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“Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”. “Nadie nos va a enfrentar por el futuro de Groenlandia”. “Vivimos en un mundo que se rige por la fuerza, por la coerción, por el poder”. Lo dice Stephen Miller, y lo dice con la arrogancia serena del poderoso: ese Nosferatu calvo que, durante la pasada administración de Trump, estuvo a cargo de la maquinaria carcelaria en la frontera. El mismo que, según The Atlantic, fue pieza central en la separación de miles de niños de sus padres y que hoy, con la misma compostura, pretende dictarnos cátedra de derecho internacional.
No es perturbador que un hombre de su calaña lo piense, sino que lo diga sin vergüenza, con impunidad. Durante décadas se nos vendió el dogma del excepcionalismo americano: el de un país poderoso, adalid natural de la democracia; defensor de la civilización frente a la barbarie, del mundo libre frente a los enemigos del orden, de las “fuerzas del bien” frente a “las fuerzas de la oscuridad”.
Y si alguien cree que exagero, recordemos el mapa que el consentido de Washington —a quien, con cariño, llaman “Bibi”— mostró en la ONU el 27 de septiembre de 2024. El mapa presentaba un Medio Oriente partido en dos bandos morales: “la bendición”, en verde, y “la maldición”, en negro; una caricatura del mundo, un dibujo infantil para niños-adultos como Trump. Y en las regiones verdes de los “bendecidos”, Gaza y Cisjordania habían dejado de existir por decreto cartográfico, como si borrar un nombre bastara para borrar a un pueblo. Y si sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, los autoproclamados defensores de la libertad y la justicia responden con su “¡justicia a la carta!”: sancionan a la Corte.
Así se fabrica la realidad: a fuerza de repetición. La ficción no discute con los hechos; los desplaza. La discusión política deja de ser un examen de evidencias y se vuelve un juicio sumario, con el veredicto escrito de antemano. Basta una etiqueta para condenar al disidente, clausurar el matiz y ahorrarse el trabajo de mirar las pruebas. La moral se usa para trazar bandos. La ley es selectiva: una para el adversario, otra para el aliado.
Por eso el trumpismo no es una ruptura. Difiere solo en que dice en voz alta lo que durante años se disfrazó con eufemismos. La política exterior de Estados Unidos rara vez se guía por devoción a las normas internacionales o por un compromiso desinteresado con los derechos humanos. El objetivo suele ser más estable y prosaico: proteger su esfera de influencia, asegurar ventajas estratégicas y defender intereses económicos. La diferencia es de forma, no de fondo: antes se envolvía en retórica; hoy se enuncia con desparpajo y crudeza.
Si el discurso político tuviera un mínimo de rigor, si partiera de hechos y no de consignas, la pregunta inevitable sería: ¿por qué el inventario de “beneficiarios” de la política norteamericana se parece tanto a un catálogo de policías secretas, ejecuciones sumarias, dictaduras, estados de excepción y cleptocracias amigas?
La respuesta no es moral; es estratégica. En Covert Regime Change, la politóloga Lindsey A. O’Rourke pone las cifras sobre la mesa: sesenta y cuatro intentos encubiertos de cambio de régimen durante la Guerra Fría. Y si uno retrocede la mirada desde el siglo XIX hasta hoy, el patrón se vuelve casi pedagógico: desde el derrocamiento de Liliʻuokalani y el robo de Hawái —y, más tarde, el despojo de amplios territorios mexicanos— hasta los “hombres fuertes” del hemisferio: dictadores sanguinarios apuntalados por Washington y, en no pocos casos, por sus servicios de inteligencia: los Somoza, Trujillo, Batista, Pinochet, Ríos Montt, los Duvalier…
El mismo libreto se repite al otro lado del mundo: el sha en Irán, Suharto en Indonesia, Mobutu en Zaire, Marcos en Filipinas… Cambian los pretextos y los uniformes, pero no la lógica. Hoy la escena la ocupan El-Sisi en Egipto; la monarquía saudí, concentrada en la figura hegemónica de Mohammed bin Salman; y el rey Abdalá II en Jordania. Se renuevan las excusas —orden, estabilidad, seguridad—, pero el principio permanece intacto: no se premia la virtud, sino la lealtad; y la desobediencia se castiga con violencia ejemplar.
¿Y quién define a un terrorista? Nelson Mandela lo fue, a ojos de la burocracia estadounidense, hasta que el Congreso tuvo que enmendar aquella vergüenza diplomática y sacar al ANC de la lista negra. La palabra, por lo visto, es reversible: se ofrecieron diez millones de dólares por la cabeza de Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Julani), antiguo jefe de una rama vinculada a Al Qaeda en Siria y hoy presidente interino; el mismo a quien Trump recibió en la Casa Blanca, esta vez sin camuflado ni machete, sino de traje y corbata.
Ahora que tanto se habla de Maduro y del “narcoterrorismo” venezolano, valdría la pena recordar al ciudadano Posada Carriles, señalado por su participación en el atentado contra el vuelo 455 de Cubana, donde murieron 73 civiles, y luego reciclado como héroe de la resistencia. Su “hazaña” le mereció una vida tranquila en el paraíso de la democracia, apenas interrumpida por trámites migratorios: formularios, fechas, declaraciones… La minucia de volar en pedazos un avión comercial no tiene por qué indignar a nadie. Así funciona el diccionario: la palabra es inflexible para unos y negociable para otros.
¿Y quién califica como “narcoterrorista”? ¿Acaso no el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York, en un tribunal federal en Manhattan por conspirar para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia el norte? Y, sin embargo, ese rótulo también puede evaporarse: basta la alquimia de la gracia del poder para que el expediente se transmute en “inconveniente diplomático”.
Y si en 2019 apenas alrededor del 8 % de la cocaína con destino al norte salió por el corredor caribeño —por rutas marítimas, asociadas principalmente a Venezuela—, según estimaciones basadas en datos de la DEA, Maduro vendría siendo, ¿8 % narcoterrorista? ¿Suficiente para elevarlo al rango de objetivo militar? Basta un dato para rematar la farsa: cuando la DEA mira las muestras incautadas y analizadas en EE. UU., el origen dominante sigue siendo Colombia —aproximadamente 84 % en 2024 y aproximadamente 97% en 2022—, con Perú y Bolivia apenas al margen.
El pretexto no es nuevo; lo novedoso es la pobreza con que pretenden reencaucharlo. Hasta las barbies de silicona de Fox News lo repiten con una incomodidad apenas disimulada, sobre todo porque Trump, Rubio y Miller ya no se toman la molestia de maquillar lo esencial: que Venezuela debe obedecer; que “el petróleo y los minerales son nuestros”; y que, si el chavismo decapitado no coopera, no se preocupen: se le consigue otro dictador. Cuando el poder habla así, ya no estamos ante política exterior, sino ante un ultimátum. El Cartel de Washington habla en serio. Y el presidente Petro haría bien en entenderlo a tiempo.
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