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Al ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, el viernes pasado en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro parece haberles dado la estocada final a los Acuerdos de Barbados, firmados con la plataforma opositora en octubre pasado. El pacto contenía criterios mínimos en cuanto a derechos políticos y garantías electorales en los comicios anunciados para el segundo semestre de este año, que están en un camino cada vez más pedregoso.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que también dejó en firme la inhabilitación de Henrique Capriles, ratificó la sanción por 15 años contra la indiscutible ganadora de las elecciones primarias de la oposición, en las que Machado fue ungida candidata para las presidenciales de este año.
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El Tribunal falló en el marco de un recurso presentado por la propia Machado, en diciembre pasado, luego de mucha resistencia por parte de la misma opositora para acogerse a un proceso puesto en marcha por condición de Estados Unidos, pero que, según ella, no tiene fundamento. Allí, el Supremo la declara “partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M. [hoy en el exilio], que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
Aunque, de acuerdo con Machado, los Acuerdos de Barbados se agotaron, “lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar”.
Nicolás Maduro también ha dicho que los Acuerdos de Barbados están “heridos de muerte”, pero por los supuestos planes para asesinarlo que ha revelado la Fiscalía.
Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, todo esto se da en una coyuntura en la que el régimen se sabe incapaz de ganar en un proceso electoral democrático y transparente, debido principalmente a los dos certámenes electorales más recientes, que provocaron movilizaciones ciudadanas contrarias al régimen. Por un lado, la masiva votación en las primarias opositoras que, con más del 90 % de los 2,4 millones de votos, dieron como ganadora a Machado y, por el otro, el referendo consultivo sobre el Esequibo, en el que el régimen afirma que 10 millones de personas salieron a votar, cifras que Maduro “sabe que están muy lejos de la realidad”, tratándose de un asunto instalado en lo más profundo de la entraña del patriotismo venezolano.
Para Alejandro Martínez Ubieda, presidente de Diálogo Colombo-Venezolano, la ratificación de la sanción contra Machado implicó la fabricación de “actos jurídicos que han traído problemas internos al punto de que la anterior presidenta del Tribunal renunció hace días por negarse a participar de esto”. Siendo una “persona muy afín al régimen”, su paso al costado probaría que hasta para miembros del círculo cercano de Maduro se ha ido “demasiado lejos”.
El asunto más complejo ahora parece estar en la orilla estadounidense, pues Washington había condicionado el alivio de sanciones petroleras contra Venezuela a la habilitación de candidatos y, en general, el respeto por la ruta electoral. No obstante, en tensión parecen estar la credibilidad de la Casa Blanca y, en el otro extremo, un amplio espectro de intereses.
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Rodríguez recuerda que Estados Unidos está en plena campaña electoral, en una pugna entre demócratas y republicanos en la que el asunto migratorio es crucial. Así, lo más probable es que la administración de Joe Biden necesite mantener canales de comunicación con Venezuela para que Caracas siga aceptando vuelos de regreso con migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos.
El analista añade que Estados Unidos podría tratar la situación con un énfasis de oportunidad más que con un carácter democrático, para “evitar que Venezuela devenga en una situación anárquica”. Esto, según Rodríguez, teniendo en cuenta el probable escenario de caos y sabotaje criminal que permanecería en el entramado estatal incluso si Maduro deja el poder. “La desestabilización de Venezuela causaría que el problema de gestión migratoria se agravara”.
A esto se suman coyunturas como las guerras en Ucrania y en Gaza. “Con esta dinámica, a Estados Unidos no le interesa abrir un nuevo frente de tensión en la región. Queda ver si se reinstaurarán las sanciones; en ley, Estados Unidos debería hacerlo”, afirma Martínez. “Pero en una situación de alta complejidad como esta, hay que pensarlo muy bien para evitar que el régimen ponga en un trayecto sin salida a las fuerzas democráticas”, añade.
Por el momento, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, se ha limitado a decir que la decisión del Supremo es “profundamente preocupante” y que “va en contra de los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales”. Sobre las sanciones, aseguró que Estados Unidos está “revisando” dicha política “basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”.
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