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El Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) ha identificado a 384 estadounidenses nacidos en el extranjero cuya ciudadanía quiere revocar, como parte de una iniciativa para aumentar el ritmo de las desnaturalizaciones asignándoles los casos a fiscales de decenas de fiscalías de todo el país.
Altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington comunicaron a sus colegas durante una reunión celebrada la semana pasada que pronto se asignaría a abogados especializados en litigios civiles de 39 oficinas regionales la tarea de presentar demandas de privación de la nacionalidad contra esas personas, según un funcionario informado del anuncio que no estaba autorizado para hablar oficialmente al respecto. Dos personas que conocen los planes confirmaron la iniciativa general de intensificar las desnaturalizaciones. No quedó claro qué llevó al departamento a centrarse en esas 384 personas.
Según la legislación federal, el gobierno puede pedirle a un tribunal que despoje de la ciudadanía a quien la haya obtenido de manera fraudulenta, por ejemplo, contrayendo un matrimonio simulado u ocultando información sobre su pasado que le habría hecho inelegible. También se puede desnaturalizar a quien cometa delitos. El gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal mediante un procedimiento civil o penal, lo que hace que el proceso sea difícil y lleve mucho tiempo.
Tradicionalmente, los expertos de la oficina de litigios de inmigración del departamento se han ocupado de los casos de desnaturalización. Pero el esfuerzo por reclutar a fiscales regulares para que se ocupen de estos casos podría provocar un aumento de las desnaturalizaciones, que han sido inusuales en las últimas décadas. También se produce pocos meses después de que funcionarios del gobierno de Donald Trump ordenaran a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que remitieran al DOJ más de 200 casos de desnaturalización al mes.
Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que los funcionarios estaban “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia” desde el Departamento de Seguridad Nacional.
“El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”, añadió.
“El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.
La medida indica que el gobierno de Trump pretende cumplir su plan de aumentar el ritmo de las desnaturalizaciones como parte de su ofensiva contra la migración. Es probable que la medida asuste a muchos migrantes naturalizados, ya que el gobierno de Trump ha intentado reducir la migración en general y ha hablado con desdén de los migrantes de determinados países.
“El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”, dijo Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia. “El gobierno ha utilizado este poder en el pasado para perseguir a personas que considera oponentes políticos”.
Entre 2017 y finales del año pasado, el gobierno intentó despojar de su ciudadanía a poco más de 120 estadounidenses naturalizados. Estos casos eran mucho menos frecuentes antes de la elección del presidente Trump, dijo Frost, quien ha escrito sobre la historia de la desnaturalización. Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó 305 casos de desnaturalización, una media de 11 al año.
Las personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses son sometidas a una exhaustiva investigación. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos y responder a preguntas muy variadas sobre su historial de viajes, sus problemas con la ley y sus vínculos con el Partido Comunista. Algunos reúnen los requisitos mediante el matrimonio con ciudadanos estadounidenses al cabo de tres años. Otros reúnen los requisitos tras haber sido titulares de tarjetas verdes durante al menos cinco años. Los pasos finales del proceso de naturalización incluyen la superación de exámenes de educación cívica e inglés.
Ha habido casos de fraude. En 2017, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un informe que una iniciativa para digitalizar las huellas dactilares recogidas en papel en antiguos casos migratorios reveló que más de 800 migrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense a pesar de haber sido deportados previamente con otro nombre.
En 2024, más de 818.000 migrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, según datos federales.
Los ciudadanos naturalizados disfrutan de casi todos los derechos y responsabilidades de los ciudadanos nacidos en el país (una excepción notable es que los ciudadanos nacidos en el extranjero no pueden postularse a las elecciones presidenciales). Como tal, el listón para despojar a alguien de la ciudadanía es alto.
“Para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas sobre el asunto”, declaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en su sitio web.
Durante la reunión de la semana pasada, Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas identificadas para la desnaturalización como “la primera oleada de casos” que el gobierno tenía la intención de perseguir. Hakes reconoció que varias divisiones civiles de las fiscalías estadounidenses carecen de personal suficiente y tienen dificultades para hacer frente a una avalancha de demandas presentadas por migrantes que impugnan la legalidad de sus detenciones.
“Espero que estos casos no representen una carga adicional”, dijo Hakes a sus colegas, y añadió que impulsar los casos de desnaturalización era una “iniciativa de la Casa Blanca”.
Jackson, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que “no es una iniciativa de la Casa Blanca: es una ley federal”.
Hacer de los casos de desnaturalización una parte esencial del trabajo de las divisiones civiles de las fiscalías estadounidenses implica desviar recursos del tipo de casos que sus litigantes han priorizado históricamente. Entre ellos están el fraude sanitario, el fraude en la contratación pública, la aplicación de las leyes de derechos civiles y los casos de confiscación de bienes.
Un aumento de las desnaturalizaciones también puede enviar un mensaje escalofriante, dijo Frost, el profesor de derecho, remontándose a una época del siglo XX en la que el gobierno desnaturalizaba a activistas políticos que despreciaba. El presidente Trump dijo en una entrevista en enero que los estadounidenses de ascendencia somalí podrían ser uno de los objetivos de la campaña de desnaturalización.
Durante los años en los que el gobierno persiguió los casos de desnaturalización con poca frecuencia, tendía a perseguir a personas que habían cometido crímenes de guerra en el extranjero antes de convertirse en estadounidenses.
“Este tipo de campaña de desnaturalización masiva se basará en una distorsión de la ley y es otro esfuerzo claro para desestabilizar principios de ciudadanía estadounidense establecidos desde hace mucho tiempo”, dijo Lucas Guttentag, exfuncionario del Departamento de Justicia en el gobierno de Joe Biden y profesor de la Facultad de Derecho de Stanford. “El fraude genuino, cuando realmente se produce, siempre se ha perseguido agresivamente”.
En los últimos meses, el gobierno de Trump ha presentado casos de desnaturalización contra una amplia gama de migrantes. Entre ellos, un marino de Ghana que fue juzgado en consejo de guerra por un delito sexual, un argentino acusado de haber obtenido la nacionalidad afirmando falsamente ser cubano y un nigeriano condenado por dirigir una trama de fraude fiscal.
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