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Ecuador vive una delicada situación de seguridad que ha vuelto al primer plano por hechos ocurridos en días recientes, como el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta, capital comercial de la provincia de Manabí, y una nueva masacre carcelaria que dejó al menos 31 reclusos muertos en Guayaquil.
Todo esto llevó a que el presidente Guillermo Lasso decretara el Estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos y en el cantón Durán, de la provincia de Guayas, cuya capital es el epicentro de la violencia.
Fue precisamente en la Penitenciaría del Litoral donde ocurrió la nueva matanza, que motivó a que el gobierno decretara también el Estado de excepción en todo el sistema carcelario.
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Y aunque continúa la investigación por el asesinato del mandatario local en Manta, Lasso no tardó en mencionar el crimen organizado.
“… El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la deportista Ariana Chancay marca un antes y un después para Ecuador. El crimen organizado pretende imponerse sobre la autoridad, pero nosotros no cedemos…”, trinó Lasso.
Si algo tienen en común la violencia en las prisiones y la disparada de la tasa de homicidios en las calles, del que solía ser uno de los países más tranquilos de la región, es justamente el crimen organizado alrededor del negocio del narcotráfico.
Como explicó a este diario Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la detención de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, líder de la banda de los Choneros (cuya sede principal es Manta), fue uno de los puntos determinantes en la configuración de las cárceles de ese país como el centro del crimen que son hoy.
Zambrano, quien de hecho fue detenido en Bogotá en 2013, siguió manejando sus negocios desde su centro de reclusión en Ecuador.
La división y las disputas entre las bandas, al tiempo que se fortalecía la presencia de los carteles mexicanos en el país, y en Colombia aumentaban los cultivos de coca, han impulsado los sangrientos motines carcelarios, los cuales han persistido tras la muerte de Zambrano, asesinado en 2020 luego de que obtuviera el beneficio de la “prelibertad”.
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Ecuador cerró 2022 con una de las tasas de homicidios más altas del continente, 25,9 por cada 100.000 habitantes, según cálculos de InsightCrime. Solo es superada por Colombia (26,2), Honduras (35,8) y Venezuela (40,4).
Según las autoridades, la mayoría de ese aumento ha estado relacionado con las pugnas entre las organizaciones que se disputan el negocio de distribución y exportación de cocaína.
En este contexto, más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 20 de agosto, para votar en unas elecciones que se adelantaron a causa de la “muerte cruzada” de Guillermo Lasso.
No solo se escogerá al presidente o la presidenta y a su fórmula, sino a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, para que ejerzan las funciones correspondientes hasta que termine el actual período, en 2025.
¿La “bukelización” de la política?
El peso que tiene la seguridad en el ambiente electoral podría estar creando unas condiciones propicias para una tendencia a la “bukelización” de la política, o al menos del debate.
En Honduras el asunto ya pasó a la práctica: la presidenta Xiomara Castro decretó el Estado de excepción y militarizó las cárceles para cumplir con su promesa de tomar “medidas drásticas” contra el poder de las pandillas y la violencia carcelaria.
En Ecuador no son solo el Estado de excepción y las fotos que Lasso ha publicado al informar sobre la intervención carcelaria, que se asemejan a las que varias veces ha difundido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostrando a decenas de presos aglomerados, semidesnudos y sometidos. Ya en ocasiones anteriores movidas de Lasso, sobre todo en redes sociales, han sido comparadas con el “estilo Bukele”.
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“El nivel de control criminal en las cárceles de Ecuador es muy grande”, opina Diego Fleitas, máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford y consultor en temas de seguridad. En eso parece coincidir con analistas que hablan de un control criminal en las penitenciarías al nivel de un “Estado paralelo”.
“Habría que ver la realidad de la toma de control de las cárceles que anuncia Lasso”, cuestiona Fleitas en esta ocasión.
“Sí hay una tendencia a intentar emular el modelo del presidente de El Salvador, a la ‘buklelización’, en la forma de aproximarse a los temas de violencia en la región”, opina Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Para ella, recurrir solo a la “mano dura” produce una “pérdida de capacidad de responder con una mirada integral y fomenta el fortalecimiento de visiones autoritarias”.
Según ella, en el debate actual, las posiciones de los candidatos más afines al “estilo Bukele” (en particular Jan Topic, a quien ya lo denominan en los medios como el “Bukele ecuatoriano”) han suavizado sus discursos luego de que en las recientes elecciones locales “esa estrategia no resultara”, en palabras de la funcionaria.
“Si bien han logrado captar a algunos sectores, han tenido que cambiar porque no ha sido recibido como esperaban por los electores”, agrega.
Quienes lideran en las encuestas son la candidata correísta Luisa González y quien fuera el vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner.
Mariano Aguirre, asesor de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert, explica que el modelo en cuestión no es “nuevo en América Latina, pero el presidente Nayib Bukele le añade un factor populista represivo: normalmente las hipercargadas cárceles de la región son miserables e insoportables depósitos de personas excluidas, sin esperanza de reincorporación social, en parte controladas por el crimen organizado”.
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Pero agrega una diferencia sustancial: “Las matanzas, como ha ocurrido recientemente en Ecuador y Honduras, recuerdan de tanto en tanto su terrible existencia. El mandatario salvadoreño en cambio las exhibe, practicando una pornografía punitiva, con el fin de ganar adhesión transversal para sus políticas de control social”.
Sobre el enfoque de las políticas penitenciarias, Aguirre y Andrade parecen coincidir con lo que señaló el informe sobre la disminución de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, citado en Latinoamérica 21 por Aarón Sánchez, vicepresidente del Colegio de Penitenciaristas del Valle de México y participante del informe: lo indispensable que resulta “abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género”, para reducir la reincidencia.
“En relación con el sistema de justicia penal, es fundamental, para reducir la reincidencia, el uso efectivo de medidas no privativas de libertad, las políticas de imposición de penas, el tratamiento en las prisiones, la rehabilitación efectiva y los programas de reinserción social”, agregó Sánchez.
Se trata de un enfoque impopular para muchas personas en tiempos en los que en la opinión pública parece haber una afinidad acaso creciente por enfoques autoritarios o, al menos, de “mano dura”.
Según el Latinobarómetro, citado por Primicias, en Ecuador creció el apoyo al autoritarismo. “El 19 % de los encuestados apoya este estilo de gobierno, frente al 16 % de 2020″, referencia el medio de comunicación.
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