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No es solo el arresto de Ruth López, una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en El Salvador, sino también la detención de un pastor evangélico y de un abogado durante una protesta a las afueras de la residencia privada del presidente Nayib Bukele. También son las más de 83.000 personas que han sido privadas de la libertad bajo el estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, a quienes se les han violado el debido proceso y otras instancias más. Es a la vez el aumento de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo por parte de empleados públicos, pero también la represión cada vez más evidente contra la sociedad civil. ¿Faltaba algún indicio más? Una ley contra agentes extranjeros que el mandatario envió al Congreso para ser aprobada y que fue discutida de urgencia el martes.
Eso es represivo y amenazante, le comentó a El Faro Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, misma organización a la que pertenece López: “La ley se inscribe en un contexto de escalamiento de la represión y de la criminalización que ha venido presentando este gobierno en los últimos años y que ahora incluye a diversos sectores”. En eso coincidió el abogado salvadoreño Henri Fino, quien aseguró que la represión ha llegado a su pico más alto. Muestra de ello es que el anuncio de la ley se hizo en el marco de una manifestación con la cual se le pidió ayuda al mandatario para evitar que unos campesinos fueran despojados de sus casas. Su respuesta fue enviar a la Policía Militar, algo que no se veía desde 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, luego de 12 años de una guerra civil.
“El dictador se quitó la máscara. Pasó de pan y circo al garrote. Ya no solo está su discurso, sino también el uso de la Fuerza Pública”, aseguró Fino, y es que, en estos casi seis años de gobierno, se están acentuando los tintes autoritarios de Bukele. En la más reciente manifestación decidió enviar a un grupo de policías y militares, además de capturar a cinco líderes de la concentración social. Eso es lo que penetra en el imaginario de la gente: la detención de Ruth López y de otros defensores de derechos humanos, además del uso del tanque militar. Con eso, según él, las personas entienden qué le puede pasar a aquel que cuestiona la corrupción y la falta de transparencia.
A la par está la amenaza que representa la ley de agentes extranjeros, muy similar a la que existe en Nicaragua y un tema que se puso sobre la mesa desde 2021. Human Rights Watch, en un informe del año pasado, reconoció que el gobierno de Bukele ha creado un ambiente hostil para periodistas, líderes sindicales y activistas, en medio de un intento por parte de sus funcionarios de desacreditar su trabajo, acusándolos de ser “defensores de las pandillas”. La idea de imponer un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las agrupaciones, como lo establece la ley impulsada por el presidente, implica asfixiar su economía para, finalmente, silenciarlas.
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De hecho, la carga sobre ellas ya es bastante alta. Fino comentó que el 80 % de las organizaciones en el país centroamericano han cerrado o han disminuido sustancialmente su actividad por la suspensión de fondos de Estados Unidos. Si terminan sometidas a ese gravamen, la divulgación de sus investigaciones estaría aún más en riesgo, en un contexto en el cual su trabajo se ha convertido casi que en el principal veedor del poder central. Por ejemplo, López, acusada de peculado, pero sin ningún tipo de prueba, presentó 15 denuncias sobre distintos indicios de corrupción, relacionados con Chivo Wallet, la fracasada billetera digital que el gobierno creó para intercambios con criptomonedas, pero también con transferencias irregulares de inmuebles y con la creación de plazas fantasmas en instituciones del Estado, además del uso del software de espionaje Pegasus.
No se trata solo de la concentración de poder ni de cómo esto ha allanado el camino para que cualquier decisión que tome el mandatario no encuentre freno en otras instancias. Se trata también de que, a nivel internacional, aunque ha habido algunas condenas, se ha instaurado una dinámica que propicia este tipo de acciones. Si en 2021 la ley de agentes extranjeros no entró en vigor fue porque la cooperación internacional presionó para evitar su aprobación. Ahora bien, con el nuevo gobierno de Donald Trump parece que todo es diferente. Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington, escribió en la red social X: “Esa tarifa debió existir desde hace mucho tiempo”. Además, según Fino, puede que Bukele se sienta más cómodo porque el republicano “lo alaba”. El problema, agregó, es que “ya estamos viviendo situaciones similares a Venezuela y Nicaragua”.
De momento, la coordinadora de las ONG españolas solicitó suspender la cooperación bilateral con El Salvador, argumentando la criminalización de la solidaridad y las detenciones arbitrarias de derechos humanos. La medida impulsada por Bukele también fue calificada de autoritaria por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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