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El miércoles, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, y algunos expertos legales conservadores afirman que podría ser un caso más disputado de lo que se pensaba.
Durante generaciones, la mayoría de los expertos jurídicos y los tribunales han coincidido en que la Constitución garantiza la ciudadanía a casi todos los bebés nacidos en Estados Unidos.
Sin embargo, desde que Donald Trump emitió una orden ejecutiva para eliminar lo que se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés de migrantes indocumentados y residentes temporales, algunos juristas conservadores han empezado a reexaminar la historia de la Enmienda 14, vista durante mucho tiempo como la fuente de esa garantía.
El miércoles, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, y algunos expertos legales conservadores afirman que, a la luz de nuevas investigaciones, podría ser un caso más disputado de lo que se pensaba.
“Mucha gente, cuando Trump empezó a hablar de eso, pensó que era una locura”, dijo John Yoo, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, quien fue uno de los principales juristas del gobierno de George W. Bush. “Pero en los años que han pasado, mucha más gente se lo está tomando en serio”.
Aunque el debate jurídico se ha hecho más intenso, muchos juristas, incluido el profesor Yoo, siguen confiando en que la mayoría de los jueces de todo el espectro ideológico fallarán en contra del intento de Trump de redefinir la ciudadanía. Hacerlo representaría otra gran derrota para el mandatario ante un tribunal que incluye a tres de sus propios nominados. El mes pasado, la corte invalidó los aranceles generalizados del presidente sobre las importaciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
El debate sobre los límites de la ciudadanía por nacimiento pasará de los artículos de revistas jurídicas a la Corte Suprema este miércoles, en un caso histórico que pondrá a prueba el poder del presidente y la comprensión general de lo que significa ser estadounidense.
El gobierno de Trump pide al tribunal que reinterprete la Enmienda 14, que se añadió a la Constitución en 1868 después de la Guerra Civil. La enmienda revocó la infame decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que en 1857 había negado la ciudadanía a los estadounidenses negros. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en los que residen”, declaraba la enmienda.
La cuestión clave para los jueces es qué significa que una persona en Estados Unidos esté “sometida a su jurisdicción”, una frase que los tribunales han interpretado durante más de 125 años como casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
Sin embargo, el Departamento de Justicia afirma que el pasaje se ha interpretado erróneamente durante décadas para conceder la ciudadanía a los hijos de cientos de miles de migrantes indocumentados, incentivando a los extranjeros a viajar a Estados Unidos para tener hijos.
Los grupos que impugnan la legalidad de la orden de Trump, liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, subrayan que tanto los tribunales como el Congreso y los presidentes anteriores han adoptado una lectura amplia del texto de la Enmienda 14, que, afirman, encarna valores estadounidenses fundamentales de igualdad y oportunidad.
Durante su primera campaña, el presidente Trump promovió su visión, más limitada, de la ciudadanía por derecho de nacimiento. El mandatario y sus principales asesores llevan mucho tiempo afirmando que el llamado turismo de nacimiento es una amenaza para la seguridad nacional y han intentado poner fin a la garantía de ciudadanía como parte de sus esfuerzos más amplios por restringir la inmigración y deportar a los migrantes que ya están en el país.
“El propósito de la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento no era que las personas de vacaciones se convirtieran en Ciudadanos permanentes de los Estados Unidos de América, y trajeran a sus familias con ellos, ¡todo el tiempo riéndose de lo ‘TONTOS’ que somos!”, publicó el presidente la primavera pasada.
Trump emitió su orden ejecutiva en su primer día de regreso a la Casa Blanca el pasado enero. Inmediatamente fue impugnada por estados liderados por demócratas y grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que provocaría el caos y la incertidumbre para las personas con hijos, que tendrían que demostrar su condición de inmigrantes para que sus bebés fueran ciudadanos. Desde entonces, la orden ha estado bloqueada por los tribunales.
La Corte Suprema evaluó por primera vez un caso relacionado con este tema el pasado mes de mayo, pero en ese momento los jueces solo tomaron en cuenta la legalidad de las órdenes de ámbito nacional que los jueces federales habían emitido para detener las políticas presidenciales, incluida la orden de ciudadanía. Los jueces no abordaron la constitucionalidad de la política de Trump, sino que acordaron limitar la capacidad de los jueces individuales de los tribunales inferiores para dictar tales órdenes universales, en un fallo de 6 a 3 en junio que estuvo dividido por líneas ideológicas.
Rápidamente siguieron más demandas, incluida la que los jueces escucharán el miércoles, presentada en New Hampshire en nombre de un grupo de futuros padres y de sus hijos, que estarían sujetos a la orden.
Los nuevos estudios se enfocan tanto en la historia de la Enmienda 14 como en las circunstancias del fallo de la Corte Suprema de 1898, considerado el precedente clave en la materia.
Este tipo de investigación es especialmente importante para los juristas conservadores que se consideran originalistas, quienes examinan las evidencias históricas con el fin de determinar el significado de la Constitución en el momento de su adopción para decidir cómo debe interpretarse en la actualidad.
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Los miembros de la mayoría conservadora del tribunal se consideran originalistas, lo que ha llevado a algunos juristas conservadores a concluir que podrían no ver los argumentos en contra de la ciudadanía por nacimiento como teorías oscuras o marginales.
