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La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés) y la organización Presente! identificaron el lunes en la tarde como colombiano a la víctima fatal de un tiroteo en el que horas antes estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El hombre tenía 26 años, permiso de trabajo y número de seguro social. Había llegado a Biddeford, una pequeña ciudad costera de unos 22.000 habitantes al suroeste de Portland, para vivir y trabajar. Tenía esposa e hija.
“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente”, dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto. Su familia, agregaron, “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.
Las organizaciones también denunciaron que, horas después del tiroteo, seguían recibiendo llamadas de residentes alertando que agentes migratorios continuaban operando en la zona.
“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido”, manifestaron.
Se trata del noveno migrante muerto en un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la administración de Donald Trump, y el segundo en menos de una semana. El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado Araújo, un mexicano de 52 años, se dirigía a una obra de construcción en Houston, Texas, luego de recoger a sus compañeros de trabajo, cuando agentes de ICE en vehículos sin identificación lo siguieron y le dispararon.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que los oficiales creyeron que uno de los hombres en la camioneta se parecía a alguien que buscaban, y que Salgado intentó atropellar a un agente, quien disparó en defensa propia. El abogado de dos ocupantes del vehículo ofreció una versión distinta y dijo que el agente disparó a través de la ventana del pasajero cuando la camioneta ya estaba estacionada.
Según el senador Angus King, independiente por Maine, quien dijo haber hablado con el secretario de Seguridad Nacional, los agentes afirman que el colombiano intentó usar su vehículo como arma. Pero un vecino cuya lavandería tiene cámaras de seguridad cerca de la escena vio algo distinto: el carro girando en círculos en la intersección después de los disparos, con agujeros de bala en el parabrisas.
“No creo que estuviera vivo cuando el carro empezó a moverse”, dijo Cory Poulin, el propietario, a la AP.
Además de las versiones similares de ICE justificando su respuesta, los dos casos tienen un paralelo preocupante: ninguno de los agentes involucrados portaba cámaras corporales ni cámaras de tablero. Sin ese registro, la única versión disponible es la del agente, lo que dificulta la investigación.
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La ausencia de cámaras no es un accidente ni un descuido logístico, sino el resultado de años de política inconclusa. ICE tiene una directiva de cámaras corporales desde febrero de 2025, pero su implementación depende de la “disponibilidad de recursos” y solo aplica en las zonas donde ya fueron distribuidas. Es decir, no es obligatoria en todo el país.
Tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, también a manos de ICE, legisladores demócratas introdujeron en el Congreso la “Ley de Responsabilidad de Cámaras Corporales para el Personal de Inmigración”, que exigiría que todos los agentes las portaran encendidas durante todo su turno. Sin embargo, la ley no ha sido aprobada. El senador Rubén Gallego la reintrodujo días después de las muertes de Good y Pretti, pero tampoco prosperó.
También en enero, la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem prometió públicamente que la agencia “adquiriría y desplegaría rápidamente” cámaras corporales para todos sus agentes en todo el país. El Congreso aprobó USD 20 millones específicamente para ese propósito. Pero casi seis meses después, menos de un tercio de los agentes las tienen, según reconoció el propio jefe interino del ICE, David Venturella, en una llamada con la congresista Sylvia Garcia, según reportó Los Angeles Times.
El DHS culpa a los demócratas por los cierres de gobierno que, dice, retrasaron el proceso, pero Garcia lo descartó: “Eso es solo una maldita excusa, porque la conclusión es que ellos hicieron un compromiso”. Para la comunidad migrante, el resultado de esta omisión es devastador.
“Seguimos viendo personas a las que llaman a la puerta, personas que tienen miedo de ir a trabajar, personas que tienen miedo de ir al supermercado. Aunque se encuentran legalmente en el país, temen que no se les crea su estatus y que sean detenidas”, dijo la representante por Maine, Chellie Pingree.
“La familia solo quiere que sepan que era un padre y un esposo trabajador. Lo único que están pidiendo es que los testigos verídicos que hayan estado en la escena o cerca, o hayan visto todo, les hagan llegar esa información para la investigación que ellos como familia están pidiendo”, señaló Fernanda Vergara, lideresa comunitaria en Maine, a El Espectador.
“Hace unos días estábamos hablando y llorando por el señor que mataron en Houston, escuchando los videos de sus familiares, compartiendo toda la historia de lo que nos duele a nosotros como latinos. Y ahorita tener algo que pasa acá en Maine… tengo el corazón roto por mi gente”, agregó.
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