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No es la primera vez que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emula las tendencias autoritarias de otros líderes, como Nayib Bukele y Donald Trump. Esta vez se vio con el traslado de entre 600 y 800 presos colombianos deportados hacia Colombia con estrictas medidas de seguridad. Es una tendencia que se viene presentando desde que llegó a la Presidencia en 2023, con cruzadas como la intención de replicar la megacárcel de El Salvador en Archidona, en plena Amazonia de Ecuador.
Claro, otras medidas como la militarización del país son comprensibles ante la guerra interna que declaró el presidente contra las pandillas ecuatorianas. En este contexto fue extraditado a EE. UU. este mismo mes alias “Fito”, líder de la banda Los Choneros. Pero también queda el cuestionamiento de la medida ante hechos como la desaparición y el asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, después de ser detenidos horas antes por agentes militares. Este suceso fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También se ve reflejado en la tendencia unilateral de la decisión, que causó una nota de protesta del Gobierno colombiano por la falta de coordinación. Y, aunque Ecuador alega que desde el 8 de julio se notificó a Bogotá, en medios se cuestionó la preparación para este escenario diplomático de la cónsul en Quito, Paula Andrea Perdomo, y la embajadora en Ecuador, María Antonia Velasco, desde el Gobierno, alegan falsedad a ambas posturas.
“No podían estar preparados. El 8 de julio nos llega una comunicación de que van a deportar, y nos llegan, no sé, 300 expedientes (cifra inferior a los más de 600 deportados). Cuando el Consulado recibe la información, lo que hace es preparar esa llegada y les pide a las autoridades ecuatorianas una cita para coordinar la entrada de esas personas, que debe ser gradual. ¿Por qué? Porque hay que mirar con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, si esas personas tienen procesos abiertos en Colombia y, pues, insisto no se puede recibir a un número de deportados así, de un momento a otro”, explica a El Espectador el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.
El funcionario insiste, sin embargo, que el problema no es la notificación o falta de ella, sino la falta de coordinación y los protocolos no cumplidos. Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales, en la frontera, anticipó durante el fin de semana que se espera que los deportados sean más de 1.000.
La reafirmación del mensaje de Noboa
Ahora, Ecuador ya había avisado desde 2024 que planeaba sacar de su país a más de 3.000 presos colombianos de sus cárceles en medio de la crisis carcelaria y de orden público que enfrentan. El hecho de materializar esta advertencia no es otra cosa que reafirmar la postura de Noboa. En palabras de Juan Federico Pino, analista y docente de la Universidad Flacso de Ecuador, es “propio de un discurso militarista”.
No obstante, Manuel Camilo González, analista y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, resalta la complicada carga de xenofobia del mensaje del presidente Noboa. “Es estigmatizar una nacionalidad asociándola con la inseguridad para justificar este tipo de medidas como una forma de levantar el apoyo a nivel interno desde una especie de nacionalismo punitivo”, afirma.
La tensión con Colombia
Para Pino es clave que esta acción del gobierno Noboa debe ser leída en un marco de política exterior y, en especial, como un mensaje de “autonomía”: “Muestra cierta autonomía, independencia y que también puede tomar acciones que repercutan en su gobernabilidad y hacia el nivel interno. No es que todas estas medidas que Ecuador toma, cuando se dan en el margen con países más grandes, tengan poca relevancia; al contrario, tienen alta rentabilidad interna, porque para el gobierno es muy importante hacer ver que, a pesar de que Ecuador sea un país pequeño, puede tener relaciones de tú a tú con países más grandes”.
Este es solo un episodio más de la tensión que habitan los países vecinos, que han tenido acercamientos y distanciamientos bastante frecuentes, como el apoyo ideológico de Petro a Luisa González, candidata del correísmo que fue derrotada por Noboa en las elecciones presidenciales de este año, y acercamientos como la negociación para proveer energía eléctrica a Ecuador en medio de la crisis de los apagones en este país.
Pino resalta que este aspecto será clave en épocas de sequía, especialmente entre agosto y octubre, por lo que a Ecuador no le conviene distanciarse por completo de su “principal proveedor de energía”. “Colombia ya aprendió, paradójicamente, con los gobiernos de derecha, que alejarse y romper relaciones con un vecino es muy costoso, porque se comparte una frontera muy grande, con grandes flujos nacionales del crimen organizado, y si no hay un mínimo de cooperación, se pierde mucho”, continúa.
¿Se volverá la norma?
Ecuador prometió más de 3.000 deportaciones, por lo que cabe preguntarse si esto seguirá siendo una constante en los siguientes meses. También si esta metodología se va a prolongar a la gestión de otros fenómenos como la migración.
En concreto, Manuel González plantea la preocupación sobre la “criminalización del migrante”: “Ya ha tenido uso en otros países como Estados Unidos o El Salvador. Ecuador solo está siguiendo sus pasos. Mediatiza este tipo de medidas extraordinarias como una forma de confrontar la narrativa opuesta de que a pesar de la militarización hay más inseguridad”. González concluye advirtiendo que estas medidas pueden ser efectivas a corto plazo, pero el riesgo es alto de cara a una solución permanente.
“Continuar con este tipo de medidas puede profundizar el desencuentro de varios gobiernos en la materia, lo cual puede ser beneficioso para el apoyo político del gobernante de turno, pero no necesariamente refleja resultados tangibles para derrotar la criminalidad”, cierra.
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Por Hugo Santiago Caro
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