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El himno nacional de Nicaragua sonó en el avión que el jueves pasado llevó a los presos políticos hasta Estados Unidos, donde pasaron del encierro al destierro. Ellos lo interpretaron y lo entonaron. “Es una situación agridulce, porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando a un hijo lo arrancan del vientre de su madre”, le comentó Félix Maradiaga, uno de los presos políticos recientemente liberados, a “El País” de España. “Se mezcla el sentimiento y la felicidad de poder abrazar a mi esposa y a mi hija con la dura noticia de que probablemente estaré fuera de Nicaragua por un tiempo”, agregó.
Él y otras 200 personas más aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, después de que el presidente Daniel Ortega los deportara y, además, de que el régimen llevara a cabo una reforma constitucional para quitarles su condición de nicaragüenses, para despojarlos de su ciudadanía. “Hasta el último momento, Ortega mostró su crueldad con ellos”, dice Octavio Alfonso Enríquez Cabistán, periodista de “El Confidencial”, que desde el año pasado vive en Costa Rica. “Aunque estén fuera, y aunque lo aprobado por el orteguismo diga que dejaron de ser nicaragüenses, no van a dejar de serlo”.
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Él, que esperó hasta que el mandatario se pronunciara para dar sus reflexiones sobre el destierro de los excarcelados, cree que lo sucedido, sumado a los ataques en contra de la prensa independiente, “que sigue resistiendo en el exilio”, es un intento por mostrarle a los ciudadanos qué les espera si lo critican. “El régimen tiene todo un marco legal para perseguir a la oposición, para perseguir a los ciudadanos, además del Estado de facto, con el cual la Policía también ejerce su labor represiva en contra de ellos”.
“El destierro de las más de 200 personas no tiene precedentes”, dice, por su lado, Gonzalo Carrión Maradiaga, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. “Sin embargo, el régimen ya había aplicado la misma fórmula a otras personas”. Habla, puntualmente, de los músicos que el año pasado fueron apresados y, luego, enviados fuera del país. Los productores musicales Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia Reyes, junto a otros más, fueron arrestados días antes de que se cumplieran cuatro años desde las marchas contra Ortega, que en el 2018 dejaron más de 300 muertos. Después de estar diez días encarcelados, su libertad fue condicionada a irse de Nicaragua. Así, Espinoza y Tapia Reyes llegaron a Alemania. En este entonces, Mario Rocha, compositor nicaragüense, le dijo a la “Voz de América”: “Es la intolerancia de la dictadura. No soportan que derechos inalienables al ser humano se puedan manifestar, como el simple hecho de un artista que cante sus canciones o que un artista gráfico muestre sus pinturas, independientemente que sean a favor o en contra de ellos”.
Carrión Maradiaga también se refiere a aquellos nicaragüenses que, estando fuera, han querido regresar al país, pero se les ha prohibido entrar. Así sucedió, por ejemplo, con el papá de Lesther Alemán, uno de los presos políticos que recientemente llegó a Estados Unidos. Él fue retenido la noche del 5 de julio de 2021 y su última conversación con su padre la tuvo dos días antes de que las fuerzas policiales se lo llevaran. Once días después, Lesther Javier Alemán Navarrete decidió abordar un avión desde Estados Unidos hacia Managua, pero las autoridades le impidieron ingresar. Sí, aterrizó, presentó una prueba negativa de covid-19 y entregó la hoja de migración, como se lee en “El Confidencial”. Sin embargo, un policía le dijo: “¿Sabía usted que no tiene permiso para entrar al país?”.
Con esto, según Carrión Maradiaga, la intención es afectar a cualquiera que quiera hacer un cuestionamiento: te condenan y, ahora, te desnacionalizan. “Eso no existe en el mundo moderno, en pleno siglo XXI, en tiempos en los que se habla del reconocimiento de los derechos humanos. No hay comparación. Esto busca neutralizar a todo aquel que quiera cuestionar. Más, si se tiene en cuenta que cerca de medio millón de nicaragüenses han salido del país por razones económicas y sociales, pero también por un régimen que no permite trabajar libremente: no hay estabilidad ni libertad. Hay un desplazamiento forzado, muchas veces motivado por razones políticas”.
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Su interpretación es que “el régimen, probablemente, dirá: ‘Los sacamos’, pero nunca va a decir: ‘Los desterramos’”. Y ahora, después de que Estados Unidos afirmó que los hasta hace poco presos políticos “estarán en un régimen especial durante dos años”, según se lee en “El País”, y luego de que España ofreció darles la nacionalidad a todos ellos, hay 222 testimonios vivientes del horror del régimen de Daniel Ortega.
“Es el Estado del terror infundiendo terror”, comenta Carrión Maradiaga. “Para quienes los conocíamos y sabíamos de su inocencia, la situación de ellos, sus sufrimientos, los relatos de sus familiares, nos devolvían al tiempo de la dictadura de Somoza en Nicaragua. ¿Tantos habían muerto para que otra dictadura, nacida dentro del mismo sandinismo, repitiera la historia? El inaudito e impune actuar de Ortega y Murillo obtuvo la condena de la comunidad internacional. Cientos de personas solidarias en todo el mundo se movilizaron para denunciar este atropello a los derechos humanos de los nicaragüenses”, escribió, por su parte, Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense exiliada en España, en una columna en “El País”.
Además, hay otros 38 presos políticos que permanecen en el país, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, que enfrenta 26 años de prisión. “No sé qué piensa este señor (Álvarez), que, frente a una decisión del Estado nicaragüense, dice que no acata una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse del país”, dijo Ortega en una intervención radial y televisiva luego del destierro de sus opositores. Su represalia no se hizo esperar: el religioso pasó de estar en prisión domiciliaria, como permanecía desde agosto de 2022, a ser trasladado a la cárcel Modelo, en un contexto en el que en las prisiones nicaragüenses las personas sufren de hasta 38 tipos de tortura, según lo han denunciado algunos familiares de los detenidos. “Le recetaron el destierro y, al no aceptarlo, lo enviaron al encierro”, afirma Carrión Maradiaga, quien recuerda que en la cárcel se murió el comandante sandinista Hugo Torres y que el crimen cometido contra Eddy Montes sigue en la impunidad.
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