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Imagina por un momento que la nueva exigencia del Departamento de Defensa de un “juramento” por parte de los reporteros del Pentágono —el compromiso de no publicar ni siquiera información no clasificada, pero sensible, salvo lo que aprueben los responsables de prensa, bajo amenaza de perder sus pases de prensa— hubiera existido durante la desastrosa evacuación del personal estadounidense de Afganistán hace cuatro años.
Los periodistas habrían estado bajo presión para cubrir esa retirada, que el presidente Trump describe regularmente como el momento más desastroso de la historia militar estadounidense, tal como el Pentágono habría querido que se representara: un heroico puente aéreo, en medio del caos. Los periodistas que revelaron el desastroso ataque con drones durante la evacuación que mató a 10 civiles, contradiciendo la insistencia inicial del gobierno de Biden de que se trató de un “ataque justo”, podrían haber corrido el riesgo de perder sus credenciales de prensa militar.
De haber estado activas en aquel momento, las nuevas normas, anunciadas el viernes y cuya entrada en vigor está prevista para las próximas dos semanas, también podrían haber impedido informar durante el periodo previo a la guerra de Irak. Las escasas disensiones dentro del gobierno estadounidense, que cuestionaban la confiada afirmación del presidente George W. Bush de que Sadam Husein seguía buscando armas de destrucción masiva, eran ciertamente delicadas, y en algunos casos altamente clasificadas.
Y en Vietnam, los reporteros que subían y bajaban de los helicópteros y registraban la realidad cotidiana en un conflicto que hoy parece irremediablemente descabellado, podrían haberse arriesgado a perder su acceso al campo de batalla por informar lo obvio: lo que ocurría sobre el terreno no coincidía ni remotamente con lo que los optimistas dirigentes militares estadounidenses describían en las sesiones informativas conocidas como las “Locuras de las cinco”.
La clave de la reportería sobre seguridad nacional estadounidense, desde los días en que Jefferson envió a la Marina a luchar contra los piratas berberiscos, ha sido comparar la versión oficial del gobierno con las pruebas, los documentos y la información sobre el terreno. Así fue como los periodistas describieron a los estadounidenses la fallida operación de Bahía de Cochinos a principios del gobierno de Kennedy y la guerra secreta de Camboya.
Al publicar los Pentagon Papers en 1971, The New York Times sacó a la luz cómo un relato oficial, pero inédito de la guerra de Vietnam documentaba un esfuerzo sistemático del gobierno de Johnson por engañar al público sobre el curso del conflicto. La historia estaba marcada como “Alto Secreto — Sensible”. Su revelación contribuyó a cambiar la percepción pública de la guerra.
Hoy en día, al cubrir conflictos tradicionales como el de Ucrania, o los nuevos campos de batalla del espacio y el ciberespacio, o la “guerra en la sombra” del sabotaje, a los periodistas les resulta casi imposible informar sin toparse con un muro de sensibilidad, secreto y clasificación. Eso incluye incluso los ataques que golpean a los estadounidenses de a pie, como la campaña china del “Tifón Salado”, que penetró profundamente en los sistemas de telecomunicaciones estadounidenses.
Llegar a una aproximación a la verdad significa lidiar con una mezcla desordenada de datos no clasificados, sensibles y, a veces, clasificados, algunos con el sello de “Alto Secreto” porque la seguridad nacional está realmente en juego, otros porque su revelación sería vergonzosa.
El gobierno y la prensa se han enzarzado durante décadas en torno a la publicación de información secreta, por supuesto, sobre todo a raíz de la publicación de los Pentagon Papers, que dieron lugar a una histórica batalla judicial que reafirmó las libertades de prensa.
Pero las normas establecidas por el Pentágono bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, pretenden establecer nuevas restricciones a los periodistas que los medios de comunicación consideran inconstitucionales y contrarias a las normas democráticas.
Para obtener o renovar un pase del Pentágono, según declaraba un memorando difundido el viernes, los reporteros deben firmar un compromiso de publicar solo información “aprobada para su divulgación pública por un funcionario autorizado apropiado antes de que se haga pública, aunque no esté clasificada”.
