EE.UU. identifica a 111.000 inmigrantes con antecedentes penales

Entre los inmigrantes identificados a través del programa, conocido como Comunidades Seguras, más de 11.000 habían enfrentado cargos o sido hallados culpables de los delitos más graves, incluyendo asesinato y violación, informaron oficiales de seguridad este jueves. Aproximadamente 1,900 de ellos ya fueron deportados.

En rueda de prensa en Washington, John Morton, el máximo oficial del Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, se refirió al programa como "el futuro de la aplicación de leyes de inmigración", ya que, destacó, "concentra nuestros recursos, en primer lugar y sobre todo, en identificar y remover a los trasgresores más serios".

Aproximadamente 100,000 de los inmigrantes detenidos, identificados a través del sistema, habían sido condenados de delitos menos graves, que iban desde hurto hasta infracciones de tránsito, comentaron los oficiales. De esos, más de 14,000 ya fueron deportados.

Funcionarios de la administración Obama han trabajado por marcar una clara diferencia en su estrategia de aplicación de leyes respecto de la empleada por la administración Bush, que se centraba en redadas de fábricas de alto perfil y cateos en comunidades en busca de fugitivos de inmigración.

Las operaciones de Bush generaron un clamor de indignación entre defensores de los inmigrantes, los cuales dijeron que éstas daban lugar a la creación de perfiles raciales, particularmente de hispanos, y capturaba a muchos inmigrantes que carecían del estatus legal pero no habían cometido delito alguno.

Funcionarios de la administración Obama dijeron que Comunidades Seguras, que fue lanzado bajo el presidente George W. Bush pero se expandió rápidamente bajo el Presidente Barack Obama, es una forma relativamente barata en que las autoridades pueden concentrar recursos sobre la deportación de los inmigrantes de mayor peligrosidad.

Abogados de inmigración siguen mostrándose escépticos, diciendo que el programa aglutina faltas relativamente menores con delitos graves. Destacaron que el programa alentaba a la policía local a que arrestara a cualquiera de quien sospecharan que es un inmigrante indocumentado.

"Todo lo que se debe hacer es meterlos a la cárcel y su estatus migratorio puede ser revisado", notó Joan Friedland, directora de estrategia de inmigración en el Centro Nacional de Derecho Migratorio, grupo en defensa de los inmigrantes.

Bajo el programa, que empezó en octubre de 2008 en Houston, las huellas digitales de cada persona fichada en la cárcel por las autoridades locales — incluidos inmigrantes documentados e indocumentados y ciudadanos estadounidenses — son cotejadas con bases de datos de inmigración de la rama federal, así como bases de datos de contenido penal.

Cuando la revisión produce una coincidencia que muestra tanto un registro de inmigración como de antecedentes penales, agentes del ICE pueden imponer una retención para asegurar que el inmigrante permanecerá bajo custodia.

Bajo el acuerdos con dependencias en el programa, agentes del ICE deben emprender acciones en un plazo de 48 horas para detener o comenzar el proceso de deportación en contra de los trasgresores de mayor gravedad. Inmigrantes legales están sujetos a la deportación si son condenados formalmente por algunos delitos en particular, en tanto los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados incluso si no han cometido delito alguno.

En el primer año, 95 ciudades o condados en 11 estados de EE.UU. se han unido al programa. El departamento de policía de Washington, D.C., anunció este jueves que también se sumaría. La secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, dijo en rueda de prensa que tenía la esperanza de que el programa se expandiera a todo el país para el año 2013.

La mayoría de los inmigrantes identificados en el programa siguen en Estados Unidos porque las autoridades de inmigración generalmente permiten que enjuiciamientos penales y condenas sigan su curso antes de que ellos lleven a cabo las deportaciones.

Las revisiones de la base de datos siguen teniendo defectos, comentaron abogados. Con base en cifras de la dependencia de Inmigración y Aduanas, resultó que aproximadamente 5,880 personas identificadas a través de dicho programa eran ciudadanos estadounidenses.