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Una vez más, la justicia estadounidense le dio oxígeno al Título 42, una política formulada para proteger a Estados Unidos de una emergencia sanitaria como el covid-19 y evitar contagios de esta enfermedad, pero que en realidad se utilizó como un arma contra los migrantes. Bajo esta polémica medida, que ha funcionado desde los primeros días de la pandemia por autorización del entonces presidente Donald Trump, las autoridades pueden expulsar a los migrantes que cruzan la frontera en búsqueda de asilo sin que tengan siquiera la posibilidad de alcanzar una audiencia para que examinen su caso.
Se suponía que este protocolo iba a dejar de funcionar el pasado 21 de diciembre, pero tras una semana de incertidumbre la Corte Suprema ordenó que continúe al menos hasta febrero de 2023. El máximo tribunal escuchará hasta entonces los argumentos orales de los estados republicanos que sostienen que la finalización de este protocolo crearía una “crisis” de migración que sobrecargaría todos los servicios públicos, por lo que, manifiestan, debe permanecer. Pero contrario a lo que las voces republicanas intentan demostrar, el Título 42 no está resolviendo la ya evidente crisis de migrantes, sino que la estaría alimentando.
Según los datos examinados, el recuento mensual de encuentros de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sí ha aumentado considerablemente. Para este año fiscal, es decir, hasta septiembre, la Patrulla Fronteriza reportó más de 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera sur, un aumento de casi 300.000 respecto a 2021. Sin embargo, este dato es malinterpretado, pues no se trata solo de registros individuales, es decir, los migrantes que cruzan por primera vez la frontera.
El número que circula y del que se hacen eco las voces republicanas no tiene en cuenta la reincidencia, es decir, los migrantes que intentan cruzar una y otra vez la frontera. Según los datos del CBP, el 44 % de los registros procesados bajo el Título 42 tenían un intento de cruce previo. Esto se da porque el Título 42 no es una política de migración, sino una sanitaria, como lo expresamos al principio. Y como no es una política de migración, no puede haber consecuencias legales por las expulsiones, así que un migrante puede intentar cruzar la frontera cuantas veces quiera -y resista-, por lo que no resuelve el problema, sino que lo pospone indefinidamente.
Por otra parte, el Título 8, la ley de inmigración de larga data que volvería a regir cuando el Título 42 llegue a su fin, sí tiene consecuencias para los reincidentes, por lo que presenta un escenario diferente: de las personas procesadas bajo esta ley, solo el 3 % era reincidente. Es decir, que la política del Título 42 solo ha contribuido a extender la carga sobre el sistema de inmigración estadounidense y el sufrimiento de las miles de personas que cruzan la frontera.
El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Nuñez-Neto, dijo en mayo que la gran cantidad de encuentros en la frontera “se debió en parte a las altas tasas de reincidencia (encuentros repetidos) entre las personas procesadas bajo las autoridades de salud pública del Título 42″.
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Hay un círculo vicioso en el que los migrantes regresan a la frontera luego de ser expulsados con las esperanzas de emprender un nuevo viaje y ser aceptados esta vez, o poder eludir los controles fronterizos mediante los denominados “coyotes”. Así, bajo el Título 42, los migrantes parecen condenados entonces a recrear el mito de Sísifo, a quien los dioses le ordenaron subir una roca hasta la cima de una montaña para verla caer por su propio peso, una y otra vez, sin recompensa ni alivio.
Al menos 22.000 migrantes, provenientes de países como Colombia, Ecuador, Venezuela e incluso Rusia, viajaron en los últimos meses hasta ciudades como Tijuana, Reynosa y Matamoros. Sin perder el ánimo o la cordura, han esperado allí el momento indicado -el fin del Título 42- para cruzar la frontera con Estados Unidos en búsqueda de asilo en ese país, pero ese momento se ha aplazado una y otra vez. Además, con seguridad, el fin de este protocolo tampoco les abrirá un camino a la regularización en el país o les asegurará un asilo, como demuestran los datos.
