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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? ¿Por qué Pedro Castillo, elegido por la mayoría de los votantes de ese país en las pasadas elecciones, está en el ojo del huracán y, de paso, se desencadenó una tormenta política en ese país? ¿Qué ha dicho Colombia sobre esta delicada situación que se vive allí? ¿Cuál es la posición del presidente Gustavo Petro al respecto? ¿Por qué ha se cuentan ocho personas muertas y se declaró estado de emergencia? ¿Cómo fue la llegada de la primera mujer a la presidencia de Perú en medio de toda esta turbulencia social? Para responderlo, los colegas de la sección Internacional de El Espectador nos enviaron una serie de enlaces que dejaremos a continuación, incluyendo las transmisiones en vivo que se han hecho con analistas peruanos y que están viviendo, minuto a minuto, este hecho histórico en Perú. Comencemos.
Era julio de 2021. En su discurso de posesión Pedro Castillo -profesor de una escuela rural y quien llegaba a la presidencia votado por el Perú rural-, fue muy claro al advertir que “este es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Construiremos desde abajo. Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república”. Recibía un país, como todos, golpeado por la pandemia, y como todos los de la región, con una desigualdad más que evidente. El dólar estaba en máximos históricos (3,95 soles), se leía en titulares de ese momento que “la economía se hundió 11,12 % en 2020 por la pandemia” y, para sumar, de acuerdo con los registros oficiales Perú había perdido dos millones de empleos. Ese día también sentenció: “juro por un país sin corrupción y por una nueva Constitución”.
Un año más tarde, en julio de 2022, justo cuando el mandatario cumplía un año en su cargo, tenía cinco investigaciones abiertas por corrupción: “Se le atribuye a Pedro Castillo haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata”, dijo la Fiscalía de ese país. Se trataba entonces de delitos contra la administración pública y colusión. También se buscaba establecer si Castillo había intervenido en la licitación para compra de biodiésel, por parte de la estatal Petroperú, con el fin de beneficiar a la empresa privada Heaven Petroleum. Una más, esta por actos indebidos en ascensos militares con los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Y uno más, que venía de antes de ser presidente: lo acusaban de plagio agravado y cobro indebido, pues advertían cuando se desempeñaba como maestro de escuela, su salario era mayor en el escalafón por tener un título de maestría, pero que había sido conseguido supuestamente de forma fraudulenta. Y que su tesis de grado tenía un 54% de similitudes con obras de otros autores.
Pero la cosa no paraba ahí. La Fiscalía también había ordenado “otra investigación en contra del presidente peruano por obstrucción a la justicia luego de que el exministro del Interior, Mariano González, acusara al mandatario de entorpecer el trabajo de la Policía para dar con el paradero de las personas del círculo de Castillo que están prófugas. González fue removido de cargo en la cartera de Interior (el séptimo cambio en ese ministerio) luego de haber creado un equipo especial en la Policía para apoyar a la Fiscalía en sus labores de investigación”. El Congreso, para ese momento, cocinaba un intento de destitución, pero no se contaban los “votos suficientes para sacarlo del poder”.
Ya, en noviembre de este 2022, llegaban noticias de una tercera moción de censura y se presentaba un nuevo pedido de destitución a Castillo por lo que llamaron su incompetencia para gobernar. Se requería un mínimo de 52 votos para que la moción fuera admitida a debate, según el reglamento del Congreso del Perú. Todo esto pasaba cuando en 16 meses de gobierno Pedro Castillo respondía ante seis investigaciones penales, había nombrado a cinco gabinetes y se enfrentaba, realmente, a “su tercer juicio político en el Congreso”, teniendo en cuenta que era una institución que tiene de una “impopularidad aún más grande que la del mandatario: el 73 % del país desaprueba la labor parlamentaria. El 66 % desaprueba a Castillo”:
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Pero el 7 de diciembre subió de nivel la crisis política y, sin más, estalló: Pedro Castillo, en una alocución presidencial visiblemente nervioso y tembloroso, decretó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado, nos contaban los colegas de la sección Internacional de El Espectador. “Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, advirtió Castillo. Desde el Congreso no tardaron en asegurar que lo que Castillo había hecho se trataba de un golpe de Estado, “se aleja de todos los marcos constitucionales”, dijo la legisladora izquierdista Ruth Luque, quien hace parte de un bloque político que ha apoyado la permanencia de Castillo en el poder.
La primera moción, en diciembre de 2021, ni siquiera llegó a ser debatida por el pleno del Congreso. La segunda, en marzo de este año, alcanzó 55 votos para sacar al presidente. La última moción de censura fue admitida por 73 congresistas.
