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El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una embarcación que, según el gobierno de Donald Trump, traficaba con drogas, matando a 11 personas el pasado septiembre, según funcionarios informados sobre el asunto. También dijeron que el avión tenía instaladas las municiones en el interior del fuselaje, en lugar de visiblemente bajo las alas.
La apariencia no militar es significativa, según los especialistas jurídicos, porque el gobierno ha argumentado que sus ataques letales a embarcaciones son legales —no asesinatos— porque el presidente Trump “determinó” que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los carteles de la droga.
Pero las leyes de los conflictos armados prohíben a los combatientes fingir condición de civiles para engañar a los adversarios y hacerles bajar la guardia, y luego atacarlos y matarlos. Eso es un crimen de guerra llamado “perfidia”.
El general de división retirado Steven J. Lepper, exfiscal general adjunto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, dijo que si el avión había sido pintado de forma que disimulaba su naturaleza militar y se acercaba lo suficiente como para que la gente de la embarcación lo viera —engañándoles para que no se dieran cuenta de que debían emprender una acción evasiva o rendirse para sobrevivir—, eso era un crimen de guerra según las normas de los conflictos armados.
“Ocultar tu identidad es un elemento de perfidia”, dijo. “Si la aeronave que vuela por encima no es identificable como aeronave combatiente, no debería estar participando en una actividad de combate”.
El avión descendió lo suficiente como para que las personas que estaban a bordo de la embarcación pudieran verlo, según los funcionarios que han visto o han sido informados sobre el video de vigilancia del ataque. La embarcación había dado media vuelta para regresar hacia Venezuela, al parecer tras ver el avión, antes del primer ataque.
Más tarde, dos supervivientes del ataque inicial parecieron saludar al avión tras trepar a bordo de un trozo volcado del casco, antes de que los militares los mataran en un ataque de seguimiento que también hundió los restos. No está claro si los supervivientes iniciales sabían que la explosión de su nave había sido causada por un ataque con misiles.
Desde entonces, el ejército ha pasado a utilizar aeronaves reconociblemente militares para los ataques a embarcaciones, incluidos aviones no tripulados MQ-9 Reaper, aunque no está claro si esas aeronaves volaron lo suficientemente bajo como para ser vistas. En un ataque a una embarcación en octubre, dos supervivientes de un ataque inicial se alejaron nadando de los restos y evitaron morir en un ataque de seguimiento contra los restos de su embarcación. Los militares los rescataron y los devolvieron a sus países de origen, Colombia y Ecuador.
Los manuales militares estadounidenses sobre el derecho de la guerra tratan extensamente la perfidia, diciendo que incluye cuando un combatiente finge ser civil para que el adversario “descuide tomar precauciones que de otro modo serían necesarias”. Un manual de la Marina estadounidense establece que los combatientes legales en el mar utilizan la fuerza ofensiva “dentro de los límites del honor militar, en particular sin recurrir a la perfidia”, y subraya que los comandantes tienen el “deber” de “distinguir a sus propias fuerzas de la población civil”.
Las cuestiones sobre la perfidia han surgido en sesiones informativas a puerta cerrada de los jefes militares ante el Congreso, según personas familiarizadas con el asunto, pero no se han debatido públicamente porque el avión es clasificado. El debate público se ha centrado en un ataque de seguimiento que mató a los dos supervivientes iniciales, a pesar de la prohibición del derecho de guerra de atacar a los náufragos.
La oficina de prensa del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, cuyo jefe, el almirante Frank M. Bradley, dirigió la operación el 2 de septiembre, se negó a comentar la naturaleza del avión utilizado en el ataque. Pero el Pentágono insistió en un comunicado en que su arsenal ha sido sometido a una revisión legal para comprobar que cumple las leyes de los conflictos armados.
“El ejército estadounidense utiliza una amplia gama de aviones estándar y no estándar en función de las necesidades de la misión”, dijo Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, en respuesta a las preguntas de The New York Times. “Antes del despliegue y uso de cada avión, se someten a un riguroso proceso de adquisición para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas y reglamentos del departamento y las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados”.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
No está claro de qué avión se trataba. Aunque varios funcionarios confirmaron que no estaba pintado con el clásico estilo militar, se negaron a especificar qué aspecto tenía exactamente.
