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En la mañana de ayer, minutos después de que su esposa le dijera que estaba embarazada en una playa de la isla Barú, a 38 kilómetros al sur del centro de Cartagena, dos sicarios en motos acuáticas se acercaron a Marcelo Pecci y le dispararon hasta matarlo. La escena, con el cuerpo de Pecci tendido sobre la arena, marcó el final de la vida de un curtido fiscal paraguayo que combatió por años al crimen organizado. Y marcó, a su vez, el inicio de una investigación en la que estarán involucrados de lleno la Policía y la Fiscalía, con apoyo de agencias de Estados Unidos y una comisión de investigadores que envió Paraguay. Por el momento, las autoridades ofrecen hasta $2.000 millones como recompensa por información.
Asimismo, la Policía circula un cartel con imágenes de quien sería uno de los sicarios. Según le ha dicho la periodista Claudia Aguilera, esposa del difunto fiscal, a medios, Marcelo Pecci no tenía esquema de seguridad, pues estaba en la playa privada del hotel que eligió para su luna de miel. La embajadora de Paraguay en Colombia, Sophía López, le confirmó a El Espectador que no sabía que Pecci estuviera en el país, precisamente porque era un viaje personal. Al hotel solo puede accederse o por la custodiada entrada o por el agua, como hicieron los sicarios, en una forma de asesinato no vista hasta ahora en Colombia. El hotel de Barú dio a conocer que los sicarios también dispararon contra un guardia, que resultó ileso.
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Mientras se esclarecen las circunstancias del crimen, comienzan a barajarse hipótesis de quién lo ordenó. El director de la Policía, general Jorge Vargas, definió a Pecci como un “héroe mundial en la lucha contra el delito”. Participó, por ejemplo, en uno de los procesos de más alto perfil en los últimos meses en Paraguay, que fue llamado A Ultranza Py, una operación que contó con apoyo de la agencia estadounidense antidrogas DEA, y que logró más de 40 capturas, así como la incautación de inmuebles y vehículos que serían propiedad de una estructura criminal relacionada con el tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, cuyos tentáculos, al parecer, llegaban hasta Colombia.
Dos fiscales especializados y un equipo con experiencia en asesinatos cometidos bajo la modalidad de sicariato ya llegaron a Cartagena y recibirán orientaciones de la vicefiscal Martha Mancera para conducir la investigación. El general Vargas se trasladó a la Heroica y puso a cinco investigadores “del más alto nivel” al frente de las pesquisas, que además serán apoyadas por Estados Unidos. Hasta la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, envió a un equipo de sus investigadores a Colombia para colaborar. “Los equipos están trabajando, tenemos labores de campo en todo Barú, en Cartagena y en todos los aeropuertos, con Migración Colombia”, dijo Vargas.
El fiscal Pecci, de 45 años, estuvo al frente de casos que llamaron la atención de la opinión pública en su país, pero también en el exterior, por su relevancia internacional. Uno de ellos fue el tiroteo en un festival de música en la ciudad de San Bernardino (Paraguay), al que asistieron unas 25.000 personas en enero pasado y en el que participaron agrupaciones de toda América Latina, como el Binomio de Oro, de Colombia. La balacera dejó como víctimas a la influenciadora Cristina Aranda, más conocida como “Vita Aranda” en ese país, y a un presunto delincuente, Marcos Rojas, quien recibió ocho disparos, en hechos que fueron en su momento calificados por las autoridades como un aparente ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
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Asimismo, Pecci fue designado para investigar el asesinato del empresario Mario Schwartzman, reconocido en el mundo deportivo. El ciudadano fue víctima de sicariato en frente a su vivienda en el barrio Jara de Asunción, el 12 de septiembre del año pasado. Además, lideraba las pesquisas por el atentado en el que murieron Haylee Carolina Acevedo, hija del gobernador de Amambay, de 21 años, y otras tres personas. Entre muchos otros procesos, también podría mencionarse su labor al frente del caso del brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi, quien este año fue extraditado a Estados Unidos requerido por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En entrevista con este diario, Juan Carlos Lezcano, periodista de investigación del diario ABC de Paraguay, destacó de Pecci su transparencia como funcionario, algo inusual en uno de los países con mayor autopercepción de corrupción en América Latina. “Era un hombre honesto, abierto a comunicar no solo como fuente, sino en general a cualquier persona que requiriera información de los casos en los que estuviera trabajando. Muy transparente”, señaló. Asimismo, afirmó que, por el momento, establecer una relación entre el asesinato y alguno de los casos que investigaba sería pura especulación.
Lezcano agregó que no recuerda que se hubieran denunciado amenazas en contra del funcionario. Sin embargo, sí cree que el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia es muestra de que “las redes que operan acá (en Paraguay) están vinculadas a toda la región”, en la que su país se ha vuelto una especie de “hub” para el narcotráfico. Precisamente, como cuenta el periodista, mientras ocurría el asesinato, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez (quien hace dos semanas estuvo en Cartagena en una visita oficial), se encontraba reunido con el embajador de Estados Unidos para hablar de la lucha contra el crimen organizado.
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La embajadora López, en Colombia, por su parte, informó que envió a una delegación diplomática para que brinden atención humanitaria a la esposa de Pecci en Cartagena, con el fin de que los trámites de repatriación del cuerpo puedan llevarse a cabo lo antes posible. Al cierre de esta edición se esperaba que los cinco fiscales paraguayos y oficiales de policía de ese país llegaran a Colombia para ponerse al frente de las pesquisas, según contó la embajadora.
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