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Explosiones, secuestros de policías, prisioneros desaparecidos, declaratoria de un conflicto armado interno y encapuchados amenazando en vivo a un presentador y al equipo de producción del Canal 10 de la televisión pública: así transcurrieron las primeras 24 horas desde que Daniel Noboa decretó el estado de excepción, luego de una serie de motines carcelarios y de la fuga de ‘Fito’, líder de Los Choneros, sentenciado a 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Las detonaciones ocurrieron en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, pero también en Quito y Cuenca. Los agentes retenidos, que el martes se contaban en al menos cuatro, fueron raptados en la capital y en la ciudad costera de Machala, al suroeste del país. Algo de horror, “uno de los momentos más macabros y violentos de la historia política”, o al menos para Franklin Ramírez. Con atentados, quemas de vehículos y bombas, las bandas criminales dieron señales de su poder y pusieron en zozobra al país. “Aquí nadie durmió”.
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Noboa, recién posesionado en el cargo, envió un mensaje a través de sus redes sociales: “No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos”. Él, que fue elegido en octubre para terminar el período presidencial que Guillermo Lasso dejó inconcluso tras los intentos de juicio político en su contra y luego de apelar a la muerte cruzada, apenas la semana pasada habló de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad al estilo de las de El Salvador. “Para todos los Bukele lovers”, serán igualitas, comentó con algo de sátira: “Si quieren ir, pasear, conocerlas, quedarse una noche, pueden ir. Cometan un crimen”.
La situación de Ecuador tiene raíces un poco más allá del mismo Noboa, incluso de Lasso. En eso coincidieron Igancio Labaqui, analista político, y Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario. Ambos rastrearon indicios de la violencia de hoy en los años de gobierno de Lenín Moreno, sobre todo desde la segunda mitad de su administración, que desembocó en los últimos meses en el asesinato de varios candidatos, entre ellos Fernando Villavicencio, aspirante a la Presidencia. “Desde hace más de treinta años no se veía algo así en América Latina”, mencionó Labaqui, con los magnicidios del mexicano Luis Donaldo Colosio, del PRI, y del colombiano Luis Carlos Galán Sarmiento frescos en su memoria. “La crisis, por tanto, no es novedosa. Lo que estamos viendo es simplemente la continuación de algo que viene de antes, y los motines carcelarios y la desaparición de ‘Fito’ agregan elementos a lo que ya estaba en curso”.
Es, de hecho, la sumatoria de problemas heredados, o al menos eso cree Jarmillo Jassir: “Con Lasso se cometió el error de militarizar las ciudades frente al tema del narcotráfico, y eso, se ha comprobado, no ha funcionado en la región. Además, hay un problema de falta de capacidades en las Fuerzas Armadas para hacerle frente a una amenaza que les ha quedado grande; no estaban acostumbradas a algo así”.
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Ante este panorama, que cada vez es más complejo, otros, como Mariano Aguirre, asesor de la Red de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert, hablaron de la necesidad de encontrar soluciones multidimensionales: “La sociedad está en crisis por el rápido advenimiento del crimen en su interior. Centrarse en más cárceles, algo que va, en general, asociado a bajar los niveles de rendición de cuentas de las fuerzas policiales y darle más papel al Ejército, es una fórmula errada y de corto plazo”. Esa estrategia, reconoció, puede dar una sensación de seguridad, pero no aborda de fondo los problemas que generan criminalidad: exclusión, desigualdad, falta de oportunidades laborales para los jóvenes, participación en el sistema democrático, entre otros.
“Se puso peor la situación”, escribió por chat Ramírez, que es profesor del programa de Sociología Política en la FLACSO, sede Ecuador, y quien mencionó que, en medio de esto, Noboa optó por hacer eco de las ideas securitistas de Jan Topić, excandidato presidencial: mezclar tecnología (reconocimiento facial, uso de satélites y drones, por ejemplo) con mano dura y exhibición de la fuerza, justo cuando el poder político dado a las fuerzas del orden, que viene de la época de Lasso y Moreno, facilitó la penetración del crimen organizado en sectores de la Policía y de las Fuerzas Armadas. “Noboa se subió a este discurso y, además, media la popularidad de Bukele, la buena prensa de su gobierno, el apoyo en las encuestas y en otros países, incluido Ecuador. Ahí fue cuando empezó a anunciar cárceles en altamar y prisiones de alta seguridad, al estilo salvadoreño, que tienen que ver con la espectacularización de los anuncios políticos y de la justicia frente al narcotráfico”.
A la luz de esto, cuando lo más visible para abordar los problemas de seguridad o de violencia es la construcción de cárceles, entran en juego varias preguntas: quiénes son las personas privadas de la libertad y si esas capturas tienen un impacto real en las estructuras criminales; cómo están los niveles de reincidencia, qué otras políticas acompañan esa construcción de cárceles y si esas prisiones están sirviendo para fortalecer los grupos criminales, o al menos así lo ve Catalina Gil Pinzón, consultora independiente en política de drogas, seguridad y género. Este tipo de discurso securitista, según ella, transmite la idea de que se está haciendo algo y, de alguna manera, les permite a ciertos líderes hablar de resultados, aun cuando realmente no haya más seguridad.
Ahora bien, hay diferencias entre una y otra situación. Así lo cree Jarmillo Jassir: “El Salvador es un país más pequeño y tiene una historia de violencia distinta a la de Ecuador, con una guerra civil entre el Frente Farabundo Martí y las fuerzas de seguridad”. Además, Bukele, quien, a propósito de la crisis ecuatoriana, escribió en X, antes Twitter, que “no es soplar y hacer botellas”, se basa en el autoritarismo, puntualizó el docente. En últimas, como concluyó Labaqui, las cárceles en sí no son el problema. La crítica dentro de El Salvador pasa por la violación de garantías procesales y de derechos humanos, como lo han documentado varias organizaciones sociales. “El mayor riesgo es que, a costas de solucionar el problema de la inseguridad, haya abusos y violaciones”.
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