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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones para cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por la investigación que se lleva a cabo contra Israel a raíz de la guerra de Gaza.
Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de la Administración de Donald Trump, que en febrero sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan.
Los jueces sancionados hoy por Rubio son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.
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Según el Departamento de Estado, estos “individuos participaron en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos”.
“Estados Unidos tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense ante acciones ilegítimas de la CPI”, apuntó.
La Corte defiende su independencia
La CPI criticó este jueves las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y denunció que son un intento de “socavar la independencia” del tribunal.
La institución aseguró en un comunicado que “las sanciones no solo se dirigen a los individuos designados, sino que también atacan a todos los que apoyan la Corte, incluyendo a los nacionales y corporaciones de los estados miembro. Apuntan contra víctimas inocentes” y contra “el Estado de derecho, la paz, la seguridad y la prevención de los crímenes más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad”.
La Corte agregó que “atacar a los que trabajan en pro de la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos” sino que solo “envalentona a los que creen que pueden actuar con inmunidad”.
Ni Israel ni Estados Unidos hacen parte de la CPI
Trump firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones a funcionarios de la CPI, organismo que emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.
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Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
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