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Sugey Amaya pasa la mayor parte de sus noches afuera de un cine que ha sido convertido en un centro de detención para personas que entran o salen del saturado sistema penitenciario de El Salvador.
Mientras su madre cuida de sus hijos, ella espera a que los reclusos salgan del centro penitenciario, situado a las afueras de San Salvador, la capital.
Amaya, de 29 años, se ha convertido en una figura habitual en el centro, conocido como El Penalito, donde recoge a hombres a quienes no se les permite marcharse a menos que alguien vaya a buscarlos.
Como sucede con muchos salvadoreños, Amaya entró en contacto por primera vez con el sistema penitenciario hace cuatro años, cuando el gobierno de El Salvador declaró el estado de emergencia para tomar medidas drásticas contra las violentas pandillas del país, grupos como la MS-13 que aterrorizaban a los salvadoreños y se habían hecho famosos en todo el mundo.
En virtud del régimen de excepción, declarado durante la presidencia de Nayib Bukele, se ordenó a las fuerzas de seguridad que llevaran a cabo detenciones masivas y, en cuestión de meses, decenas de miles de personas se encontraban bajo custodia.
El año pasado, algunos funcionarios de policía dijeron que se habían visto sometidos a intensas presiones para cumplir las cuotas y que habían recurrido a pruebas poco sólidas para efectuar las detenciones. Dijeron que creían que las personas inocentes que eran detenidas serían puestas en libertad más tarde. Sin embargo, según las autoridades salvadoreñas, menos de 10.000 de las aproximadamente 90.000 personas encarceladas desde 2022 han sido puestas en libertad.
Bukele ha atribuido a su represión el mérito de haber provocado un cambio asombroso en El Salvador, que pasó de ser uno de los países más peligrosos de América Latina a uno en el que la gente se sentía más segura, según los sondeos de opinión de Gallup.
En la actualidad, el país tiene una de las tasas de encarcelamiento más elevadas del mundo, según Human Rights Watch, con aproximadamente el 2 por ciento de su población de seis millones de personas recluidas, es decir, 1 de cada 50 personas.
Los salvadoreños afirman que sus vidas cambiaron con el régimen de excepción: podían administrar sus negocios sin sufrir extorsiones y comprar en las tiendas por la noche.
Amaya se mudó en 2022 a una pequeña casa ubicada en las afueras de San Salvador que, según le habían dicho, había estado ocupada por miembros de una banda.
Pero su querido hermano, la persona a quien estaba más unida, había desaparecido. Según dijo, Alexis Amaya fue detenido en julio de 2022 cuando se dirigía a su casa después de trabajar en una pizzería Papa John’s. En aquel momento él tenía 24 años.
Amaya se enteró de que lo habían acusado de pertenecer a una pandilla y lo habían enviado a prisión, donde permanece: una historia común para muchas personas que pertenecen a las clases pobres de El Salvador.
Muchas familias han visto cómo más de uno de sus hijos ha terminado en prisión bajo el régimen de excepción. Algunas no saben exactamente dónde se encuentran sus seres queridos: por lo general, a los presos no se les permite mantener contacto con sus familiares —ni llamadas telefónicas, ni visitas, ni cartas ni correos electrónicos—.
Las detenciones masivas también han incrementado la población carcelaria por encima de la capacidad del gobierno para proporcionar incluso servicios básicos a los reclusos, según afirman los grupos de defensa de derechos humanos, desde la atención médica hasta la alimentación.
Se sabe que las raciones de las prisiones son escasas, por lo que las familias que pueden permitírselo compran comida extra para garantizar la alimentación de sus seres queridos. En las tiendas cercanas a las prisiones, pueden comprar alimentos ricos en calorías para entregar a los guardias, junto con suministros básicos como papel higiénico o pasta de dientes.
Algunos salvadoreños viajan horas para llegar a las prisiones donde están detenidos sus seres queridos con el único fin de comprarles comida. Muchas familias dicen que han vendido posesiones —una motocicleta, una vaca— para pagar los paquetes de comida y suministros.
