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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Es momento de hablar de Ecuador, de la crisis social y política. ¿Por qué tanta violencia? ¿Es equiparable lo que pasa en Ecuador con lo que pasó en Colombia hace 30 años? ¿Qué significa que hayan declarado un conflicto armado interno en el vecino país? Estas y otras preguntas tendrá una posible respuesta en este boletín que hemos pensado para esta semana.
Hay que volver varios meses atrás, incluso más de los que vamos a plantear, pero tenemos que recordar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien recibió varios disparos el miércoles 9 de agosto y falleció minutos después. Quizá ese hecho terminó por reafirmar que la violencia y el narcotráfico se habían apoderado del país. Un tejido social roto y un poder que tendría la dura prueba de enfrentar a las bandas que quisieron hacerle frente a un Estado que perdió su control.
La violencia en Ecuador ha ido creciendo, esa mala noticia se ha dado en los últimos años. La agencia AFP contaba que “En 2022 los asesinatos casi se duplicaron con respecto al año anterior, 25 por cada 100.000 habitantes, y para 2023 pasaría a una tasa de hasta 40, según proyecciones de expertos”. De 2009 a 2021, la población carcelaria pasó de 11.000 a 40.000. Según un informe de Crisis Group, “con el salto de 180 % en el número de asesinatos que ya se reportaba entre 2020 y 2021 (para un total de 3.538), la Policía ha atribuido el 80 % de esas muertes a choques entre grupos criminales que se disputan el control sobre la distribución y la exportación de droga”. Y, “en cuestión de 12 meses, Ecuador vio un salto de 86 % en su tasa de homicidios, con 25,9 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2022, según cálculos de InsightCrime. Esto, en un total de 4.603 asesinatos. Su tasa solo es superada por Colombia (26,2), Honduras (35,8) y Venezuela (40,4)”.
En una entrevista que María José Barrios, periodista internacional de este diario, le hizo a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito el año pasado, esta última dijo tras el asesinato de Villavicencio que “En este momento no existe confianza en las instituciones, se ha demostrado un nivel de impunidad, de encubrir a los verdaderos responsables, sobre todo conectados con el nivel político, de toma de decisiones. Esperamos que se desarrolle una investigación transparente que nos muestre cuáles son los vínculos con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con los espacios de poder, con el sistema de justicia, con el sistema judicial. Ese es el objetivo, porque estamos ante un hecho de violencia política que nos muestra que la criminalidad ha penetrado en los diferentes niveles del Estado”.
Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador, en su más reciente columna cita al criminólogo ecuatoriano Jorge Paladines, y escribe que “en su sugestiva publicación “Matar y dejar matar”, enfatiza tres: i) el desmantelamiento de la política social, que debilitó la respuesta estatal a las demandas sociales, especialmente de los jóvenes; ii) el fortalecimiento de las bandas criminales, como Los Choneros o Los Lobos, por su mayor involucramiento en el narcotráfico internacional, en alianza con mafias transnacionales. El último informe de cocaína de UNODC señala que casi una cuarta parte de la cocaína decomisada en Europa en 2021 provenía de Ecuador. Y iii) el control casi total de las cárceles por esas bandas”.
Una vez aclarado un poco el contexto de violencia en Ecuador, podemos volver a los hechos cronológicos, pues tenemos que regresar dos semanas atrás, cuando el 4 de enero el presidente Daniel Noboa -elegido en octubre del año pasado para culminar un período que culminará en 2025 tras la salida de Guillermo Lasso del poder-, anunció que decretaría estado de excepción por los motines que se presentaron en al menos seis cárceles del país.
“Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar, dijo Noboa en su cuenta de Instagram, además de señalar que “Lo que vivimos (este lunes en las cárceles) es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz”.
No solo habían sido los motines, sino también la fuga de José Adolfo Macías Salazar, alias “Fito”, líder de la banda “Los Choneros”, una de las más peligrosas de Ecuador. Y no es un hecho menor este, pues se presume que ‘Fito’ tiene nexos con carteles mexicanos, además es señalado de haber amenazado a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado el año pasado.