“Más de cuatro de cada diez casos de la Corte de Inmigración en los que se han presentado solicitudes de asilo desde octubre de 2000 aún están pendientes. Eso significa que de los 1,6 millones de casos judiciales en los que se presentaron solicitudes de asilo, dos tercios de un millón de solicitantes de asilo (667.229) todavía están esperando audiencias para resolver sus casos. Estos tiempos de espera se han disparado. Estos, para los casos pendientes de asilo, ahora promedian 1.621 días. Esto se traduce en 54 meses o casi cuatro años y medio”, señaló el Proyecto de Inmigración de la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).
¿Sería mejor que regresara el Título 8? Tampoco. Desde el gobierno Trump los números de migrantes procesados bajo el Título 8 se hicieron tan altos, que no había suficiente espacio para las detenciones, por lo que las autoridades tenían que liberar a los procesados. Esto es lo que teme el sector antimigración.
“El problema es que es demasiado tarde y hay muy pocos recursos. El Título 8 requiere un sistema judicial para hacer un proceso para las personas antes de deportarlas. Y lo que estamos viendo en este momento es que el gobierno federal simplemente no tiene los recursos. El flujo ha superado la capacidad de los recursos”, le dijo Víctor Manjarrez, director del Centro de Derecho y Comportamiento Humano de la Universidad de Texas en El Paso, a Fox News.
Bajo los dos escenarios, sea con la continuación del Título 42 o el Título 8, los únicos que reciben una noticia positiva son los traficantes de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad del sistema. Estos, según Manjarrez, les dicen a las personas que si son arrestadas serán liberadas en 48 horas y ahí serán recogidas por la organización en una estación de autobuses.
“Los contrabandistas te dicen: ‘Bueno, no obtendrás una audiencia durante siete años, y luego puedes apelar y solo entonces te echan’”, añade Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington, D. C.
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Lo único que puede ofrecer una solución a la crisis migratoria es una acción conjunta entre el Congreso y el gobierno de Biden, así como los gobiernos estatales, para crear herramientas de gestión fronteriza y de asilo eficaces, y un servicio coordinado para una migración más humana y segura. El Foro Nacional de Inmigración ha propuesto que, en primer lugar, se empiece por las reformas al proceso de asilo.
“Hay que ampliar la capacidad en los puertos de entrada legales para manejar la admisión y procesar las solicitudes de asilo. Hay que permitir que los oficiales de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración vean los casos hasta el final. Hay que crear una división judicial fronteriza, un tribunal de inmigración separado que se centre en adjudicar casos que involucren a personas que ingresaron recientemente a la frontera para una resolución más rápida, garantizar que las agencias puedan operar las 24 horas del día y crear un plan para responder a futuras afluencias de la frontera”, señala el Foro en una lista de 42 acciones alternativas al Título 42.
También hay que pensar en la dotación de personal, la expansión de la financiación que debería pensar en establecer un fondo interinstitucional, reforzar las campañas de información, la capacitación de agentes y la modernización de la tecnología usada para la vigilancia de los puntos fronterizos. Otros puntos plantean conversaciones diplomáticas con naciones de la región para luchar contra las redes de contrabando y reducir los flujos migratorios.
Sin embargo, todas estas sugerencias han sido ignoradas por la bancada republicana que, como el senador Mitt Romney, está empeñada en continuar con el Título 42 y finalizar la construcción de un muro fronterizo.
“Tenemos cifras récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera y un aumento alarmante en el narcotráfico, pero la Administración se niega a aceptar la solución que tienen frente a ellos: terminar el muro, mantener la política de ‘permanecer en México’ y mantener el Título 42 en su lugar”, dijo Romney esta semana.
Por ahora, y mientras el Congreso continúe aplazando el debate sobre las soluciones de fondo, los migrantes continuarán recreando el mito de Sísifo, arrastrando la piedra y viéndola caer.
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