“Habíamos visto suficiente para convencernos de que esta cuestión no estaba resuelta de manera definitiva, que la sabiduría convencional podría no ser correcta y que la orden ejecutiva de Trump tiene más a su favor de lo que la gente creía”, dijo Ilan Wurman, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota, quien recientemente escribió un artículo sobre el tema y coescribió un ensayo en The New York Times con el profesor de derecho de Georgetown, Randy E. Barnett, titulado “Trump podría tener fundamentos en el tema de la ciudadanía por nacimiento”.
Wurman y otros argumentan que un precedente de más de 125 años considerado durante mucho tiempo como la palabra definitiva del tribunal sobre ese tema, en realidad, no es comparable con las circunstancias de la orden de Trump.
En ese caso, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal concluyó que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano.
Pero Wurman señala que los padres de Wong eran residentes legales permanentes —o “domiciliados”— en Estados Unidos. (En su presentación, el gobierno de Trump señala que su situación se cita más de 20 veces en el dictamen histórico). Wurman dijo que la sentencia no abordaba directamente si los hijos recién nacidos de migrantes indocumentados son ciudadanos, lo que lo convierte en una cuestión abierta para el tribunal.
Los que se oponen a la orden de Trump replican que, no obstante, la sentencia de 1898 dejaba claro que el estatus de residencia de los padres no era un factor en el razonamiento del tribunal ni un requisito previo para la ciudadanía.
En cuanto a la Enmienda 14, los estudiosos coinciden en que el concepto moderno de migración ilegal no existía en el momento de su adopción, y el Congreso no lo debatió ni lo tuvo en cuenta. Sin embargo, el Congreso sí esbozó algunas poblaciones que consideraba que no estaban “sujetas a la jurisdicción” de la ley estadounidense y, por tanto, no eran ciudadanos.
Incluían a los hijos de diplomáticos extranjeros, así como a los hijos de fuerzas extranjeras hostiles que ocuparan territorio estadounidense. Y, señalan los académicos, inicialmente incluían a las tribus de nativos americanos, a quienes no se les concedió la ciudadanía hasta una ley independiente del Congreso promulgada en 1924.
El gobierno de Trump ha aprovechado la excepción tribal como un hallazgo histórico que, según dice, respalda su postura. El gobierno argumenta que los hijos de migrantes indocumentados tampoco están “completamente sujetos” a la “jurisdicción política” de la nación. El gobierno afirma que, al igual que las tribus, los migrantes ilegales “deben lealtad” a otro lugar, y que los migrantes han infringido la ley al entrar en Estados Unidos.
Los impugnadores insisten en que el gobierno y quienes respaldan su postura están malinterpretando los registros históricos. Las tribus fueron excluidas, argumentan, porque se consideraban naciones separadas que ejercían su propia autoridad de gobierno. Por el contrario, afirman que no hay duda de que los migrantes están sujetos a las leyes estadounidenses, aunque hayan entrado de manera ilegal en el país.
Señalan también que la orden de Trump se dirigiría contra muchos futuros padres que están en el país legalmente, incluidos los estudiantes con visado, los solicitantes de asilo o quienes tienen protecciones temporales contra la deportación que les permiten vivir y trabajar en Estados Unidos mientras solicitan la residencia permanente.
El equipo jurídico que representa a los migrantes dijo que la orden forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para reprimir la inmigración y redefinir lo que significa ser estadounidense.
“Teorías e ideas que antes eran argumentos marginales de extrema derecha han sido adoptadas por este gobierno que las ha convertido en políticas”, dijo Taryn Wilgus Null, abogada principal del Fondo de Defensores de la Democracia. “El hecho de que el gobierno adopte estas medidas extremas no las transforma en medidas de la corriente dominante. No las convierte en legales”.
Sin embargo, Michael W. McConnell, profesor de derecho de Stanford y exjuez federal conservador, calificó a algunos de los originalistas que se han alineado con la postura de Trump de “eruditos serios” cuyas opiniones le han dado “cierta pausa”.
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En última instancia, sin embargo, cree que el tribunal debería concluir que la orden ejecutiva de Trump excede su poder y debería fallar en su contra.
El profesor de derecho Michael D. Ramsey, de la Universidad de San Diego, quien fue secretario del juez Antonin Scalia, analizó por primera vez la cuestión de la ciudadanía en 2020 y de nuevo tras el regreso de Trump a la presidencia en un documento reciente titulado “Birthright Citizenship Re-Examined”.
Al igual que el juez Scalia y algunos miembros del tribunal actual, Ramsey se considera originalista. Dijo que había llegado a la conclusión de que, aunque algunas de las nuevas investigaciones han puesto de relieve declaraciones de miembros del Congreso durante los debates sobre la redacción de la Enmienda 14 que podrían apoyar la postura de Trump, eran ambiguas. Y afirmó que, en su lugar, los jueces deberían centrarse en el texto de la Constitución y en su lenguaje, que confiere ampliamente la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos.
Ramsey señaló que el originalismo ha sido criticado como una metodología diseñada para lograr resultados políticamente conservadores. Este caso, dijo, podría ofrecer a los jueces originalistas la oportunidad de demostrar lo contrario: que examinar el texto y la historia no es un enfoque diseñado para alcanzar un solo tipo de resultado.
“Es importante”, dijo, “demostrar adónde nos conduce”.
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