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Ha pasado casi un mes desde que el régimen de Miguel Díaz-Canel anunció el fin del proceso de excarcelación de más de 500 presos “sentenciados por diversos delitos” en el marco de la negociación realizada en enero, en triangulación con el Vaticano y la administración de Joe Biden en Estados Unidos.
En ese entonces, como parte del acuerdo que implicó la salida de la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo, se acordó liberar presos condenados por motivos políticos; y, aunque esta medida duró menos de una semana por el regreso de Donald Trump (el 20 de enero), que la revirtió, Cuba sí liberó a los presos. Distintas organizaciones han cuestionado, no obstante, qué presos y en qué condiciones fueron liberados.
“323 de los 553 excarcelados por el régimen eran delincuentes comunes a quienes se quiso hacer pasar por presos políticos. El fraude fue confirmado por un estudio exhaustivo que también demostró que más del 85 % de los 230 presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto. Fueron retenidos en prisión durante meses o años, en contra de las propias leyes de Cuba, con el fin de vender sus liberaciones. Mientras tanto, el régimen sigue encarcelando, cada mes, a nuevos inocentes”, explicó este jueves la ONG Prisioners Defenders en un informe sobre la situación de los presos políticos en Cuba.
De ese grupo de 230, uno de los nombres más destacados es el de José Daniel Ferrer, defensor de derechos humanos y preso desde 2021. Desde su regreso a casa en Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, ha retomado, junto a su esposa —médica de profesión—, la labor de brindar asistencia a la población de esta región.
“Lo primero que compruebo, que corroboro, es que la población en Cuba, que sobrevive con salarios o pensiones míseras, se está muriendo, literalmente, de hambre. Lo primero que encuentro es que muchos ancianos, niños, mujeres solteras sin recursos para mantener a tres o cuatro hijos —e incluso nietos— están desnutridos, pésimamente alimentados, con enfermedades en la piel por falta de jabón para bañarse, con múltiples dolencias y sin acceso a medicamentos ni a la atención médica necesaria. Inmediatamente, junto con mi esposa y un grupo de colaboradores, logramos atraer la atención de una veintena de personas dispuestas a ayudar y comenzamos a ofrecer un plato de comida y atención médica básica”, explica Ferrer a El Espectador.
Esta brigada, por llamarla de alguna forma, compuesta en su totalidad por miembros de la sociedad civil, empezó atendiendo a una decena de personas al día en todo Santiago y sus alrededores, hasta aumentar a casi 500, y terminó de atender recientemente a más de 1.200 personas diarias, según el relato de Ferrer. Para ello, tuvieron que alquilar un auto para movilizarse y trasladar a los enfermos, dado que en esa zona de la isla faltaban ambulancias.
Sin embargo, desde su excarcelación, Ferrer ha denunciado un aparato de control que rodea su entorno en Santiago: personas que están constantemente vigilando quién entra y sale de su casa, entre otras presiones. Esto es algo que también denuncia Prisioners Defenders: “230 presos políticos fueron excarcelados bajo las draconianas condiciones de un régimen carcelario-domiciliar, manteniendo sus condenas intactas y sometiéndolos a gravísimas situaciones de coarto de sus libertades fundamentales, de movimiento y, además, a trabajos forzosos en muchos casos”.
El activista denuncia que esta política se trasladó a su actividad humanitaria tan pronto fue detectada por las fuerzas del régimen, con detenciones de colaboradores y amenazas tanto a ellos como a la población atendida. “Amenazas de prisión, robos de dinero, de alimentos y de utensilios de cocina. Nos han robado; les han quitado cosas a las personas que los traían hasta aquí. Porque, a medida que el reto de alimentar a un número creciente de personas nos obligaba a buscar más —más platos, más cucharas, más ollas, calderos, más combustible, más alimentos—, comenzaron a manifestarse este tipo de represalias: detenciones, amenazas, confiscaciones. Incluso han llegado a amenazar a las madres con quitarles a sus hijos, llevárselos a un hogar y decirles que ellas terminarán en prisión. Algo que podemos asegurar es que se trata, claramente, de un mecanismo de terrorismo”, continúa.
Es por ello que hizo un llamado a toda la comunidad internacional para que presencie de primera mano lo que él llama un bloqueo: “El régimen llama bloqueo al embargo estadounidense, pero si vamos a hablar de bloqueo, el verdadero es el que nos han impuesto a nosotros para impedir que alimentemos a personas a las que el propio régimen está matando, literalmente, de hambre y de enfermedades.”
Sobre iniciativas similares a la suya, Ferrer reconoce a una estatal que cuenta con respaldo oficial en La Habana, por lo que duda que ésta enfrente trabas como con las que lidia el equipo que él lidera. Mientras tanto, lejos de aplacarse, la cifra de presos políticos en la isla sigue en aumento. Prisioners Defenders reporta la detención de ocho nuevos presos políticos en marzo, resaltando los casos de Sergey Pozo Tagle, Yamislán Pozo Águila y Yaser García López, todos tres apresados por el delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Este último, según la ONG, realizó “publicaciones en redes sociales en favor de los derechos humanos y contrarias a las políticas del Gobierno de Cuba”. Por un delito similar, la agencia EFE reseñó en marzo la detención de Alexander Mario Fábregas, condenado a siete años de prisión por el mismo delito.
“He oído de varios casos en los que ya han sido advertidos y amenazados: si publican lo más mínimo en las redes sociales —principalmente en Facebook, que es donde más publican los cubanos desde dentro—, serán encarcelados”, confirma Ferrer en relación con las detenciones por estos delitos. En total, según Prisioners Defenders, hoy existen en Cuba 1.152 presos políticos.
La ONG destaca que incluso uno de los 230 liberados inicialmente ya regresó a prisión por una presunta negativa a cooperar con el gobierno de Díaz-Canel. “Jaime Rodríguez Firdó fue trasladado (el 1 de abril) a la Unidad Policial de Capri, en La Habana, y posteriormente a la prisión El Vivac, y más tarde a la prisión 1580. Durante su excarcelación, fue citado en múltiples ocasiones por el oficial de seguridad del Estado, conocido como ‘Ariel’, con el objetivo de forzarle a colaborar”, relatan.
Ferrer sabe que, en cualquier momento, su suerte podría ser la misma, lo que representaría su cuarta encarcelación por su actividad política y humanitaria. Al ser preguntado sobre esta posibilidad, cita principios cristianos y pasajes de la Biblia que le hacen imposible no prestar ayuda a su comunidad.
“Seguiré luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar del pueblo cubano. Y, sobre todo, por la vida de los más necesitados en las calles de Santiago y de toda Cuba. Voy a seguir haciéndolo, incluso desde una prisión, aunque vuelva a estar confinado en una celda en solitario durante dos, tres o cinco años. No creo que el régimen dure tanto tiempo. Pero, incluso si así fuera, desde allí seguiré alzando mi voz para decir: libertad, democracia y bienestar para mi pueblo, y para todos los pueblos de América”, concluye.
Mientras tanto, esta misma semana, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch pidieron al Parlamento Europeo condenar la “desesperada” situación de los derechos humanos en la isla. “El Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior tienen un papel fundamental que desempeñar; deben liderar. Pedimos al Parlamento que condene vigorosamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y se oponga a las sanciones amplias que perjudican a la población”, declaró el subdirector para las Américas, Juan Pappier. El gobierno cubano no ha respondido a ninguna de las denuncias, ni frente a las condenas de los nuevos presos políticos.
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Por Hugo Santiago Caro
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