El referendo de la incertidumbre

Paradójicamente, en las calles y veredas, entre buena parte de los cuatro millones de personas habilitadas para votar el rumor es constante: esta problemática jornada no es una salida a la crisis que atraviesa Bolivia y, en cambio, la percecpión de que los problemas continuarán y se agravarán es una constante permanente. Sin embargo, los partidarios del sí y del no se alistan para ir a las urnas, en una inédita jornada sin reglas claras, con la credibilidad de un órgano elector cuestionado y en medio de tensos conflictos sociales y políticos.

“La verdad, el referendo revocatorio no va a solucionar los problemas. Lo que pensamos en Sucre es que Bolivia se va a separar porque no hay entendimiento, no hay diálogo”, opina René Céspedes, administrador de un café en la capital de la República.

Walter Serrano, gerente del Grand Hotel en Sucre, cree que “el referéndum se va a llevar a cabo, pero la peor parte se la va a llevar el país, porque esto no es una solución. En cualquier momento una chispa podría provocar la muerte de algunas personas o una guerra civil”.

“No sé por qué habrán hecho ese referéndum, si hay revocatorio va haber problemas sino hay, igual los habrá. Es más, después de esto se viene un conflicto mayor”, dijo Álvaro Flores un estudiante de Tarija.

Este sentir común, que profetisa una suerte de grave catástrofe, hace que por estos días lo único que reine en Bolivia sea la incertidumbre. “Estamos en una encrucijada. Hay departamentos que no van a votar, todos los del sector del occidente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, confesó Nancy Torres, una ciudadana paceña.

 María Concepción Patzi, una comerciante del mercado central de Sucre espera que en esta consulta “se sepa quiénes están de acuerdo y quiénes no (con el gobierno) y así acabe su gestión (en el 2010) o se llame a elecciones”.

Jornada entre conflictos

En cuatro departamentos hay huelgas de hambre en las que participan incluso los prefectos que serán sometidos al voto. Los líderes de estas regiones, las mismas que hace dos meses aprobaron por grandes mayorías su autonomía, exigen la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que les fue recortado por el gobierno central para pagar una renta general de vejez.

Por otra parte, Morales fue puesto a prueba durante la última semana por la Central Obrera Boliviana (COB), que aglutina a más de cinco mil trabajadores, y que desde el lunes presionó al ejecutivo con marchas y bloqueos callejeros en demanda de una nueva Ley de Pensiones. El viernes, ambas partes buscaban llegar a un acuerdo, mientras que los mineros aún lloraban a sus dos muertos, caídos el martes en enfrentamientos con la policía cuando bloqueaban una carretera interdepartamental.

 En plena campaña, y con la certeza de que sus aliados internacionales Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner lo acompañarían en una jornada el martes pasado, al Presidente le fue impedida la entrada a cuatro regiones (Sucre, Tarija,

Santa Cruz y Beni), mientras que el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, también en campaña, era víctima de un atentado balacero en la región de Beni.

La tensión y el desorden fueron de tal gravedad, que a los presidentes de Venezuela y Argentina les tocó cancelar el amistoso viaje a Tarija, donde se encontrarían con Morales, por cuenta de las fuertes protestas en contra del mandatario. La frase de Chávez frente a la situación pareció tan premonitoria como los temores de los bolivianos de a pie: “Evo, a esta situación no debemos echarle gasolina”.

El pulso político

El referendo revocatorio tiene dos demandas en su contra y un prefecto (de Cochabamba, Manfred Reyes Villa) decidió no acatar los resultados de esa consulta electoral por considerarla ilegal. Empero, el gobierno apuesta al éxito de este proceso y sostiene que los problemas del país se deben solucionar en las urnas.

 “Los invito a todos que no perjudiquen el referéndum revocatorio, que no atenten el voto del pueblo boliviano, no atenten la democracia, nos sometamos al pueblo, para que el pueblo nos juzgue”, dijo suplicante el presidente Morales hace unos días en La Paz.

 En el otro andén, Podemos, el principal partido de oposición, apuesta a que la gente desapruebe con su voto la gestión de Morales o por lo menos no alcance la votación que obtuvo para ser electo el 2005 (54%), y quede así, en el limbo político.

“Lo que va a solucionar (el Revocatorio) es el cambio de voluntad del gobierno, por eso es esencial que si no queremos más división, diatribas, enfrentamientos, insultos, tenemos que decir no más división y los que no queremos seguir sometidos de la forma más dolorosa a Hugo Chávez y su manejo externo, tenemos la oportunidad de expresarnos”, dijo esta semana el ex presidente Jorge Quiroga, líder del colectivo opositor.

 El último jueves terminó la campaña electoral con enfrentamientos entre oficialistas y opositores. En el Beni, copartidarios de Podemos y gente ligada al prefecto Ernesto Suárez pelearon con grupos afines al partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), que cerraban su campaña. Dos personas resultaron heridas y algunos vehículos quedaron destruidos.

Entre tanto, ambos frentes se preparan para hoy verificar que en la consulta electoral no haya irregularidades. Por un lado, la Unión Juvenil Cruceñista, el brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz –opositor a Morales–, desplegará 30 mil personas para controlar que no haya fraude electoral del gobierno. En el otro frente, los sindicatos masistas están listos para resguardar las ánforas en los recintos electorales ante cualquier intento de boicoteo de los opositores.

Una consulta accidentada

Después de meses de debate, la Corte Nacional Electoral (CNE) consiguió hace diez días que las cortes departamentales aceptaran seguir con el proceso, tras establecer un nuevo parámetro (50% más uno) para revocar a los prefectos. La disposición no estaba contemplada en la ley de convocatoria a ese referéndum y hasta hoy el gobierno se niega a aceptarla.

Los cuestionamientos al padrón electoral también deslucieron el proceso. La oposición denunció dobles inscripciones que contemplaba ese registro y la denuncia provocó el temor a un fraude. Sin embargo, la CNE pidió al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) que revisara el padrón. El grupo de expertos no encontraron irregularidades.

El gobierno tiene cifradas sus esperanzas en esa consulta para legitimar su administración y fracturar a la oposición regional. De ser revocadas las autoridades nacionales se llamará a elecciones en el plazo de 90 a 120 días. Lo mismo ocurrirá en el caso de los prefectos, con la salvedad que las nuevas autoridades electas sólo estarán en su cargo un año.