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Los niños y adolescentes que serán trasladados a cárceles para adultos en El Salvador debido a una nueva reforma penal se enfrentarán a abusos “graves”, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW).
El Congreso, controlado por diputados afines al presidente Nayib Bukele, decidió que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, sean enviados a una prisión regular.
Esta medida “vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso”, afirmó la ONG en un comunicado, haciéndose eco de denuncias similares de otros organismos como la ONU.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, citada en el comunicado.
El sistema penitenciario para adultos de El Salvador “ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, de modo que no deberían ser trasladados allí “bajo ninguna circunstancia”, añadió. Además, “limitará sus posibilidades de rehabilitación”, estimó Goebertus.
Human Rights Watch afirmó que reclusos de centros penitenciarios para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicados, sin tener recursos legales, en condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia, y con acceso limitado a comida, agua potable y atención médica.
Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas, amparado en un régimen de excepción con el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes.
En un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó “detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad”.
Más de 3.000 menores han sido detenidos desde que Bukele declaró la medida, “muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas”, criticó la oenegé. “Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”, sostuvo la entidad.
La organización aseguró que algunos policías reconocieron que “las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas”.
Varios niños detenidos y sus familias fueron víctimas de la violencia de las pandillas, agregó Human Rights Watch. Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.
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