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Ya vamos a hablar de las bandas criminales que han agudizado la violencia en Ecuador, pero no perdamos el hilo de los hechos que llevaron a Noboa a decretar el conflicto armado interno en ese país. El martes 9 de enero, días después de los motines que se presentaron en varias cárceles, hubo otros nuevos, pero además el mundo vio cómo un grupo de criminales se tomó el Canal 10 de Ecuador en plena transmisión en vivo. Aunque horas después la situación logró ser controlada por la policía, las imágenes de los hombres encapuchados con armas de fuego y con granadas causó terror en Ecuador y alertó al mundo sobre la situación que vive ese país en términos sociales. “Estamos en vivo para que sepa que no se deben jugar con las mafias”, dijo uno de los criminales.
La situación no daba más espera. Esa misma tarde, Noboa informó que declaraba en un decreto la existencia de un “conflicto armado interno” en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para recuperar el orden público.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explicó que reconocer la existencia de un conflicto armado interno implica que “Fuerzas Armadas ya están facultadas para usar la fuerza contra estas 23 organizaciones que fueron declaradas como grupos terroristas y beligerantes”.
En la misma nota, Barrios cita a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, quien explica que con el anuncio del conflicto armado interno “Inmediatamente podría aumentar la violencia. Si bien las fuerzas armadas están facultadas para usar la fuerza, el crimen organizado lo que está mandando con estos mensajes con la toma del canal de televisión, son muestras simbólicas del poder que ellos tienen y va a haber mucho menos temor que las instituciones de utilizar la fuerza. Entonces, que el Estado ahora sea un objetivo para el crimen organizado va a generar una ola de violencia sin precedentes. Esperaría que no genere víctimas colaterales”.
Con la declaración del conflicto armado interno, Noboa señaló que son 22 las “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
Varios de estos grupos cuentan con presencia en la costa del Pacífico, logrando que sus redes lleguen a México, así como a algunos países de Europa. Sin duda, como lo hemos venido mencionando, una de las bandas más peligrosas es la de Los Choneros, que nació en la segunda mitad de los 90 en la ciudad de Chone. Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, es el líder que reemplazó a Jorge Busmarck, alias “Teniente España”, que fue quien fundó la organización criminal. Aunque ‘Rasquiña’ está preso desde 2011, desde la cárcel hizo que el grupo se consolidara como pandilla carcelaria (fenómeno similar con otras bandas criminales en el Ecuador) y se dedicara al microtráfico, sicariato, contrabando y extorsión. Se dice que Los Choneros tiene entre 12.000 y 20.000 integrantes.
Hay que hablar también de Los lobos, banda que nación por una escisión de Los Choneros. Según Insight Crime, Los lobos son “el motor de la máquina criminal ecuatoriana”. El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión y el sicariato son los delitos que concentra esta banda liderada por Wilmer Chavarría, alias “Pipo” o “Tuerto”, así como de Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico”. Este último fue otro de los fugados el día que Noboa declaró el estado de excepción en Ecuador.
Otras bandas como Los Lagartos, Los Tiguerones, Los Latin Kings o Los Chone Killers concentran gran parte de la actividad criminal en Ecuador. Sin embargo, recordemos que, contando todos estos grupos, son 22 en total los que han llevado al vecino país a una crisis social sin precedentes.
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¿La situación en Ecuador tiene implicaciones para Colombia? La respuesta es sí, y esa respuesta tiene varios frentes. El primero de ellos es la relación de las bandas criminales con nuestro país. Según una nota publicada por la sección judicial de este diario, “En medio de estos pactos entre bandas ecuatorianas y mafias mexicanas, fuentes del Ejército y de la Defensoría, aseguran que también intermedia el factor colombiano: las disidencias de las FARC y un grupo sucesor del paramilitarismo que opera a lo largo de la frontera, en los departamentos de Nariño y Putumayo”.
Por ejemplo, “Los Choneros, grupo criminal que desde los años 90 ha tenido relaciones con el narcotráfico colombiano y el cartel de Sinaloa, es señalada de recibir la cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana y enviarla camuflada por los puertos marítimos, entre ellos el de Guayaquil”.
