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Cuando Donald Trump se presentó a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para sellar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.
La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.
¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Si quiera es posible?
¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera considerada ilegal?
Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.
A fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.
¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?
Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden llevar a cabo.
El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.
La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.
También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.
El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible llevar a cabo las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.
“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Obama.
¿Qué otros obstáculos habría?
Los inmigrantes que llevan años viviendo en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.
En los últimos años, quienes han entrado ilegalmente en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.
“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.
Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.
“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.
¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?
Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.
Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.
Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.
Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.
Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.
“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.
Todo deportado potencial es retenido en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.
¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?
Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.
Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también les ha permitido a casi 700.000 migrantes que piden cita en una aplicación móvil cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.
“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.
¿Habría alguna excepción entre los deportados?
Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.
Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, hay que pensar a fin de cuentas: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, ex secretaria de Seguridad Nacional.
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