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Mientras en Europa se aprestan a discutir una propuesta que reconozca los derechos de trabajadores de plataformas como Uber, Didi, Deliveroo, seis iniciativas introducidas en el Congreso mexicano no terminan de avanzar.
Las propuestas buscan que tanto domiciliarios como conductores sean reconocidos como trabajadores para que gocen de derechos plenos, como seguridad social, vacaciones y aguinaldo, mientras que las firmas serían catalogadas como empleadoras con todas las obligaciones que ello implica.
En Ciudad de México, con muletas y una prótesis en la pierna izquierda, Víctor, de 33 años, sigue llevando comida a domicilio tras sufrir el 13 de diciembre de 2020 un accidente que resultó en una amputación en la rodilla.
“Iba en moto. Ahí termina lo que yo me acuerdo. Desperté el viernes. No recordaba nada. Fue una ambulancia que iba en el sentido contrario”, dice este joven a la AFP en medio de llamadas de un restaurante para llevar un pedido.
“Después de mi accidente no recibí apoyo de nadie, ni del gobierno, ni de la ambulancia que me atropello, ni de su seguro. Los gastos fueron pagados por mi familia y yo”, lamenta Víctor.
Aun cuando el accidente no ocurrió cuando entregaba un servicio, Víctor se ha convertido en una figura mediática del movimiento “Ni un repartidor menos”, que reclama que estos mensajeros sean reconocidos como trabajadores con todos sus derechos, sobre todo en materia de seguridad.
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“Hablamos de 56 compañeros muertos de marzo del 2020 a lo que va de este año, 52 han fallecido en hechos viales y cuatro fueron asesinados o apuñalados”, afirma Saúl Gómez, uno de los fundadores del colectivo.
En cuestión de horas, “Ni un repartidor menos” sumó la víctima 57, documentada con imágenes. Como ocurre con este tipo de reivindicaciones, es difícil confirmar las cifras de fuente independiente.
La capital de México es una ciudad peligrosa para andar en dos ruedas pese a que se han trazado carriles exclusivos para bicicletas en distintas zonas.
Prueba de ello es que el pasado domingo un conductor alcoholizado arrolló a un veintenar de ciclistas que iban en peregrinación a la Basílica de Guadalupe. El colectivo denunció el atropellamiento con el apoyo de impresionantes imágenes del momento, difundidas ampliamente por medios locales.
Una docena de ciclistas tuvieron que ser hospitalizados y el conductor y su acompañante fueron detenidos. “Primero pedimos seguridad vial”, señala Saúl.
Secuestrada
“Ni un repartidor menos”, de reciente creación, ha realizado distintas movilizaciones, como un plantón ante el Palacio Nacional, sede del gobierno federal, y un memorial en honor de Miguel Albarrán, repartidor de 30 años quién perdió la vida en un accidente de tránsito cerca del museo de Frida-Kahlo, en el sur.
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El conductor que lo arrolló estaba alcoholizado, denuncia Gómez ante una mochila blanca atada a un árbol. “Esto no puede quedar impune”, reclama.
Otros peligros amenazan a los repartidores de esta caótica ciudad en la que viven entre nueve y diez millones de habitantes y el doble si se suman municipios metropolitanos.
Una joven de 34 años que se presenta como una actriz desempleada afirma que en 2020, cuando empezó la pandemia, fue secuestrada durante una entrega en el exclusivo sector de Polanco.
“Es una persona que tiene mucho dinero e influencia”, cuenta la joven. “Me ofrecía trabajo. Era el gancho para que yo entrara en su departamento. Le dije que no”, señala, al asegurar que la amenazó de muerte.
“La plataforma no hizo absolutamente nada. No lo denuncié porque las autoridades en México no hacen nada”, añade la joven al lamentar que en las aplicaciones de los servicios no exista un canal para que los repartidores se quejen de clientes abusivos.
“No lo denuncié porque las autoridades en México no hacen nada”, manifiesta suspirando. “Es una persona que tiene mucho dinero e influencia”.
Ante la ausencia de una denuncia, resulta imposible confirmar la versión con autoridades.
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En marzo de 2020, cuando inició la pandemia y se multiplicaron los pedidos en las plataformas, la firma de seguridad Grupo Alfa alertó en un comunicado que los repartidores eran secuestrados por delincuentes que los obligaban a revelar datos de los clientes, que se convertían en potencial blanco de los criminales.
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