Cuando el hermano de Amaya desapareció en 2022, ella fue a El Penalito, el centro de detención de la capital, solo para que le dijeran que lo habían trasladado a una enorme prisión conocida como Mariona.
Mientras Amaya buscaba frenéticamente información sobre su hermano, se enteró de que no se liberaba a los presos de El Penalito si no había nadie allí para recibirlos.
El gobierno salvadoreño no respondió a las preguntas sobre la base legal para mantener a los presos detenidos, pero los grupos de derechos humanos afirman que Bukele ha concedido a las autoridades amplia discreción sobre las personas que pueden ser liberadas.
Sin pensárselo demasiado, Amaya empezó a firmar por desconocidos, y luego los llevaba a un puesto de ropa de segunda mano para que se cambiaran las camisetas blancas, los pantalones cortos y las sandalias de caucho que les habían dado en la cárcel.
Luego se aseguraba de que regresaran a sus casas.
Esa rutina se convirtió en su vida.
Los hombres salen de El Penalito con los papeles de su liberación enrollados en la mano, dijo. No tienen dinero. Muchos están desorientados tras pasar meses o años en prisión.
Según contó, un hombre que había estado viviendo en Boston regresó a El Salvador para visitar a unos familiares cuando fue detenido y acusado de posesión de documentos falsos; llevaba casi dos años recluido.
No le resultó fácil encontrar el camino a casa. Era más de medianoche cuando Amaya finalmente lo dejó en Apastepeque, una localidad situada a unos 65 kilómetros de la capital.
A menudo, los hombres se sorprenden por su generosidad, dijo Amaya.
Un hombre de 35 años que pidió que lo identificaran como Josué, su nombre de pila, salió de la cárcel a eso de las 3:00 a. m. de un verano de 2023 y no tenía familiares que lo recibieran.
Cuando vio a Amaya —que mide 1,45 metros y pesa menos de 45 kilos—, le pareció como si se le hubiera aparecido “un ángel”, dijo.
A veces, los reclusos no tienen adónde ir. Durante un tiempo, Amaya dejó que esos hombres pasaran la noche en su casa, hasta que unos familiares le advirtieron que podía ser arriesgado para ella y sus hijos.
Nunca pregunta a los presos liberados cuándo o por qué estuvieron encarcelados. No le importa, dijo.
“Veo el rostro de mi hermano en ellos”, dijo.
La labor de Amaya se ha convertido en un trabajo a tiempo completo.
Dijo que se las arregla con las donaciones que recibe de las familias de las personas que estuvieron presas. Los fondos cubren sus costos de viaje, la ropa que les compra a los hombres, y un bocadillo para comer de regreso a casa.
También se ha hecho muy conocida entre las familias que viven lejos de las prisiones donde están recluidos sus seres queridos, incluso tan lejos como Estados Unidos.
Algunos le envían dinero para comprar paquetes de comida para sus familiares porque no pueden entregarlos ellos mismos.
En la actualidad, Amaya cursa estudios de derecho, un camino en el que, según dijo, se ha visto influida por todo lo que ha presenciado. Pero al anochecer, la mayoría de las noches, suele estar afuera de El Penalito.
Ha perdido la cuenta de cuántos presos ha llevado a casa. En una bolsa lleva cientos de papelitos con nombres y números de preso.
Representan los últimos cuatro años.
Cuando los empleados de la prisión le preguntan por qué regresa una y otra vez, aunque nunca le digan el nombre de su hermano, Amaya responde siempre lo mismo.
“A los que me quedan les pregunto: ¿de qué sector vienen ? ¿De qué celda viene? ¿Cómo los tratan ahí adentro? ¿Qué es lo que hacen dentro? Eso me ayuda a entender cuál es la realidad que vive mi hermano”, dijo.
Y sigue teniendo fe en que, algún día, será Alexis quien salga.
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