Los infractores perderían el acceso al Pentágono y a todas las instalaciones militares estadounidenses. Hegseth, al escribir en las redes sociales, dijo que la medida establecía que “la ‘prensa’ no dirige el Pentágono, sino el pueblo”.
Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, dijo en un comunicado que las normas eran “directrices básicas y de sentido común para proteger la información sensible”.
Los reporteros han comenzado a recibir notificaciones de que deben firmar un formulario en el que aceptan las nuevas normas y que, si se niegan, sus pases podrían ser revocados en menos de dos semanas. Ello limitaría su acceso a los funcionarios civiles y militares del edificio y de las bases de todo el país y del mundo.
Hegseth, quien este año habló de un ataque militar planeado en una cadena de mensajes de texto con un grupo al que se había añadido accidentalmente un periodista, no es el primer alto cargo de la seguridad nacional que promete controlar a la prensa. Durante la guerra de Secesión, dos famosos comandantes de la Unión, Philip Sheridan y William T. Sherman, detuvieron a periodistas y uno de ellos fue juzgado en consejo de guerra por espionaje. El presidente Barack Obama abrió más investigaciones sobre filtraciones que todos sus predecesores modernos juntos.
En medio de una campaña más amplia del gobierno para reprimir las críticas a Trump, el alcance de la iniciativa de Hegseth sorprendió a los medios de comunicación, que ahora estudian la mejor manera de evitar que la política entre en vigor, incluidas posibles impugnaciones legales.
Incluso algunos republicanos del Congreso han expresado sus reservas. El representante por Nebraska, Don Bacon, ex general de brigada de las Fuerzas Aéreas, escribió en las redes sociales: “Esto es tan tonto que me cuesta creer que sea verdad. No queremos un montón de periódicos Pravda que solo pregonen la postura oficial del Gobierno”.
También refleja una visión anticuada de cómo se informa de las noticias de seguridad nacional en Washington.
Aunque el Pentágono sigue siendo una fuente esencial de información sobre el uso del poder estadounidense, no es en absoluto la única fuente. Los satélites comerciales ofrecen imágenes extraordinariamente detalladas de los emplazamientos nucleares de Irán, y los inspectores internacionales recopilan información crítica sobre ese país, gran parte de ella “sensible” a los ojos del gobierno estadounidense.
Las agencias de inteligencia de muchas naciones recopilan e intercambian datos sobre Ucrania. Desde el comienzo del conflicto, los británicos han publicado evaluaciones diarias de la acción mucho más detalladas que las que ha hecho públicas el Pentágono. Las imágenes de drones, teléfonos móviles y cámaras de seguridad ofrecen a los periodistas una visión de la acción en el frente.
En su función de supervisión, el Congreso recibe —y a veces publica— información que el gobierno de Trump desearía mantener en secreto. Los senadores se quejan de que a ellos también se les priva de información que antes se compartía de forma rutinaria. Todavía no han recibido un informe completo de las pruebas que el ejército estadounidense está utilizando para justificar el hundimiento de barcos procedentes de Venezuela, incluso en medio de preguntas sobre si algunos no transportaban drogas, como afirma el gobierno.
El senador por Rhode Island, Jack Reed, veterano de guerra y demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que pensaba que el objetivo era convertir a los periodistas en “meros taquígrafos del partido en el poder o del propio Pentágono”.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no han tratado hasta ahora de imponer restricciones similares, aunque, a principios de este año, la Casa Blanca prohibió a The Associated Press participar en los grupos de prensa que obtienen un acceso cercano al presidente porque la organización periodística se negó a cambiar el uso de “golfo de América”, en lugar de “golfo de México”.
Incluso Trump parece dudar de la eficacia de la nueva política del Departamento de Defensa, aunque no ha hecho nada para revertirla. Un periodista le preguntó el fin de semana: “¿Debería ser el Pentágono el encargado de decidir sobre qué pueden informar los periodistas?”.
“No, no lo creo”, dijo Trump. “Mira, nada detiene a los periodistas. Ya lo sabes”.
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