El otro frente tiene que ver con los presos colombianos en Ecuador. El presidente Gustavo Petro se pronunció la semana pasada diciendo que estaba dispuesto a ayudar al vecino país, y Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, dijo que aceptaba la ayuda y que para eso iba a devolver a los presos para liberar las cárceles de ese país.
Noboa habló de “sacar” a 1.500 presos, principalmente colombianos, venezolanos y peruanos. El término “sacar” es lo que se causa dudas, pues Néstor Osuna, ministro de Justicia de nuestro país, explicó que “una expulsión implicaría que, como ciudadanos colombianos, estarían en libertad de entrar y circular por el territorio nacional una vez crucen la frontera. Solo serían capturados en Colombia si tienen pendientes con la justicia de este país”.
María Alejandra Medina, editora internacional de El Espectador, explica en la nota que habla de este tema que “Según el convenio de repatriación de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, ‘es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada’, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado. Por eso se ha escuchado al ministro decir que los casos tendrían que estudiarse ‘uno por uno’”.
Fredy Rivera, profesor e investigador en inteligencia y seguridad de Flacson Ecuador, habló con Medina en la nota mencionada y aseguró que “la forma en que Noboa ha hecho los anuncios no solo tiene un tufo demagógico, sino que denota una mala asesoría. De hecho, sobre Gabriela Sommerfeld (reconocida empresaria del sector aeronáutico), nombrada por Noboa como canciller, opina que su fuerte son los negocios internacionales, mas no la política exterior”.
Volviendo a Ecuador, y para ir cerrando, cabe destacar las consecuencias que esta crisis trae para su economía, pues según un artículo publicado por este diario, los problemas en este ámbito “están anclados en un déficit fiscal elevado, que se calcula en cerca de 5 % del PIB para finales de 2023, lo que representa un hueco de unos US$5.000 millones. El problema acá es que, apenas un año antes, esta cifra era de US$1.700 millones”.
Además, “El nivel de reservas del país registrado en la primera semana de diciembre se convirtió en el punto más bajo en 18 años y obligó al Gobierno a buscar unos US$3.000 millones para pagar gastos de funcionamiento de las administraciones central y regionales”.
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Los problemas en seguridad alejan la inversión extranjera, ese es un punto a tener en cuenta; el otro es que la implementación del toque de queda pueda afectar el comercio. En la nota publicada por la sección de economía de El Espectadorv, se cita a Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, quien le pidió al Gobierno de Noboa que “module la medida y de ese modo se eviten más daños para el, ya afectado, sector productivo”, pues “el toque de queda generará graves daños a las actividades productivas nocturnas. No todas las provincias tienen los mismos índices de inseguridad; esta decisión debería adaptarse a la situación de cada localidad”.
Rivera, en una entrevista que encierra todo lo que está pasando en Ecuador, le respondió a María Alejandra Medina que Noboa tendría que lograr “Una limpieza en las instancias estatales de los malos elementos vinculados a las corporaciones criminales. Pedir el apoyo del Legislativo, que lo va a tener, para depurar la porquería en las instancias de administración de justicia. Necesita una orientación estratégica en su política exterior para que se enfoque en la cooperación con los países vecinos, fundamentalmente en términos tecnológicos, asistencia en inteligencia con EE. UU. y llamar la atención de la colaboración de Europa. Todo enmarcado en derecho internacional humanitario y derechos humanos”.
Aunque haya factores similares, nunca serán equiparables los dramas de una sociedad que padece un conflicto armado, que padece la inseguridad y el crimen. Darle la espalda a los problemas del mundo en general no es la mejor idea, pero al tratarse de un país de la región habría que mirar con más cuidado, porque los problemas de uno terminan siendo los de todos, no solo es retórica, sino que hemos podido evidenciar cómo los tentáculos del narcotráfico y el crimen comprometen a nuestro país y otros tantos del continente.
La salida no está cerca, y en Ecuador parece más importante que nunca lograr un acuerdo nacional. A Noboa le queda apenas un año en el poder, y las soluciones estructurales no se logran en tan poco tiempo. Solidaridad, como mínimo, es lo que expresamos desde aquí, y compromiso para seguir informándolos sobre todo lo que pasa en el vecino país.
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