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La ONG Fundación de Estudios para la Aplicación de Derechos (Fespad) denunció que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador no ha respondido las solicitudes para intervenir los casos de 12 personas que han desaparecido. Según la organización, estas se presentaron el pasado marzo.
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Aunque la petición se realizó hace nueve meses, la organización ha dicho que hace tres meses envió una correspondencia para hacerle seguimiento a los casos, pero no han recibido “ninguna respuesta por parte de esta institución”. Además, explican que “las familias no han recibido algún tipo de notificación formal en donde se informe el estado de trámite de las denuncias interpuestas”.
La ONG pidió a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que les concediera una audiencia para “conocer las acciones que se han realizado para dar respuesta a las referidas denuncias interpuestas”. Los casos son de familiares de personas del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes han denunciado antes que las autoridades no siguen los pasos correspondientes en las investigaciones.
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La cifra de personas desaparecidas en El Salvador es desconocida, pero genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos que estos números, así como los de cementerios clandestinos y de víctimas de cualquier violencia, fueran puestos bajo secreto por la Policía y la Fiscalía. Fespad ha informado que entre 2019 y junio de 2022 se han registrado al menos 6.443 casos de desapariciones.
Esta situación también ha sido señalada por Amnistía Internacional (AI), que advirtió que la violencia ejercida por el Estado “reemplaza gradualmente” a la de las pandillas. Nayib Bukele, quien llegó a la presidencia en el 2019 y que ahora busca ser reelegido, ascendió al poder con la promesa de que acabaría con los maras. Sin embargo, AI ha dicho que se ha visto una “alarmante regresión” en la protección de los derechos.
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AI señaló a Bukele de vulnerar “los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura” en el informe “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”. En él, explican que “estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas”.
Desde la adopción de un régimen de excepción en el país que comenzó en marzo de 2022, las organizaciones humanitarias han reportado 327 casos de desapariciones forzadas. Añadido a esto, el número de personas detenidas llegó a 73.800.
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