No había pasado una hora cuando la cascada de renuncias de ministros y embajadores llegó. Y para sumar, el Congreso adelantó la votación y terminó destituyendo a Castillo soportado en 101 votos a favor de la “vacancia” y tan solo 6 en contra. Escribían los colegas de la sección Internacional: “Así que, esta arriesgada jugada para la democracia peruana, fue una apuesta de Castillo que le salió mal. El manual del dictador lo dice: una medida de estas solo se adopta si se tiene el Ejército de su lado, y con eso tampoco contaba. Había sobrevivido dos juicios y seis investigaciones penales. Nadie había podido con él. Solo Castillo pudo con él mismo. Ya lo decía él el martes: “estoy pagando los errores de mi inexperiencia””. Incluso vimos imágenes por redes sociales en donde Castillo era detenido y quedaba bajo órdenes de las autoridades policiales.
No era la primera vez que un mandatario peruano usaba esta estrategia, pero ¿era legal? “El Ejecutivo sí tiene un mecanismo a su disposición para disolver el Congreso. De hecho, Castillo ya lo había puesto en marcha. Se trata de la ‘cuestión de confianza’”, contaron los periodistas encargado de reportear esta crisis política. “El primer ministro del país, o presidente del Consejo de ministros, puede solicitarle al Congreso una ‘cuestión de confianza’ para que respalde una política concreta. Si el Congreso la censura o la rechaza, el gabinete del presidente tiene que presentar su renuncia. Si un presidente del Consejo de Ministros vuelve a presentar una ‘cuestión de confianza’ al Congreso, y el Legislativo vuelve a rechazar el pedido, el presidente de la nación tendrá la facultad de disolver el Congreso y podrá convocar a nuevas elecciones legislativas”. ¿Y entonces? Hace unas semanas el primer ministro, Aníbal Torres, había solicitado la primera ‘cuestión de confianza’ al Congreso con la idea de “restablecer la participación política del pueblo”. Pero fue rechazada y la próxima ‘cuestión de confianza’ debería ser admitida o el Congreso se vería ad portas de ser disuelto. Pero esa segunda ‘cuestión de confianza’ nunca fue presentada. Así las cosas, Castillo no tenía la facultad de disolver el Congreso.
¿Qué seguía? ¿Asumiría la vicepresidenta Dina Boluarte? ¿Qué pasaría con Castillo? Y en las calles, donde el miedo y la zozobra gobernaban, ¿qué pasaba? ¿Y en Colombia qué decían?
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El Gobierno de Colombia “expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia. Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el congreso”: Cancillería de Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó saber su opinión sobre la crisis que se vivía en Perú, a través de su cuenta de Twitter: “Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda (sic)”. Y agregó: “Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia (sic)”.
Las críticas no se hicieron esperar a la opinión de Petro, pues el mandatario colombiano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aplicara la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que expidiera medidas cautelares en favor del presidente del Perú. Su argumento era que se había “conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que era una “mala señal” con esa declaración a favor de Castillo. “Cerrar el Congreso es un acto antidemocrático y grave. El solo intento debe tener consecuencias. El Presidente Petro da una mala señal. Pretende que un político quede blindado de manera absoluta por haber sido elegido; y no dice nada sobre el intento de cerrar el congreso (sic)”.
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Se sabía también que Castillo buscaba asilo en México. Para ese momento las autoridades le negaban un recurso para lograr su libertad y la Fiscalía buscaba pruebas para determinar qué fue lo que pasó con el discurso que terminó en un intento de golpe de Estado. En el fondo, aunque México acepte, “las autoridades judiciales de Perú también deben aprobarla, algo poco probable, pues además de los cargos de rebelión y conspiración (tras el golpe de Estado) se suman seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencia contra el hoy exmandatario”, contaron los colegas que siguen la noticia en El Espectador.
Mientras tanto el Perú ya contaba con una nueva persona al frente del país. Se trataba de Dina Boluarte, la nueva presidenta, quien asumió tras la detención de Castillo. Un escenario difícil, pues tiene que gobernar a un país en crisis, con la gente en la calle acusando al Congreso de golpista, exigiendo elecciones de inmediato, también exigen la libertad del político detenido y, para agregar, Boluarte no tiene las mejores relaciones con el Legislativo, pues “la hoy primera mujer presidenta de Perú fue expulsada de su partido, Perú Libre, en enero pasado”. Todo esto con el entendido de que llega ella es la sexta cabeza del Ejecutivo en seis años. “Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar”, dijo a la AFP Mery Colque, una manifestante en Lima.