A principios de septiembre, unos aficionados al avistamiento de aviones publicaron en Reddit fotografías de lo que parecía ser uno de los 737 modificados del ejército, pintado de blanco con una franja azul y sin distintivos militares, en el aeropuerto de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses.
Independientemente del avión en concreto, tres personas familiarizadas con el asunto reconocieron que no estaba pintado del gris militar habitual y carecía de marcas militares. Pero dijeron que su transpondedor transmitía un número de cola militar, es decir, que emitía o “graznaba” su identidad militar a través de señales de radio.
Varios expertos en derecho de guerra dijeron que eso no haría lícito el uso de una aeronave de ese tipo en esas circunstancias, ya que las personas que iban en el barco probablemente carecían del equipamiento para captar la señal.
Entre los especialistas jurídicos que dijeron que el uso de una señal de transpondedor militar no resolvería un problema de perfidia se encontraba Todd Huntley, capitán retirado de la Marina que anteriormente trabajó en el Mando Conjunto de Operaciones Especiales como juez abogado general, o JAG, y dirigió la división de derecho de seguridad nacional de la Marina.
Huntley dijo que se le ocurrían usos legítimos para una aeronave de este tipo que harían lícito tenerla en el arsenal para otros contextos, incluido un escenario de rescate de rehenes en el que las municiones podrían ser necesarias para la autodefensa pero no estuvieran destinadas a lanzar ataques ofensivos.
El gobierno de Trump mantuvo en secreto la planificación de la operación de ataque a las embarcaciones, excluyendo a muchos abogados militares y expertos operativos que normalmente participarían en ella. Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha tratado de socavar el papel de los abogados militares como control interno, incluso despidiendo a los principales JAG del servicio en febrero.
El ejército estadounidense opera varios aviones construidos a partir de fuselajes civiles —incluidos Boeing 737 y turbohélices Cessna modificados— que pueden lanzar municiones desde compartimentos de armas internos sin armamento externo visible. Estos aviones suelen estar pintados de gris y llevan marcas militares, pero los sitios web militares y de avistamiento de aviones muestran que unos pocos están pintados de blanco y llevan marcas mínimas.
El ejército estadounidense ha matado al menos a 123 personas en 35 ataques contra embarcaciones, incluido el ataque del 2 de septiembre.
Una amplia gama de especialistas en las leyes que rigen el uso de la fuerza han dicho que las órdenes de Trump y Hegseth de atacar los barcos han sido ilegales y que las muertes han sido asesinatos. El ejército no está autorizado a atacar a civiles que no representen una amenaza inminente, aunque sean sospechosos de delitos.
El gobierno ha argumentado que los ataques son legales y que las personas de los barcos son “combatientes” porque Trump decidió que la situación era un conflicto armado no internacional —es decir, una guerra contra un actor no estatal— entre Estados Unidos y una lista secreta de 24 bandas criminales y carteles de la droga que él ha considerado terroristas.
La legitimidad de esta afirmación es muy discutida. Sin embargo, ha centrado la atención en las formas en que determinados ataques pueden haber violado las leyes de la guerra.
Al igual que el general Lepper y el capitán Huntley, Geoffrey Corn, teniente coronel retirado del JAG, quien fue asesor principal del ejército en cuestiones de derecho de guerra, dijo que no cree que el ataque del 2 de septiembre tuviera lugar en un conflicto armado. Ahora es profesor de Derecho en la Universidad Tecnológica de Texas.
Pero señaló que Estados Unidos considera que la perfidia es un delito en los conflictos armados no internacionales: acusó a un detenido de Guantánamo ante una comisión militar de ese delito por el ataque de Al Qaeda en 2000 contra el USS Cole, en el que militantes en una pequeña embarcación hicieron flotar una bomba oculta hasta el costado del buque de guerra mientras saludaban amistosamente.
Corn dijo que la evaluación de si el ataque del 2 de septiembre se consideraba perfidia dependería de si los militares intentaban hacer creer a la gente del barco que el avión era civil para “tomarlos por sorpresa”.
“La cuestión crítica es si existe una razón alternativa creíble para utilizar un avión no identificado para ejecutar el ataque que no sea explotar la aparente condición de civil con el fin de obtener alguna ventaja táctica”, dijo.
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