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En la primera década de este siglo se contabilizaron más de tres millones de colombianos en el exterior. La búsqueda de empleo y de mejores condiciones de vida los llevó a salir del país, principalmente a Estados Unidos, Venezuela y España, en momentos en los cuales la violencia expulsó a muchos de ellos. En ese contexto, en 2003, se creó la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, un instrumento que buscaba, entre otras cosas más, coordinar la política migratoria y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el país en dicho asunto. El centro de ello, tal vez, era lo relacionado con los nacionales que vivían fuera, con la idea de crear programas para que retornaran y se revincularan con Colombia. Recientemente se publicó el borrador de un decreto que buscaría modificar lo que se dispuso hace más de 20 años, justo cuando Colombia se está perfilando como un país receptor de migrantes y es más urgente tener una política migratoria clara, incluso más que hace dos décadas.
Hace apenas unos meses la vicepresidenta Francia Márquez, quien también es cabeza del Ministerio de Igualdad y Equidad, acompañó al canciller Luis Gilberto Murillo a instalar la primera sesión de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, como se llama actualmente el instrumento que nació décadas atrás y que ahora está en vía de actualización. Según mencionó, el compromiso es “encaminar nuestros esfuerzos hacia la implementación de acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de la población en movilidad humana, su dignidad y su integración social, económica, cultural y educativa”. La Cancillería, que le dijo a El Espectador que se abstendrá de referirse al proyecto durante la fase de comentarios, precisó en un comunicado de julio que la renovación de la Comisión respondería a la necesidad de adaptar a ella nuevas instituciones, bajo la idea de abordar problemáticas como el tráfico y la trata de personas, así como la regularización.
Hay quienes dicen que, en más de dos décadas, la Comisión no ha funcionado. En eso coinciden Stephanie López Villamil, investigadora del Local Engagement Refugee Research Network (de Carleton University) y la consultora independiente Ana María Moreno Sáchica. La primera de ellas piensa que no se ha utilizado, que no ha funcionado como herramienta para coordinar los diferentes sectores del Gobierno, pues “se creó en el marco de Colombia nos Une, orientada más a los colombianos en el exterior. En ese momento no se necesitaba tanto una política migratoria a nivel interno, sino más ese apoyo a quienes estaban fuera. Por eso la Comisión nunca tuvo peso. Estuvo más que todo dormida”. Algo similar menciona Moreno Sáchica: “Ha sido inoperante, poco efectiva hasta ahora. Las grandes decisiones en materia de política migratoria no se han tomado en la Comisión Intersectorial, sino a nivel de gabinete ministerial, en las grandes esferas”. Producto de un contexto distinto, en el que la problemática principal era la diáspora colombiana, se atreve a decir que el instrumento se reactivó con la migración venezolana y que esta no es la primera vez que se ha querido modificar para actualizar su configuración.
A las dos les sorprende la designación de los miembros e invitados de la Comisión. López Villamil, por un lado, cuestiona que un integrante con voz y voto sea el Ministerio de Igualdad y Equidad, cuando se sabe que la Corte Constitucional anuló el decreto que le dio vida y que por ello funcionaría hasta 2026. También le extraña que el DANE y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional no figuran en ninguna de las listas. En cambio, a Moreno Sáchica le parece llamativo que Migración Colombia no tenga una silla permanente allí, cuando dicha entidad ejecuta las decisiones que toma la Cancillería en el tema, lo cual podría reflejar las tensiones que existen entre ambas instancias. A la primera de ellas le extraña, por ejemplo, que la sociedad civil no tenga participación alguna en la Comisión. Lo dice porque son las organizaciones sociales las que trabajan día a día con las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, a la otra analista eso no le parece necesario: “Hay espacios donde las decisiones tienen una carga institucional propia de las entidades públicas y, en cierto punto, no es tan fácil ventilarlas con otros”.
Sea por voluntad política o tal vez por burocracia, se venía presentando un freno en el funcionamiento de la Comisión. Si bien hay críticas alrededor de que se sesionará dos veces al año y de que el borrador del decreto no habla de la articulación con otros Estados, aunque sí menciona algo de socializar los instrumentos internacionales adoptados por Colombia en materia migratoria, así como el avance en su cumplimiento, tanto López Villamil como Moreno Sáchica ven un buen primer paso en la intención de revivir esta instancia. Es tal vez una oportunidad para generar mayor articulación y un indicio de que el tema no estaría tan relegado como antes, porque, en medio de una curva de aprendizaje lenta, se está haciendo más clara la responsabilidad de tener que responder ante la llegada de tres millones de personas.
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