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Según documentaron sus miembros, la Oficina de Inmigración y Aduanas de ese país (ICE, en inglés) le ha fijado cuotas de detención anuales a todos sus agentes.
Esta acusación tiene su origen en 2004, cuando agentes de la ICE capturaron a 24 hispanos sin papeles en una tienda del estado de Baltimore. La ONG presentó ante los medios una investigación interna del Departamento de Seguridad realizada tras la redada, en donde demuestra que, además de cumplir con la cuota de mil arrestos por año, los funcionarios actuaron con un sesgo racista, pues sólo repararon en los compradores con rasgos latinos.
“Los agentes gubernamentales no deberían juzgar a la gente por el color de su piel, la forma en que viste o el oficio que desempeña, que fue lo que ocurrió en este caso”, dijo el reverendo Simón Bautista Betances, vicepresidente de Casa, y agregó que esta práctica va en contravía de los derechos civiles.
La agencia AP reveló que desde 2004 a los miembros de la ICE se les asignó una cuota de al menos 125 fugitivos, la cual fue incrementada a mil en 2006.
Por lo pronto, parece que la última respuesta la tiene la nueva secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, a quien los miembros de Casa pidieron una reunión para discutir la política inmigratoria del país y el papel de la agencia en las redadas.
Esta semana estalló un escándalo similar en España. Varios diarios publicaron una carta de la Jefatura de Policía de Madrid exigiéndoles a sus hombres la captura de 35 ilegales por semana, sobre todo si son marroquíes. El gobierno español admitió la existencia de la orden.
España: juicio a xenófobo
“Me doy asco de mí mismo. Ese día no era yo”. Así declaró el catalán Sergui Xavier durante el juicio en su contra por agresión que terminó ayer en la Audiencia de Barcelona.
El 7 de octubre de 2007, mientras viajaba en el metro de esa ciudad, Xavier agredió con puños y patadas a una menor de edad ecuatoriana.
Esta acción quedó grabada en el sistema de seguridad del metro y se convirtió en la principal evidencia en su contra.
El acusado aceptó su culpa y dijo no acordarse de nada, porque esa noche estaba con los efectos del alcohol y la droga.
El gobierno regional de Cataluña pidió una condena de 20 meses de cárcel y una multa por 750 euros.
El juez emitirá su veredicto en las próximas semanas.
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