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Los hombres que se encuentran en el nuevo centro de detención de migrantes de los Everglades de Florida no tienen lápices, libros ni televisión. Las luces permanecen encendidas durante toda la noche. Cuando llueve, que es casi todos los días en el verano, las tiendas que albergan a los detenidos tienen goteras y se cuelan los insectos.
En entrevistas telefónicas, varios detenidos dijeron que las duchas eran poco frecuentes, las comidas equivalían a poco más que bocadillos, y otros detenidos se enfermaban con síntomas parecidos a los de la gripe y privación de sueño. Describieron el malestar ocasionado por la falta de información, actividades recreativas y acceso a medicinas.
“Es un polvorín”, dijo Rick Herrera, uno de los detenidos, que llamó en varias ocasiones a un periodista durante cinco días, y ofreció una inusual visión de las caóticas primeras semanas de lo que, según los expertos, es el único centro del país administrado por un estado para migrantes federales detenidos.
Florida se apresuró a abrir el centro —bautizado oficialmente como “Alcatraz de los caimanes” para resaltar su ubicación remota y pantanosa— el 3 de julio, deseosa de contribuir a la ofensiva del presidente Donald Trump contra la migración, proporcionando más capacidad de detención. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo el domingo que otros estados quieren seguir el ejemplo de Florida.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha presentado a su estado como particularmente agresivo en la aplicación de las leyes migratorias, y ha encargado a las fuerzas del orden locales y estatales que actúen como “multiplicadores de fuerza“ de las autoridades federales.
Pero la apertura del centro de detención en los Everglades fue una medida con pocos precedentes que se basó en poderes estatales de emergencia. Hasta hace poco, el gobierno federal era responsable de alojar a los detenidos por motivos migratorios, y en su mayor parte detenía a personas que habían entrado recientemente en el país de forma ilegal, o que tenían condenas penales u órdenes de deportación pendientes. Pero la aplicación de las leyes migratorias ha cambiado sustancialmente bajo el mandato de Trump, deteniendo a quien antes no era el centro de atención.
El centro de Everglades forma parte del proceso de cooperación local-federal en materia migratoria conocido como 287(g). Bajo este sistema, los funcionarios locales pueden detener y encarcelar a migrantes en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Sin embargo, no está claro si los detenidos en el centro de Everglades serían transferidos a la custodia del ICE antes de ser deportados, ni cuándo.
La mayoría de los detenidos en el centro no tienen antecedentes penales, según un funcionario del gobierno con conocimiento de los datos, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar de ello. Al menos algunos fueron trasladados desde cárceles locales, donde estaban bajo custodia tras ser detenidos por infracciones de tránsito; otros habían sido trasladados allí desde la custodia del ICE.
Otro funcionario, que solicitó el anonimato por el mismo motivo, dijo que, en total, el 60 por ciento de los detenidos del centro tienen condenas o cargos penales pendientes.
DeSantis ya está considerando la posibilidad de abrir otro centro similar en el norte de Florida. Los tribunales, sin embargo, han sostenido repetidamente que la aplicación de las leyes de migración es una obligación federal. La semana pasada, la Corte Suprema se negó a reactivar una agresiva ley de migración de Florida, bloqueada por tribunales inferiores, que habría tipificado como delito la entrada en el estado de migrantes no autorizados.
“Los estados no pueden crear su propio sistema de detención migratoria”, dijo Lucas Guttentag, exfuncionario del Departamento de Justicia en el gobierno de Biden. “Todo aquel que valore la libertad y la responsabilidad debería estar profundamente preocupado”.
Ante una pregunta sobre el centro en los Everglades, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, dijo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a toda máquina en formas rentables e innovadoras para cumplir el mandato del pueblo estadounidense de deportaciones masivas de extranjeros ilegales criminales”.
Aunque Trump hizo una visita ostentosa al centro de detención de los Everglades hace dos semanas, el gobierno federal se ha distanciado de la instalación, afirmando que es responsabilidad de Florida. Después de que grupos ecologistas interpusieran una demanda para paralizar la construcción del centro, Thomas P. Giles, alto funcionario del ICE, escribió en una declaración en respuesta a la demanda que el papel de la agencia “se ha limitado a recorrer las instalaciones para garantizar el cumplimiento de las normas de detención del ICE, y a reunirse con funcionarios del estado de Florida para discutir cuestiones operativas”.
“La decisión final sobre a quién detener”, escribió, “le corresponde a Florida”.
Los detenidos en el centro no aparecen en la base de datos pública del ICE, lo que dificulta que sus familiares o abogados puedan encontrarlos o saber si han sido deportados. Con mil camas repartidas en unidades cercadas con capacidad para alojar a 32 hombres en cada una, albergaba a unos 900 detenidos hasta el sábado, según miembros del Congreso y legisladores estatales. La gran mayoría eran hispanos.
Las detenciones masivas han suscitado quejas de hacinamiento y condiciones insalubres e inhumanas en los centros de detención del ICE de todo el país, aunque el ICE ha negado cualquier problema. Pero algunas condiciones del centro de detención de Everglades se deben específicamente a su construcción precipitada y a su ubicación remota. Se construyó en un aeródromo con tan poca infraestructura que la basura y las aguas residuales tienen que ser transportadas en camiones grandes.