Pedro Castillo se convertirá en el cuarto presidente de Perú en ser encarcelado, después de Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente Alan García se suicidó “por la presión de ser acusado por corrupción, y Alejandro Toledo se encuentra en vías de ser extraditado desde Estados Unidos”: Carlos Santander, especialista en estudios comparados sobre América Latina, en Latinoamérica 21.
¿Cuáles fueron las primeras decisiones de la nueva presidenta de Perú? ¿Cómo quedaba conformado el gabinete? ¿Por qué se dice que Perú vive en constante agitación y crisis política? ¿Puede un grupo ministerial, ante todo técnico por encima de político, calmar las aguas? ¿Qué pasaba en las calles?
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¿Y qué ha pasado en estos dos últimos días? Que los manifestantes, que se cuentan por miles, han pedido incluso el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones. El asunto de orden público está tan delicado que los seguidores de Castillo bloquearon el aeropuerto de Arequipa y con ello, parte de la movilidad de la segunda ciudad más grande del Perú. Boluarte anunció que presentará un proyecto de ley al Legislativo para adelantar las elecciones para abril de 2024. Y en el Congreso se aprobaba en la madrugada una resolución que “autoriza a levantar un fuero especial al expresidente Pedro Castillo (se levanta la inmunidad de los funcionarios), lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión”.
En medio de toda esta turbulencia, se conoció una carta de Castillo en donde dice, desde su centro de detención, que está “secuestrado” y en el mismo documento se refiere a Dina Boluarte como “usurpadora” y la criticó por pretender adelantar las elecciones. En el documento, publicado en su cuenta de Twitter, se lee: “Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”. Una hora más tarde se conocía del proyecto de Ley enviado por la presidenta Boluarte para, justo, adelantar la elecciones. Para ese momento ya se contaban tres personas fallecidas por las manifestaciones.
Desde ya se cree que adelantar las elecciones no será la solución a los problemas estructurales que tiene Perú. “Sí, nuevas elecciones. Pero recuerden que, sin reformas electoral y política, vamos a estar como el perro que gira sobre sí mismo tratando de morderse la cola”, dejó saber la iniciativa ciudadana de Sleeping Giants en ese país. Allí se vota en contra de alguien y no convencidos por alguien, dicen varios análisis políticos. La gente no se identifica con los políticos, no hay una rendición de cuentas contundente, se ha pedido una reforma política sólida: “Hay que reformular las reglas, los partidos, pero también el sentido que se le da a la vacancia presidencial”.
La situación de orden público ya deja más y más muertos, hay emergencia en la red vial y la presidenta tuvo que exigirle a la Policía que no usara armas letales en contra de los manifestantes, justo después de advertir que los mensajes escritos en la cuenta de Twitter de Castillo “no son de él”:
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Y ahora mismo ya se cuenta la octava persona muerta en medio de las protestas. El Gobierno declaró estado de emergencia en todo el país por 30 días mientras evalúa la decisión de toque de queda. “La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó la detención del expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión, tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa a un recurso de amparo rechazado por otro juzgado”, es decir, lo mantienen privado de la libertad. La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para Castillo, lo que impediría que saliera en libertad este miércoles, cuando se cumplían los siete días iniciales, pero la audiencia fue aplazada para el jueves 15 de diciembre. Entretanto, Boluarte ya dijo que sobre el llamado a las elecciones, “legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023″.
En las calles y carreteras se vive la protesta. Como el pasado miércoles cuando Castillo hizo su declaración y con ellos desató la crisis que hoy se vive, van pasando hechos tan rápido que no solo los ciudadanos de Perú están atentos a lo que sucede allí sino los países vecinos y la región. De acuerdo con el Banco Mundial, “se estima que la pobreza se mantendrá por encima de los niveles anteriores a la pandemia en los próximos dos años, como consecuencia de la caída de la calidad media del empleo”. Y, sin ver lo que se está viviendo desde el pasado miércoles, decían: “La economía peruana se enfrenta a importantes desafíos estructurales incluyendo reducir el tamaño relativo del sector informal, que brinda empleo a tres cuartas partes de los trabajadores de segmentos de baja productividad, y mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, como la educación, la salud y el abastecimiento de agua. Superar estos desafíos es fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo y la reducción de la pobreza en el país”.
Por ahora, con la prudencia se contar la realidad desde los hechos, seguiremos atentos a todas las noticias que llegan desde Perú para tratar de entender cada detalle sobre la crisis política y social que vive este país tan cercano a Colombia, con el que por supuesto existen relaciones más allá de las comerciales.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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