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Según se informó, este viernes en la tarde quedaron en libertad cuatro de los ocho colombianos detenidos en Venezuela. De acuerdo con Caracol Radio, éstos se dirigen a la ciudad de Cúcuta, donde se espera que den a conocer pormenores de su detención y posterior puesta en libertad.
Entre tanto, la Defensora del Pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, indicó que fotografías de las cámaras de los colombianos detenidos recientemente por presunto espionaje avalan la apertura en su contra de un proceso ajustado a la ley venezolana.
"Tenían fotografías de pilotajes de puentes, depósitos de combustible, uniformes y funcionarios uniformados como la Guardia Nacional, instalaciones eléctricas y torres de telecomunicaciones", dijo Ramírez al canal estatal Venezolana de Televisión.
"Es extraño que habiendo recorrido el estado Anzoátegui hayan tomado fotos de esas instalaciones y no haya ninguna de sus playas y sus paisajes turísticos", dijo Ramírez en respuesta a la afirmación del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de que los detenidos son turistas.
La defensora afirmó que los detenidos han recibido un trato digno, se les han respetado sus derechos y han tenido comunicación con el consulado y con sus familias. "Han dejado constancia en actas de que han tenido un trato digno, han dispuesto de servicio medico y han expresado que conocen los motivos por los que han sido privados de libertad", manifestó la Defensora.
Por ello, Ramírez criticó y rechazó las declaraciones de Uribe y del Defensor del Pueblo de Colombia en las que sugieren que los derechos humanos de los detenidos podrían no haber sido respetados. La defensora consideró esas palabras "tendenciosas e interesadas"y consideró que con ellas se busca "encubrir"la realidad "con un discurso hipócrita sobre derechos humanos".
Ramírez se quejó de que el Gobierno colombiano no invocó la cooperación con un país hermano para resolver el problema sino que acudió directamente a "instancias internacionales que han demostrado una parcialidad manifiesta en contra de nuestro país".
Afirmó que con ello, Colombia intenta "engordar la campaña que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) despuntó recientemente con su informe sobre Venezuela". Ramírez aseguró que los detenidos tendrán garantizado "un juicio justo y el derecho a la defensa".
Igualmente, se refirió a unas declaraciones del defensor colombiano en las que dijo que los detenidos son 20 y no ocho. "Está mezclando el grupo de 13 detenidos en Río Chico a los que se les incautó un importante arsenal de guerra", dijo la defensora del Pueblo.
Aseguró que hay "sospechas muy bien fundadas"de penetración de grupos paramilitares con propósitos "desestabilizadores". Recordó el caso ocurrido en 2003 cuando unos 200 colombianos con uniformes militares de combate fueron detenidos en un campamento irregular en las afueras de Caracas.
Ramírez dijo que "en esa oportunidad fue la primera vez en el planeta que se aplicó el "Protocolo Facultativo de Participación de Niños en Conflictos Armados". Entre el grupo de detenidos había varios menores de edad y fueron devueltos a Colombia, "donde fueron reclutados y enviados a Venezuela sin respetar sus derechos".
Por otra parte, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, dijo que "se han recabado otros indicios más graves aún de los que ya teníamos (fotografías) sobre un plan "contra la seguridad del pueblo venezolano".
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