Los funcionarios del estado, que les dijeron a los legisladores que tienen previsto ampliar la capacidad del centro a 4000 personas para el mes que viene, han tachado de “completamente falsas” las descripciones de las malas condiciones de los detenidos.
“El centro cumple todas las normas exigidas y funciona correctamente”, dijo en un comunicado Stephanie Hartman, subdirectora de comunicaciones de la División de Gestión de Emergencias de Florida.
Los familiares y abogados de los detenidos dicen que no se les ha permitido visitarlos. Hasta ahora, pueden hacer llamadas ilimitadas sin costo alguno, pero pueden ser controladas o grabadas. Algunos detenidos y sus familiares no han querido dar su nombre por temor a represalias.
El sábado, miembros del Congreso y legisladores estatales visitaron las instalaciones por invitación, después de que a principios de mes se negara la entrada a legisladores estatales demócratas que se presentaron sin previo aviso. Los demócratas estatales han presentado una demanda, argumentando que tienen derecho a dicha supervisión.
Tras la visita, el senador estatal Blaise Ingoglia, republicano, describió una litera en una unidad vacía del centro como “mejor que mi cama en casa”.
Varios legisladores demócratas criticaron la visita como “saneada” y dijeron que las condiciones en el interior eran peores que las de los centros de detención del ICE. “Todos los floridanos deberían avergonzarse de que el dinero de nuestros contribuyentes se utilice para meter gente en estas jaulas”, dijo el representante Maxwell Alejandro Frost, demócrata de Orlando.
La presencia de los políticos atrajo a una pequeña multitud junto a la autopista 41, una carretera de dos carriles que cruza los Everglades de este a oeste. Entre ellos estaba Benita Mendoza, cuyo esposo, Jordan Márquez, que llegó a Estados Unidos desde Cuba hace 19 años, fue uno de los primeros detenidos del centro.
“Él siempre me está preguntando ‘¿qué hora es?’, ‘¿en qué día estamos?’”, dijo, y añadió que Márquez, de 43 años, le dijo que no recibía con regularidad la medicina para la tensión arterial.
Ese día había manifestantes en el exterior del centro. Un simpatizante sostenía una bandera estadounidense junto a un cartel que decía “¡MANDEN MÁS CAIMANES!”. Otro hombre vendía camisetas con la leyenda “Alcatraz de los Caimanes” desde su todoterreno por 25 dólares cada una. Cuatro jóvenes que iban de Nápoles a Miami en un Mercedes-Benz descapotable pararon y grabaron un video.
Los republicanos han afirmado que el centro requiere menos seguridad que otros debido a su entorno inhóspito, habitado por caimanes y pitones invasoras. Ninguno de estos animales suele atacar a las personas, y los nativos americanos, incluida la tribu miccosukee, llevan mucho tiempo estableciendo sus hogares en los Everglades.
“Se trata de la comunidad miccosukee”, dijo Betty Osceola, miembro de la tribu que vive cerca y ha protestado contra el centro de detención por motivos medioambientales.
Florida ha calculado que el funcionamiento del centro costará unos 450 millones de dólares al año, con un reembolso parcial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Los críticos han señalado que el costo por detenido es superior al de las prisiones estatales o los centros de detención del ICE. El estado emitió contratos sin licitación con carácter de emergencia; algunos fueron a parar a donantes políticos republicanos.
Un autobús lleno de detenidos, entre ellos Herrera, llegó el miércoles pasado, pero no fueron procesados inmediatamente. Los mantuvieron en el autobús toda la noche, encadenados de pies y manos, sin comida ni bebida, informaron Herrera y otro detenido. A Herrera le habían dicho que se dirigía al centro de detención de Krome, gestionado por ICE, más cerca de Miami, pero en su lugar llegó al centro de Everglades.
Los hombres fueron ubicados en una de las ocho unidades cercadas dentro de una enorme tienda de campaña; a los que tenían antecedentes penales graves les dieron pulseras rojas. Herrera, de 55 años, salió de prisión hace dos años tras cumplir condena por robo de automóvil. Ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 3 años y carece de antecedentes de ciudadanía en Argentina, de donde era su familia, lo que dificulta su deportación.
Dijo que el centro de Everglades se diferenciaba de las prisiones federales y de los centros de detención del ICE en los que había estado: no había normas publicadas ni contactos con un inspector general; no había biblioteca jurídica ni material religioso, incluidas Biblias; no había actividades recreativas al aire libre, al menos para su unidad; no había economato ni máquinas expendedoras. Durante una conversación telefónica con Herrera, se oía de fondo a algunos hombres de la unidad gritando en español: “¡Libertad! Libertad!”
Alexander Boni, un detenido cubano de 32 años, dijo que había pedido una mascarilla después de que otros detenidos enfermaran, pero no se la dieron.
“Nosotros estamos desesperados aquí”, dijo.
Para pasar el rato, algunos detenidos confeccionaron la semana pasada piezas de ajedrez y fichas de dominó rudimentarias con trozos de papel, dijo Herrera. Utilizaron grasa de soldadura de las literas metálicas para marcar las piezas negras.
El martes, los guardias le dijeron a Herrera que lo trasladaban, aunque no le dijeron adónde iba. También se habían llevado a otros de su unidad. El miércoles, su abogado recibió el aviso de que lo habían trasladado al centro de detención cercano del ICE, Krome, adonde se suponía que lo habían enviado inicialmente.
*Kirsten Noyes colaboró con la investigación.
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