El expediente Martinelli

Escuchas ilegales Ricardo Martinelli  gobernó Panamá del 2009 a 2014. Durante su mandato, según las autoridades, se hicieron escuchas ilegales a cerca de 150 personas, entre políticos, empresarios y periodistas. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó la detención “provisional” del exmandatario tras una audiencia de más de ocho horas. Martinelli, de 63 años, dice ser un “perseguido político” del actual gobierno de Panamá, que dirige quien fuera su vicepresidente, Juan Carlos Varela, debido a que la justicia le ha abierto al menos seis expedientes por diversos delitos de corrupción. El expresidente salió de Panamá el pasado 28 de enero, cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra. Por ser diputado del Parlacen, Martinelli debe ser procesado por el Supremo mediante el novedoso sistema penal acusatorio, que establece procesos orales y abreviados. Por este caso se abrieron cinco querellas judiciales.      Sobrecostos en comida  Una fiscal anticorrupción pidió al Supremo investigar a Martinelli por la compra “con supuestos sobrecostos” de comida deshidratada a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN), luego de que el exdirector de ese organismo, Giacomo Tamburelli, detenido por ese caso, lo mencionara durante sus declaraciones ante la Fiscalía. El gobierno de Martinelli firmó un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada, destinada a los comedores públicos escolares.  “Todas las órdenes y trámites de lo que se debía comprar a través del PAN las impartía Martinelli”, señaló el exdirector del organismo. La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, conoció la declaración y envió el caso a la Corte Suprema, que admitió una causa penal contra Martinelli por los supuestos delitos contra la administración pública. Por este caso se levantó el fuero al expresidente. Indultos al final del mandato  Otro caso  por el que se investiga a Ricardo Martinelli, el tercero admitido por la Corte Suprema de Panamá, está relacionado con unos indultos ortorgados durante su mandato. Cuatro decretos ejecutivos firmados en 2010 por el entonces presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, con los que se indultó a 52 personas, fueron declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el magistrado ponente del caso, Hernán de León,  “ los indultos no fueron otorgados a personas que hubiesen sido condenadas por delitos políticos”.  El indulto se otorga para extinguir la pena y para que eso suceda debe haber una condena en firme, situación que no se cumplió en estos casos. En los decretos se incluyó la frase: “indistintamente de la etapa procesal en que se encuentren los casos”, lo cual, según el magistrado, denota que muchas de las personas indultadas no han sido condenadas. Fraude y pago de sobornos El exmandatario también es investigado por corrupción y un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic (FP). Tiene otro caso por el supuesto pago de sobornos a partir del cobro de impuestos morosos por la empresa privada Cobranzas del Istmo S.A. (CISA).  La Fiscalía Segunda Anticorrupción descubrió una red de corrupción para el control de fuentes de energía. Según una investigación del diario “La Prensa”, “con dinero que provenía de un contratista del Estado -Cobranzas del Istmo, S.A.- se capitalizó un consorcio de generación eléctrica”: Corporación de Energía del Istmo Ltd. En el consorcio figuran como accionistas el expresidente Martinelli, y sus hijos Alberto y Luis Enrique, así como Navin Bhakta, mencionado en el escándalo de la casa de valores Financial Pacific. Eso llevó a abrir un proceso por pago de “coimas” de las comisiones que obtuvo Cobranzas del Istmo, encargada de la recuperación morosa de impuestos del Estado.