, “los esfuerzos gubernamentales para fortalecer los procesos de integración han sido vacilantes en el último año. Esta falta de cohesión en la respuesta regional puede ser atribuida a la complejidad política y social que rodea a la migración, lo que a su vez influye en la percepción de las SMO (Oficinas de Movilidad Segura)”.
Explica que la percepción de que las SMO solo benefician a Estados Unidos es precisamente una “de las principales barreras para la implementación efectiva de estas oficinas”. Y agrega: “La falta de capital político para la implementación de esta estrategia dificulta el respaldo y la cooperación necesarios para que estas iniciativas tengan un impacto significativo en la región. Además, no hay que olvidar que se están dando en años electorales, con elecciones en países como Colombia, Guatemala, Panamá y Ecuador, cosa que dificulta su implementación”.
A pesar de todo, no deja de señalar el potencial que tienen este tipo de estrategias, y que va más allá de la gestión migratoria. “Se vislumbra la posibilidad de vincular la migración con importantes iniciativas de desarrollo regional. Por ejemplo, se podría establecer una conexión entre este sistema y la creciente demanda de mano de obra en el sector privado estadounidense. Esto podría resultar en opciones de acceso regular hacia los Estados Unidos, ya sea de manera temporal, semipermanente o permanente, generando beneficios tanto para los países de origen como para los receptores”.
Resalta, finalmente, la importancia de un enfoque de largo plazo en esta materia que trascienda los gobiernos. “Esto implica una colaboración activa entre la sociedad civil, el sector privado y las agencias de cooperación, con el objetivo de avanzar hacia objetivos societales más amplios. Las SMO son solo una parte del rompecabezas, y su éxito dependerá en gran medida de la colaboración y el compromiso de todas las partes involucradas en la construcción de un futuro más estable y próspero para la región”.
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