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Mientras la atención mediática sobre la Casa Blanca se enfoca principalmente en la actividad en Oriente Medio, con el bloqueo del estrecho de Ormuz y la anunciada tregua en Líbano en primera línea, la administración de Donald Trump ha reiterado esta semana que todos los frentes en política exterior siguen siendo prioritarios. Esto tiene un significado especial en Latinoamérica: Venezuela, con el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela y el nombramiento del nuevo encargado de negocios, pero también el plano regional, con al menos cinco ataques a supuestas “narcolanchas” en menos de una semana.
El último al cierre de esta edición, reportado el miércoles, mató a tres tripulantes, lo que lleva el balance por encima de los 170 muertos en 51 ataques desde septiembre de 2025. Fue entonces cuando empezó esta ofensiva que la Casa Blanca ha enmarcado en la operación Lanza del Sur, que, según afirma, está destinada a desmantelar redes marítimas de transporte de narcóticos con destino a Estados Unidos, pero que organizaciones como Human Rights Watch han calificado de ejecuciones extrajudiciales.
Mientras todo esto ocurre, los focos en Washington siguen sobre las disputas de Trump. Esta semana, la principal ha sido con el papa León XIV, a quien el presidente critica porque “hizo una declaración diciendo que Irán puede tener armas nucleares”, lo que no es cierto. Al intercambio se ha sumado el vicepresidente J. D. Vance, quien le recomendó al pontífice tener cuidado al hablar de teología (a pesar de que León es doctor en la materia). Antes del 28 de febrero, fecha en que estalló la guerra con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, la agenda pública estaba proactivamente centrada en esta ofensiva en aguas del Caribe y del Pacífico y ahora, pese al desplazamiento del foco, hasta mediados de marzo distintos actores seguían promoviendo el escrutinio. “Eso no quiere decir que el tema de las narcolanchas no siga en la agenda. Lo que pasa es que los medios normalmente les dan prioridad a unos temas sobre otros. Pero no: la política exterior de Estados Unidos es bastante variada y puede que ahorita su centro de atención esté en otro punto dentro de esa escala de prioridades. Sin embargo, las narcolanchas siguen ahí. El Congreso no ha perdido la capacidad; de hecho, puede que lo que ocurra ahora es que, al estar en mayoría republicana, no esté haciendo un contrapeso importante”, explica Alejandro Bohórquez-Keeney, analista y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Resalta además la organización militar de Estados Unidos, que es la que finalmente le permite actuar en varios frentes al tiempo. En el caso de Lanza del Sur, es una operación exclusivamente ejecutada por el Comando Sur. De hecho, ha sido esta entidad la encargada de difundir el informe después de cada ataque y el respectivo video, que no ha faltado tras cada operativo.
La familia del pescador colombiano Alejandro Carranza Medina denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de su ser querido en uno de estos ataques. El 13 de marzo se llevó a cabo una audiencia ante la CIDH sobre la legalidad de los bombardeos; entre el 14 y el 20 de marzo, congresistas reiteraron cuestionamientos sobre la base legal de la operación y su encaje en la “War Powers Resolution”, y a finales de marzo miembros del Capitolio solicitaron al Ejecutivo memorandos jurídicos y criterios para las operaciones. Todo esto, dicho de otra forma, deja sentado que, más que intentos por frenar la ofensiva, existe una vigilancia.
Como explica Bohórquez, el Congreso además queda en un vacío legal porque Trump, como jefe de las Fuerzas Armadas, puede desplegar tropas, como lo hace en aguas latinoamericanas. Formalmente, hasta la fecha no ha declarado la guerra contra ninguna de las naciones de los tripulantes. Esto, además de que ni siquiera se puede precisar de qué países hablamos, pues más allá de señas como el “Pacífico Oriental”, poco revela EE. UU. de la ubicación exacta de los ataques.
Ahí el cuestionamiento jurídico se traslada al ámbito internacional, en donde su justificación como “conflicto armado” (el argumento de Washington para esta ofensiva) no tiene consenso bajo los análisis del derecho internacional. Para Enrique Prieto, experto en derecho internacional y docente de la Universidad del Rosario, el debate en este punto sigue estando en la interpretación de Estados Unidos del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. “Es lo que justificaría este tipo de acciones, pero en ningún momento aquí hay evidencia de un ataque armado contra Estados Unidos, ni de que necesariamente el tema de las drogas pueda considerarse como un ataque armado. Entonces, esto sigue siendo un tema totalmente unilateral de Estados Unidos”, explica. Agrega que, aun si se aceptara el argumento de que hablamos de un conflicto armado, el principio de distinción plantea obstáculos. Lo desarrolla en términos de las normas básicas válidas para conflictos internacionales e intranacionales.
Es lo que entendemos como el “derecho internacional humanitario” y allí está contemplado el principio de distinción y, a pesar de que Estados Unidos presenta como “terroristas” a los tripulantes de estas lanchas, es escaso el sustento de estas afirmaciones. La distinción entre combatientes y no combatientes es uno de los puntos más álgidos en esta discusión, pero hasta este momento sigue sin incidir en la ofensiva. Incluso con el debate en foros como la CIDH, es muy difícil que estos puntos de debate sean tomados en cuenta por parte de Washington. Prieto remarca que, más allá de informes que se puedan producir en este tribunal, su alcance es escaso, pues son conceptos no vinculantes y además Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción de esta instancia. En palabras de la organización, “ningún caso contra Estados Unidos podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
¿Qué queda entonces para las víctimas o sus familias? Se mencionan alternativas domésticas dentro de los EE. UU. o un completamente hipotético “tribunal internacional que determine si Estados Unidos es responsable o no de indemnizar a estas víctimas”. Ni doméstica ni internacionalmente existe una opción tangible, más allá de la voluntad de la administración Trump, que pueda frenar lo que ocurre en aguas latinoamericanas.
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Por Hugo Santiago Caro
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