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Lilian del Tránsito Méndez, con 42 años y dedicada al oficio doméstico; Melvin Vásquez, joven de 27 años que repartía su tiempo entre dictar clases de surf a US$10 la hora, parquear los carros de los turistas que visitaban el Puerto de la Libertad y reparar techos; Wilfredo Martínez, quien, junto con su padre, atendía un puesto de venta de zapatos y sandalias; Elizabeth Ramos, quien a sus 42 años era vendedora de frutas y verduras, y Marcilio Rosales Martínez, quien llevaba dos décadas trabajando en la Alcaldía de San Sebastián, municipio de El Salvador. Se trata de cinco de las 62 personas que fueron asesinadas el sábado 26 de marzo de 2022, el día más violento que ha vivido el país centroamericano en veinte años, y que, en consecuencia, marcó el comienzo del estado de excepción que sigue vigente hasta finales de mayo.
El Legislativo salvadoreño, siguiendo la petición del gobierno de Nayib Bukele de aprobar dicho mecanismo para “contener y reducir el repunte en los homicidios y garantizar la paz, ante las graves perturbaciones del orden público por grupos delincuenciales”, aprobó la medida con 67 votos a favor, entre un total de 84 diputados. Con ello, fueron suspendidos la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
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Días después, fueron aprobadas otras medidas adicionales, como el establecimiento de períodos indefinidos para la detención previa al juicio, la posibilidad de juzgar a las personas acusadas de la comisión de delitos sin su presencia en el juicio, la posibilidad de condenar a penas de hasta diez años de prisión a menores de doce a dieciséis años y el establecimiento de penas de prisión para quien “reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza” con las pandillas. En medio de ello, aunque el gobierno afirmó que ad portas de cumplirse el mes del estado de excepción (el 25 de abril) fueron encarceladas 17.000 personas, en los primeros días de vigencia de la medida ya se hablaba de unas 6.000 detenciones.
Ahora bien, el uso de políticas de mano dura en El Salvador es una cuestión histórica. “La actuación de Bukele no es nueva. Su estrategia es reciclada”, afirmó a este diario Karen Nathalia Cerón Steevens, profesora de la Universidad del Rosario. Sin embargo, advierte que hoy se ven rasgos nuevos, como la ausencia de la presunción de inocencia y la persecución a los expandilleros reinsertados en la sociedad.
Smiley, quien optó por hablar bajo este sobrenombre a la BBC, le dijo al medio británico que se está escondiendo de la Policía y el Ejército porque tiene tatuadas las iniciales de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las pandillas que opera en el país, de la cual se distanció hace once años. Después de estar seis años en una cárcel estadounidense, volvió a El Salvador, donde trabajaba como vendedor de paletas en las calles, por lo menos hasta antes de que se decretara el estado de excepción. “Tengo mi documento oficial y la licencia. Está todo en regla, no debo nada. Yo no vivo de nada de eso del barrio [pandilla], yo trabajo”, agregó a la BBC.
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Algo similar le pasó a Darwin Cecilio Martínez Hernández, quien fue sacado de su casa el 30 de marzo, apareciendo como un detenido en las fotos y los videos difundidos por las cuentas oficiales del gobierno, reportó la BBC. Aunque su constancia de antecedentes penales de julio de 2021 dice que “no registra antecedentes policiales vigentes ni procesos pendientes” y la empresa Skycom ofreció constancia escrita de que trabajaba como teleoperador desde octubre del 2021, sus tatuajes lo hicieron objeto de arresto, acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas.
Un giro del gobierno
Lo cierto es que Bukele cambió de estrategia. Pasó de sostener negociaciones clandestinas con las pandillas a lo largo del 2020, con la intención de mantener bajos los niveles de asesinatos en el país, a cambio de mejores condiciones carcelarias y beneficios para los pandilleros en libertad, como lo reveló el diario salvadoreño El Faro en agosto del año pasado, a empezar una confrontación directa. “En realidad, las treguas son las excepciones. Este es un cambio de Bukele, mas no institucional. Las negociaciones se han dado en términos de homicidios, pero no han buscado modificar el accionar delictivo de las pandillas. Esto es un cambio por un quiebre en las negociaciones”, afirmó a El Espectador Miguel Gomis, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
En esto coincide Cerón Steevens: “Alrededor de las negociaciones ha habido mucho silencio, hay muchas hipótesis, pero debió ocurrir un quiebre, un cambio de ritmo en ellas, y el aumento de los homicidios en marzo es prueba de ello”. Ahora bien, “no se pueden generalizar las lógicas de las negociaciones, porque una cosa es el proceso con la Mara Salvatrucha y otra el que se hace con la facción Barrios 18 Sureños, la cual está más inclinada hacia las negociaciones”, agregó la docente.
“Creemos que la única solución a este problema es el diálogo abierto y transparente, sin tratos debajo de la mesa y sin dinero de por medio. Con programas de reinserción, oportunidades al trabajo, la salud, al estudio, al respeto a los derechos de los privados de libertad y muchos temas que se puedan tocar en una mesa de diálogo”, se lee en la BBC, que recopiló las respuestas de algunos voceros de la facción Barrios 18 Sureños a finales de abril.
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El gobierno de Bukele le atribuía la disminución de los asesinatos a su Plan de Control Territorial. Sin embargo, dicha pandilla cuestiona esa afirmación: “Esto es una propaganda política, dinero desperdiciado para ganar popularidad. El mismo gobierno lo sabe. Si se obtuvo la reducción en los homicidios fue por las tres pandillas principales del país. Sin embargo, hasta el momento, nos mantenemos en el compromiso, dando a demostrar que la violencia no es la única salida”.
La reputación de la democracia en la región
Ante lo sucedido, algunas organizaciones internacionales han expresado su preocupación. “El gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, afirmó Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, dijo: “El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador. Pero en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos”.
Para Gomis, la comunidad internacional tiene instrumentos limitados y, aunque el régimen de los derechos humanos es uno de los más afianzados a escala internacional, ante la narrativa confrontacional de Bukele con “Occidente”, poco se puede hacer. “Además, pocos países están dispuestos a involucrarse o presionar. En los hechos, es un problema, pero eso no significa que los Estados vayan a involucrarse. El que puede presionar es Estados Unidos, pero Bukele ha demostrado que está dispuesto a pasar por alto eso”.
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Por su parte, Cerón Steevens argumenta que, si bien la comunidad internacional está, relativamente, en silencio, lo que sucede en El Salvador conlleva un costo importante: la reputación de la democracia en la región. Ahora bien, no hay que olvidar que Bukele llegó al poder y alcanzó la mayoría en el Legislativo por elecciones, y que, según las encuestas, nueve de cada diez salvadoreños apoyan las medidas que el mandatario ha tomado desde el 26 de marzo. Sin embargo, lo que El Salvador muestra son los retos que la democracia enfrenta, así como la necesidad de enfrentar la problemática de las pandillas desde una perspectiva integral, pues, según comenta la docente, ellas se han ido adaptando a la represión, en un intento por seguir operando.
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